Once exmilitares y carabineros de la dictadura de Augusto Pinochet fueron sentenciados a 10, cinco y tres años de prisión por el crimen de 18 campesinos en octubre de 1973.
El juez especial de la Corte de Apelaciones de Concepción (sur de Chile), Carlos Aldana, aplicó la condena a los encartados por los delitos de secuestro calificado, homicidio, inhumación y exhumación ilegal de víctimas.
Los campesinos, después de ser asesinados, fueron incinerados y exhumados de forma ilegal para tratar de no dejar rastros de sus cadáveres, según se explicó en la vista.
En otra evidente demostración de la crueldad de la junta militar de Pinochet, las investigaciones señalaron que las víctimas fueron apresadas en la localidad de Mulchén y sepultadas en sitios agrestes, y un año más tarde incineradas.
La abogada de las familias de los perjudicados, Patricia Parra, consideró que se trata de penas muy bajas que no se condicen con la gravedad de los hechos investigados.
Por su lado, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Norma Panés, calificó como una burla de los tribunales el fallo.
El magistrado especial dictó sentencias de 10 años y un día de cárcel a Jacob Ortiz Palma, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz Díaz y Héctor Guzmán Saldaña como autores del homicidio calificado de 12 de las víctimas.
Igualmente ordenó cárcel de otros cinco años y un día por su responsabilidad en los secuestros calificados (desaparición) de seis campesinos más, así como a otros 541 días adicionales por la inhumación ilegal de las víctimas.
Seis agentes de la dictadura recibieron sentencias de tres años de prisión como encubridores del homicidio de 11 de los casos y a 541 días por la exhumación ilegal.
El otro inculpado, Julio Reyes Garrido, fue condenado a tres años como encubridor de 11 homicidios y a 300 días más por la exhumación ilegal.
Con una orden firmada por Augusto Pinochet bajo el nombre de operación Retiro de Televisores, una patrulla militar llegó al lugar para desenterrar los restos y hacerlos desaparecer entre fines de 1978 e inicios de 1979. Todo a pesar que ya existía una investigación judicial sobre el caso.
El sanguinario dictador quería que no se repitiera lo sucedido en unos hornos de ladrillos cerca de Santiago, donde aparecieron 15 cadáveres de otros campesinos.
Santiago de Chile, 1 de noviembre 2017
Crónica Digital /PL
