«La embarcación afectada por el hundimiento presta servicios a la industria salmonera, lo que pone de manifiesto las dudas que existen respecto de las normas de seguridad con que opera la industria y la grave afectación medioambiental que sus operaciones pueden tener en zonas tan sensibles como Chiloé», dijo Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace.
La ONG ambientalista Greenpeace expresó su preocupación ante las informaciones llegadas desde la isla por las severas consecuencias medioambientales que podría generar el hundimiento de una embarcación en la zona de Chonchi, en Chiloé, y por el posible derrame de miles de litros de petróleo que podrían afectar severamente el área costera de Pilpilehue.
«Chiloé ya ha sido castigada al haber enfrentado hace un tiempo una de tragedias medioambienatles más graves que se han visto en el país. No podemos permitir que otra situación así vuelva a castigar los mares de la isla. Llamamos a las autoridades para que actúen de manera rápida para evitar las graves consecuencias medioambientales que podría generar el hundimieneto de una embarcación en la zona de Chonchi», dijo Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace.
Por último, González señaló: «La embarcación afectada por el hundimiento presta servicios a la industria salmonera, lo que pone de manifiesto las dudas que existen respecto de las normas de seguridad con que opera esta industria y la grave afectación medioambiental que sus operaciones pueden tener en zonas tan sensibles como Chiloé».
Santiago de Chile, 19 de octubre 2017
Crónica Digital
Jue Oct 19 , 2017
Iniciativa va a cumplir 3 años durmiendo en la Comisión de Salud de la Cámara, a pesar del preocupante aumento de partos realizados en casas particulares. Las diputadas Loreto Carvajal (PPD) y Marcela Hernando (PR) pidieron al gobierno ponerle urgencia a su proyecto de ley que consagra de manera legal el concepto de “Violencia Gineco-Obstétrica”, ya que después de casi 3 años desde que fue ingresado al Parlamento, no ha sido discutido en la Comisión de Salud de la Cámara. Esta preocupación surge en momentos en que se han incrementado los partos realizados en casas particulares, asistidos por personas que no tienen la preparación necesaria, y que lamentablemente han tenido como resultado la muerte del bebé o de la madre. “Hacemos un llamado a la Ministra Carmen Castillo y a la Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, a ponerle urgencia a esta iniciativa que sanciona un tipo de violencia de género que se ejerce sobre aquellas mujeres que se encuentran en su trabajo de parto o post parto. Dicha situación se materializa, principalmente, a través de malos tratos verbales por parte de médicos, enfermeras, o personal de asistencia al parto, excesiva medicación o bien la realización de cesáreas innecesarias”, indicó la diputada Carvajal. La parlamentaria señaló que “estas situaciones llevan a algunas mujeres a dudar si tener a sus hijos en recintos hospitalarios, o si es una mejor opción tenerlos en su casa con todos los riesgos que ello podría acarrear. Es relevante que hoy día legislemos acerca de este tema, que el Estado pueda velar para que todas las mujeres tengan a sus hijos mediante una asistencia médica digna, y evitemos que se siga produciendo este tipo de maltrato”. Por su parte, la diputada Marcela Hernando sostuvo que “en enero de 2015, hicimos presentación de un proyecto que se refiere a la Violencia Gineco-Obstétrica. Estamos viendo que este es un tema que lejos de desaparecer de la agenda, cada cierto tiempo recrudece por diferentes actores que lo ponen –lamentablemente- de nuevo en la palestra”. “Está el caso de una pareja cuyo bebé falleció siendo su madre víctima de violencia gineco-obstétrica posterior a ese fallecimiento. Ella prefirió tener a su hijo en la casa precisamente por miedo a la violencia gineco-obstétrica. Así es que nosotras insistimos ante el gobierno en que es importante conversar sobre este tema; no queremos más mujeres engrilladas teniendo a bebés. Y así como esa, hay una serie de otras situaciones que nos gustaría prevenir”, indicó la diputada Hernando. Finalmente, cabe señalar que las sanciones que estipula esta iniciativa, contempla una pena que va desde los 61 días a 540 días y que en su tramo mínimo va desde 61 días a 301 días y en su tramo máximo va desde 302 días 540 días. La misma pena se aplica en el caso de la reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menor en su grado mínimo. Santiago de Chile, 19 de octubre 2017 Crónica Digital
