Abogados de Derechos Humanos y Senador Juan Pablo Letelier solicitaron diligencias en escrito presentado durante esta jornada.
Durante la mañana de ayer y acompañados de sendos oficios que solicitan llevar adelante una serie de diligencias para aclarar la responsabilidad de los cómplices de la dictadura cívico – militar, llegaron hasta las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, el Senador Juan Pablo Letelier y el secretario Nacional de Derechos Humanos del PS, Juan de Dios Parra, quienes en conjunto a un grupo de juristas expertos en derechos humanos, materializaron la presentación de una “Querella criminal por Genocidio y Asociación Ilícita Genocida”.
En el escrito, que hace referencias históricas, se señala que:
“En noviembre de 1970 asumió la presidencia de Chile el Doctor Salvador Allende Gossens, quien, encabezando un gobierno de coalición popular, implementó un conjunto de transformaciones económicas, políticas y sociales que cambiaron sustancialmente la realidad del país. La reforma agraria, la nacionalización de la banca y del cobre, la estatización de importantes empresas productivas (la industria azucarera nacional, la Compañía de Teléfonos de Chile, la Compañía de Aceros del Pacifico, la Empresa Nacional de Petróleos, el Consorcio Seguros del Estado, la Sociedad Química y Minera de Chile) afectaron severamente los intereses de la oligarquía chilena y de las transnacionales, especialmente de aquellas dedicadas a la explotación del cobre”.
“Las acciones desestabilizadoras contra el gobierno popular, que contaron con el apoyo incondicional del gobierno de los Estados Unidos de la época, (según surge de dos informes, uno producido por el Senado norteamericano y otro por la propia CIA a pedido del Congreso de ese país), inicialmente, lejos de conseguir su objetivo, fortalecieron al Ejecutivo. En efecto, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 el gobierno amplió su base de sustentación llevando su caudal electoral a un sólido 45%. Ello motivó que la oposición, con el apoyo internacional mencionado, agudizara su confrontación con el gobierno. Infiltraron los partidos de la Unidad Popular a través de los organismos de inteligencia militar, en particular de la DINE, y secuestraron, torturaron y ejecutaron detenidos en centros clandestinos de detención. Una serie de huelgas y cierres patronales, que junto con crímenes políticos como el del ex Ministro Pérez Zujovic o del Comandante de la Marina Pedro Araya Peters, paralizaron la nación y enrarecieron el clima social generando una sensación de caos. La situación se vio agravada por un intento de sublevación militar en el mes de junio de 1973”.
Según señaló el senador Letelier, la querella criminal interpuesta es “por los delitos de genocidio y asociación ilícita genocida, contra quienes resulten responsables como autores, cómplices y/o encubridores y en particular contra quienes se señalan en el cuerpo de este escrito y en los anexos que hacen parte del mismo, en mérito a las consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que se exponen en la misma”.
“Tenemos la firme convicción de que la política económica de la Junta chilena y sus resultados deben ser analizados dentro del contexto de un amplio proceso contrarrevolucionario destinado a devolver a una pequeña minoría el control político, social y económico que gradualmente había perdido durante los últimos treinta años, y especialmente, durante los años del gobierno de la Unidad Popular. La sociedad chilena se había caracterizado históricamente, hasta el momento del golpe de Estado del 11 de Setiembre de 1973, por una creciente participación de la clase trabajadora y sus partidos políticos en el proceso de dirección económica y social del país. Desde principios de siglo, a través de los mecanismos de democracia representativa, los trabajadores habían ido logrando conquistas económicas, sociales y políticas, las que culminaron con la elección de Salvador Allende como Presidente de Chile en 1970. En este proceso, los grupos internos privilegiados y los intereses extranjeros imperiales se sintieron seriamente amenazados. Pese a la fuerte presión financiera y política ejercida desde el exterior, y los esfuerzos para manipular la conciencia de la clase media a través de una verdadera guerra psicológica, orquestada por los medios de difusión que controlaban los sectores reaccionarios, el apoyo al gobierno popular de Salvador Allende aumentó significativamente entre 1970 y 1973”.
Por su parte Juan de Dios Parra, recordó que “la instalación del Gobierno Militar por la vía armada, y sustitución de las autoridades constitucionalmente electas por una Junta Militar, significó la usurpación del poder, centralizando todas las funciones del Estado, en clara violación de toda la normativa constitucional y legal vigente. El golpe de estado tuvo por finalidad abortar el proceso de cambios que se venía desarrollando, e imponer, mediante el terror, un modelo económico neoliberal, con exclusión social y control político, que garantizara los privilegios de la minoría y la marginación de las grandes mayorías”.
Por esto, la querella tiene entre sus principales argumentos, las medidas que tomó la entonces Junta Militar para el cumplimiento de sus propósitos, como por ejemplo: las autoridades auto-designadas, la persecución indiscriminada de todo el que pensaba distinto, la desaparición forzada, la privación de libertad ilegítima en campos de concentración, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y Consejos de Guerra, el extrañamiento y el exilio de miles y miles de chilenos, configurando una acción genocida contra un grupo nacional. Sólo consiguieron imponerse, pues, a través de la violencia, la deshumanización y el terror para instalar un nuevo orden en el país, a cuyos efectos adoptaron las siguientes medidas:
Disolución del Congreso Nacional y del Tribunal Constitucional (Decreto Ley Nº 27), Proscripción y receso de todos los partidos políticos (Decreto Ley Nº 77), Caducidad e incineración de los registros electorales (Decreto Ley Nº 130), Cesación de alcaldes y regidores (Decreto Ley Nº25), Interinato en la Administración Pública, exceptuando el Poder Judicial (Decreto Ley Nº 22), Imposición del Estado de Emergencia en todo el país (Decreto Ley Nº 3), Suspensión forzada de toda actividad sindical (Decreto Ley Nº 198), Intervención de las Universidades (Decreto Ley Nº 50), Cierre y clausura de los medios de comunicación, establecimiento de la censura y el control de los medios de prensa, entre otros.
Cabe destacar que hoy 12 de septiembre el Senador Letelier acompañado del abogado, Juan de Dios Parra, sostendrán una reunión con el Ministro Carroza (en sus dependencias) a las 8:30 horas, con el fin de conversar los alcances de esta querella y los pasos que debiera seguir.
Santiago de Chile, 12 de septiembre 2017
Crónica Digital
