La organización Londres 38, espacio de memorias, interpuso hoy una querella ante el Ministro Mario Carroza, en contra del directorio de la empresa Pesquera Arauco, firma que fue dirigida por Manuel Contreras, por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal de las víctimas del recinto, reconocido lugar de detención, tortura y exterminio durante la dictadura.
En específico, la querella apunta a los ex agentes de la DINA Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército y director de Operaciones de la DINA; Alejandro Burgos De Beer, mayor del Ejército y mano derecha de Manuel Contreras Sepúlveda; Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada, jefe de inteligencia económica de la DINA; Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro, segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A.; y Gerardo Godoy García, ex agente de la DINA, además del equipo gerencial de la empresa, todos ellos directores de la empresas Pesquera Arauco S.A. y Pesquera Chile Ltda.
Según investigaciones de diversos casos de víctimas de Londres 38, uno de los medios utilizados para los secuestros y desapariciones de personas detenidas durante la dictadura fue el uso de los camiones frigoríficos de la Pesquera, los cuales salían desde Rinconada de Maipú o desde la oficina de la pesquera en Lo Valledor. Las órdenes de los traslados emanaban del Cuartel General, y el encargado de ejecutarlas era el coronel ® Marcelo Moren Brito, encargado del recinto, a través de los jefes de las agrupaciones o de los turnos de guardia, entre ellos los oficiales de Carabineros y del Ejército, Ricardo Lawrence, Ciro Torré o Miguel Krassnoff. Se ha logrado determinar que los camiones de la pesquera se estacionaban a la entrada de Londres 38 para que las y los detenidos ingresaran a los camiones, quienes subían con la vista vendada y amarrados. Habitualmente las víctimas eran conducidas a los recintos militares de Tejas Verdes, en San Antonio, o a Santo Domingo.
Las empresas Pesquera Arauco S.A. y Pesquera Chile Limitada fueron empresas filiales de CORFO, que luego del golpe militar de 1973, pasaron a ser administradas y dirigidas por Manuel Contreras, por lo que sus directorios fueron asumidos por miembros de las distintas ramas de la fuerzas armadas y civiles.
Esta se constituye como la primera querella en Chile que busca identificar responsables de crímenes de lesa humanidad en una empresa y sus directivos, entre ellos civiles. La acción judicial se enmarca en la campaña Toda la verdad, Toda la Justicia llevada a cabo por el sitio de memoria, que busca relevar la necesidad de realizar todas las acciones que permitan establecer la verdad y la justicia en los miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones durante el régimen militar que siguen en la impunidad.
Santiago de Chile, 3 de octubre 2017
Crónica Digital
