Fue en la presentación del libro «Magnicidio, la Historia del crimen de mi padre», escrito por la ex senadora Carmen Frei, que los expositores y la propia autora reiteraron con fuerza la denuncia contra el pacto de silencio de los altos mandos de las fuerzas armadas chilenas.
Llamaron a terminar de una vez con la complicidad del falso olvido y que entreguen por fin a los tribunales la información que sí tienen respecto de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico militar.
La actividad tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en el centro cultural Gabriel Mistral, ante un público que repletó la sala y el libro fue presentado por la senadora y líder de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic, el jurista Álvaro Varela, el doctor en ciencias políticas Claudio Fuentes y por la propia autora.
En el curso del evento se dio lectura además a un cordial saludo de la presidenta Michelle Bachelet que felicitó la fuerza con la que han luchado Carmen Frei y su esposo ya fallecido, Eugenio Ortega, por descubrir a los asesinos del ex mandatario.
La intervención del abogado Álvaro Varela, que es parte de quienes defendieron víctimas de la dictadura en los tiempos más difíciles, fue una verdadera clase magistral que expuso los elementos fácticos y jurídicos que avalan la decisión del juez Alejandro Madrid de dictar auto acusatorio.
Como se conoce, los procesados son el ex subsecretario de Salud de Frei, Patricio Silva y los ex agentes de inteligencia Luis Becerra y Raúl Lillo, en calidad de autores; el médico Patricio Valdivia, como cómplice y los doctores Sergio González y Helman Rosenberg, como encubridores.
El cientista político Claudio Fuentes a su turno sostuvo que el texto de Carmen Frei «interpela a nuestra sociedad en una triple dimensión, la primera es respecto de la ferocidad del crimen», aludiendo, entre otros elementos, a la comprobada existencia de laboratorios clandestinos del ejército.
No era sólo Berríos. La segunda interpelación, dijo, «nos muestra un conjunto de instituciones que favorecieron un pacto de silencio» y mencionó a los civiles.
A los «cómplices pasivos, no todos de derecha», a la clínica Santa María, a la clínica de la Universidad Católica, a prensa como El Mercurio o La Segunda e incluso a cercanos y ex colaboradores del propio presidente asesinado, como Patricio Rojas o Patricio Silva Garín.
Aludió a otros antecedentes como el seguimiento de los aparatos de seguridad a la propia Carmen Frei, o la ilegal incineración de los antecedentes del caso y las falsas afirmaciones de todos los comandantes en jefe del ejército en cuanto que «no hay antecedentes».
Se refirió también a la operación conocida como «la mesa de diálogo», que calificó como una «operación vergonzosa». Recordemos de paso que esa iniciativa de 1999 la encabezó el ministro de Defensa de entonces, Edmundo Pérez Yoma, también DC. Hoy se conoce que hubo previas conversaciones con la UDI y RN y finalmente recordemos que el presidente de la república de la época era Eduardo Frei hijo.
A su turno la presidente de la DC y candidata presidencial, Carolina Goic, llamó a romper el pacto de silencio de los institutos armados no sólo en torno al magnicidio del ex presidente Eduardo Frei, sino en todos los miles de casos de víctimas de la dictadura.
Reconoció además la ausencia de apoyo político partidario inicial a la lucha de la ex senadora y comprometió esfuerzos en apoyo a la verdad y la justicia. Sostuvo: «Carmen hoy nos muestra cómo es posible ir más allá de los pactos de silencio. Creo que eso es lo valioso de su lucha, de la tenacidad de la familia», y agregó que se trata de «una verdad que se trató de ocultar, de que no quedara evidencia y aquí hay una señal tremenda de esperanza de que finalmente esa verdad se pudo conocer».
Finalmente la intervención de la ex senadora Carmen Frei, emotiva, sincera, profunda, sintetizó los antecedentes que prueban que el presidente Frei fue asesinado, formuló un llamado a luchar contra el olvido y por justicia y castigo a los culpables.
Emocionada, recibió al terminar su intervención el largo aplauso que la concurrencia, puesta de pie, le tributara.
En el acto hubo además expresos reconocimientos al meritorio trabajo realizado por Eugenio Ortega, esposo de la ex senadora, ya fallecido.
Personalmente tuve el privilegio de conocerle, aunque lamentablemente fue pocos años antes de su partida. Compartimos varias jornadas de discusión y trabajo en torno a los temas de violaciones a los derechos humanos y también en el plano de la política en conjunto con otros compañeros.
En lo que hace a los procesos judiciales no olvidaremos su generosa contribución a la investigación del caso de la muerte de Pablo Neruda, presumiblemente asesinado en la misma clínica Santa María años antes y con la presencia de algunos médicos y funcionarios comunes en ambos casos.
En lo que respecta a la política él fue decidido partidario de la unidad de las fuerzas democráticas que están por cambios de fondo reales en la estructura social y económica.
Pocos días después de la aparición del importante texto de Carmen Frei la presidenta Bachelet anunciaba la iniciativa de gobierno para poner fin al secretismo impuesto por la llamada «ley Valech», otro síntoma de los pactos de silencio que caracterizaron los primeros años de las autoridades del Estado tras la dictadura.
La grandiosa marcha de las agrupaciones de familiares de las víctimas del 10 de septiembre marcó otro momento singular en los esfuerzos contra el olvido y la impunidad.
Hubo además iniciativas novedosas como ese enorme lienzo con el rostro del presidente Allende desplegado en uno de los centros comerciales más importantes de la capital.
A su turno los partidarios de Pinochet y su régimen no han guardado silencio. El candidato ultraderechista, José Antonio Kast, líder del sector conocido como «la familia militar», se permitió insultar la memoria del mandatario derrocado en tanto que los parientes de los criminales han seguido protestando contra el cierre del privilegiado penal de Punta Peuco.
Todo sucedía mientras por fin, tras 44 años de impunidad, en el sur era procesado por uno de sus crímenes en Chillán el coronel Guillermo Toro Dávila.
A la par se daba a conocer sus antecedentes como torturador cercano a Pinochet del ex oficial Rosauro Martínez quien, tras muchos años como diputado por esa zona hoy ha traspasado a un hijo suyo, como en los mejores tiempos feudales, la candidatura parlamentaria de la derecha.
En este contexto nadie debe olvidar la provocadora carta de los ex comandantes en jefe de las 3 ramas de las FFAA y de Carabineros publicada en El Mercurio.
Precisamente quienes son los principales responsables del silencio que ampara los crímenes se permitieron protestar por la acción de la justicia y lamentaron no se tratara a los culpables como se les consideraba en los primeros años. Poco después esa carta fue avalada por otros grupos de militares en retiro.
Y fue esta semana cuando hizo sus declaraciones el general Humberto Oviedo quien aseguró que el ejército no tiene requerimientos pendientes de los ministros en visita por las causas de derechos humanos y reiteró la ausencia de antecedentes.
El ministro del Interior, Mario Fernández, señaló que «hay que creerle al jefe institucional lo que él dice.»
Su comentario no pasó inadvertido y fue la propia Carmen Frei quien envió una carta en que señala al ministro que su declaración se hace eco de la posición oficial de las FFAA «…a propósito de los llamados que por estos días distintos sectores del país han hecho para que el alto mando del ejército ponga fin al pacto de silencio que impide que conozcamos toda la verdad sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos…».
Recuerda además que esta versión de los mandos uniformados es desmentida día a día en los últimos años por la acción de los tribunales, como sucedió también en el caso de su padre.
Mientras todo esto sucede, la justicia chilena sigue conociendo todas las semanas de multimillonarios fraudes a las arcas fiscales perpetradas precisamente por altos jefes de las fuerzas armadas y carabineros.
Sugestiva señal, herencia de la dictadura, que tampoco debemos olvidar. También es un crimen contra las chilenas y chilenos.
Por Eduardo Contreras: *Especial para Prensa Latina de este reconocido abogado especializado en derechos humanos, ex embajador de Chile en Uruguay.
Santiago de Chile, 17 de septiembre 2017
Crónica Digital /PL
