Los días 1 y 2 de septiembre, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, en el marco de la vigésima conmemoración de su apertura como sitio de memoria y conciencia, realizó un seminario internacional que revisó los principales ámbitos de trabajo de los espacios de memoria y derechos humanos en Chile y en América Latina -verdad, justicia, políticas de memorias, educación en derechos humanos, memorialización, entre otros-, a partir de la interrogante: ¿existen reales garantías de no repetición del terrorismo de Estado?
En términos generales, las cinco mesas temáticas que estructuraron el seminario coincidieron en que esta pregunta implica dos cuestiones fundamentales. Por una parte, evaluar si los factores que permitieron y sustentaron las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente han logrado ser erradicados del sistema político. Por otra parte, determinar cuántos de los esfuerzos públicos se han materializado en leyes, dejando de ser solamente políticas propias de determinados gobiernos de turno. Ambas dimensiones, se centraron en el análisis acerca del rol del Estado respecto de tres reconocidos puntos: la aplicación de justicia penal, la búsqueda y aseguramiento de la verdad, y la enseñanza de los derechos humanos.
Sin embargo, un asunto que ha recibido escasa atención -pero que resulta de vital importancia para la efectividad de las diferentes medidas de no repetición implementadas-, es el marco sociopolítico e histórico que existe sobre las políticas de memoria. En la mesa que se abocó a la revisión de esta materia en el seminario (“Políticas públicas de memoria en la post-dictadura de Chile y el Cono Sur. Procesos, sentidos y experiencias comparadas”), se planteó que el denominado ‘nunca más’ está limitado por elementos institucionales y sociológicos propios de las transiciones a la democracia desde un pasado de atrocidades. De acuerdo a José Lindgren Alves, Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, y primer conferencista de esta mesa, las garantías de no repetición en nuestra región están condicionadas por la concreción de alianzas público-privadas para el desarrollo de iniciativas conjuntas y el desarrollo de políticas de derechos humanos en su categoría de derechos económicos, sociales y culturales. No se trata, sentenció el Secretario Ejecutivo, sólo del reconocimiento colectivo de los traumas sociales del pasado, sino de lograr que las propuestas públicas apunten a la promoción de los derechos humanos integralmente, procurando que estas iniciativas se desarrollen como acciones libres de ideologías partidistas.
En segundo lugar, el abogado de derechos humanos y ex Jefe del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, destacó cómo la impunidad es el principal obstáculo para el correcto devenir de las políticas de memoria, pues ésta afecta sus resultados concretos y credibilidad entre la sociedad. Para el jurista, la impunidad no posee únicamente una dimensión jurídica o penal, sino que también se expresa en términos políticos (en relación con la existencia de autoridades que han estado relacionadas directa o indirectamente con las violaciones a los derechos humanos), morales (en referencia a la negación del terrorismo de Estado entre un sector importante de la sociedad) y financieros (respecto de la escasa investigación sobre las privatizaciones de la década de los ochenta y la gestación de las fortunas ocurridas durante la dictadura).
En tercer lugar, el académico y Doctor en Ciencia Política, Alfredo Joignant, afirmó que las políticas públicas de memoria están definidas a partir de dos asuntos que son resultado de las luchas políticas por la determinación de versiones sobre el pasado. En primer término, la verdad que estas políticas son capaces de identificar, probar e instalar en el espacio público. Y en segundo lugar, lo que Joignant denominó, “la duda perpetua”. Aquella duda respecto de hechos históricos fundacionales para la memoria contra-hegemónica (como la muerte de los ex presidentes Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva o del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda), se habría posicionado como la condicionante principal respecto del alcance y sentido de las políticas de memoria, definiendo el cómo nos acercamos a las atrocidades, qué podemos plantear de éstas en el presente y cuánto de todo lo que sabemos es validado socialmente como relato oficial.
Finalmente, analizando el impacto del testimonio en relación al relato del pasado reciente, Alejandra Oberti, Coordinadora del Archivo Oral de Memoria Abierta (Argentina), planteó cómo los archivos de derechos humanos pueden ser una pieza determinante en el entramado de iniciativas gubernamentales sobre la construcción de la memoria. A través de estos documentos, es posible comprender las sub-tramas del terrorismo de Estado, más allá de la ejecución y la desaparición forzada, identificando elementos (como la violencia de género) que son esenciales para explicar los sentidos y objetivos de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras. En ese sentido, la académica trasandina precisó que el modo en que las políticas de memoria han entendido el rol de los archivos, su cuidado y gestión, determina cómo se ha articulado la voz de víctimas y familiares con el Estado respecto del tratamiento público del pasado.
En síntesis, esta serie de limitantes en el desarrollo de las políticas públicas de memoria apuntan a la inexistencia de garantías concretas de no repetición. Claramente, esta conclusión no representa una sentencia pesimista que anule los esfuerzos gubernamentales hasta ahora realizados, sino que es un llamado de alerta para la sociedad civil. El ‘nunca más’ no puede ser un fin en sí mismo, impulsado únicamente por el Estado. Más bien, debe promover la constante elaboración de normas y políticas a partir de un enfoque de derechos humanos. Tal como Joignant sostuvo en su ponencia, la historia del tiempo presente nos ha demostrado que las políticas de la memoria no pueden garantizar, por sí solas, la no repetición del terrorismo de Estado. Es imperioso, por tanto, que estas políticas promuevan la creación de leyes de derechos humanos que transformen al Estado en garante y potencien a la sociedad civil como sujeto defensor de sus derechos.
Por Omar Sagredo
Politólogo.
Encargado del Archivo Oral de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Santiago de Chile, 17 de septiembre 2017
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