El ataque que sufrió el senador Fulvio Rossi provocó el rechazo de todos los sectores políticos, también del Frente Amplio. Pero en este bloque también criticaron al parlamentario por el «discurso xenofobo» que ha usado en su campaña a la reelección, por su propuesta de expulsión inmediata a los inmigrantes que sean delincuentes.
El candidato a diputado frenteamplista por Tarapacá, Rodrigo Oliva, condenó «los hechos de violencia desde donde vengan, y esperamos que la investigación aclare los hechos y las responsabilidades», pero a la vez repudió «que el relato que se instala desde el comando del senador Rossi persista en su violenta e irresponsable línea de campaña en relación a los migrantes».
Oliva explicó que el ataque al senador no puede derivar en un «aumento de la situación de estigmatización y discriminación hacia la mayoría de los migrantes trabajadores y trabajadoras de nuestra región, como ha hecho permanentemente la campaña de Rossi».
«Mezclar las problemáticas de delincuencia y seguridad pública con el fenómeno de la migración es irresponsable y propio de ideas añejas que en nada aportan al bienestar de los y las habitantes de la región, vengan de donde vengan», añadió.
Por eso, planteó que los problemas de seguridad pública se deben abordar «independiente del origen de las personas; la migración, por otro lado, debe abordarse con un enfoque de Derechos Humanos, partiendo de la base que ninguna persona es ilegal. No nos perdamos ante estas casualidades y el oportunismo que conllevan».
Santiago de Chile, 16 de noviembre 2017
Crónica Digital
Jue Nov 16 , 2017
En dictamen 12910 del 07/09/17 la Contraloría General de la República le dice a Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, después de escuchar los descargos del municipio, que su Dirección de Obras Municipales (DOM) no se ajustó a derecho al emitir el permiso de edificación Nº 42, del 26/09/11 y su modificación Nº 9 del 19/06/14, ello acogiendo la denuncia de un particular molesto por las prácticas indebidas en esa oficina municipal. Teniéndose en cuenta que los consorcios periodísticos más importantes del país disponen de los recursos técnicos y humanos para acceder diariamente a los dictámenes de la Contraloría y a los fallos judiciales, nos ha llamado profundamente la atención que este significante caso, por su elevado monto, después de que hubieran transcurrido más de 2 meses de la fecha del dictamen, ninguno de sus medios haya dado cuenta de su contenido. Está claro que, siguiendo al pié de la letra la práctica palangrista, no se quiso divulgar la noticia. Pues bien, dichos actos administrativos se cursaron a favor de la empresa Inversiones y Desarrollo Huechuraba Ltda. de Guillermo Harding, dueño también de la cadena de farmacias Cruz Verde, para que construyera 10 edificios en altura de oficinas y comercio con 1.575 estacionamientos en la avenida El Salto 4963 y y 5051, acogiéndose a la manoseada figura del Conjunto Armónico, contando con un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), sin reflejarse en los permisos que las obras se podían iniciar solo si el proyecto tenía una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. La inversión en este lucrativo negocio era del orden de los US$ 300 millones y actuaba como arquitecto revisor independiente, Esteban Siques, ex alta autoridad técnica del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), profesional que tenía la obligación legal y ética de exigir al inversionista el apego irrestricto a la ley. De hecho, según consta en el Certificado de Recepción N° 178 del 27/12/13 y en N° 04 del 08/01/14 la DOM no exigió a la inmobiliaria que acompañara la RCA aprobada, tal como lo exige perentoriamente la Ley Nº 19.300 de Medio Ambiente y las instrucciones impartidas por la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu en su Circular 156 del 21/11/05. La construcción total era de 146.600 m2, por lo tanto se trataba de un equipamiento mayor que debía enfrentar solo vías expresas y/o troncales y los lotes 9D y 9E, indicados en el permiso de 2011, producto de una fusión y subdivisión simultánea aprobada alegre e irregularmente por el DOM, no existían. La Contraloría cuestionó que se hubiera considerado en el permiso una altura mayor, en base a una disposición específica del Plan Regulador Comunal (PRC) de Huechuraba, a la permitida, ya que ese incremento carece de sustento normativo, dejándose en claro que el aumento del 30% en el coeficiente de constructibilidad aplicado era improcedente. En otro orden de materias, la Contraloría expresó que al plasmarse la subdivisión predial trucha se originaron 10 nuevos lotes, de los cuales 5 quedaron sin acceso directo a un espacio de uso […]
