Según la entidad, la proclamación presidencial 9645 ‘Mejoramiento de las capacidades y procesos de investigación para detectar el intento de entrada en Estados Unidos por terroristas u otras amenazas de seguridad pública’ se puso en vigor en embajadas y consulados del país en el exterior.
La seguridad nacional es nuestra principal prioridad en las operaciones de visa, sostuvo en un comunicado el organismo encargado de la diplomacia norteamericana.
Precisó que ese paso siguió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 4 de diciembre de permitir la puesta en práctica de forma total de la determinación de Trump, aún no exenta de desafíos legales.
Tal veredicto del máximo órgano judicial fue considerado un triunfo para la administración del gobernante republicano, teniendo en cuenta los bloqueos que sufrieron los vetos anteriores.
Justo una semana después de asumir el poder el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva con el propósito de impedir la entrada de refugiados a su país durante cuatro meses, y de manera indefinida para los sirios en esa situación.
Al mismo tiempo, la medida pretendió imposibilitar la entrega de visas por 90 días a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Siria, Irán, Iraq, Yemen, Sudán, Libia y Somalia.
Inmediatamente, la decisión presidencial desató caos en aeropuertos, protestas en diferentes sitios del mundo, y medios de prensa y voces de diverso tipo se sumaron a las constantes y crecientes críticas populares.
En medio del rechazo llegó entonces la decisión del juez federal del estado de Washington James Robart, quien bloqueó el decreto para frenar por el momento la incertidumbre.
Quizás desde el mismo instante de esa derrota, Trump y sus asesores comenzaron a proyectar la segunda versión del decreto migratorio para dar vida a uno nuevo, que fue rubricado por el mandatario el 6 de marzo.
Esa propuesta, también rechazada a nivel nacional y foráneo, debía entrar en vigor 10 días después de su firma, pero la historia volvió a repetirse y aparecieron varias suspensiones.
La tercera variante de la prohibición de viajes, emitida en una proclama el 24 de septiembre, impuso restricciones a los ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen.
También imposibilita la llegada a suelo norteamericano de funcionarios gubernamentales de Venezuela y sus familiares, y de personas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
Sin embargo, las dos últimas naciones no estuvieron incluidas en la decisión de suspender el decreto, que emitió el juez federal Theodore Chuang, del estado de Maryland, por lo cual siguieron sujetas al veto.
Previo al fallo de Chuang, su homólogo Derrick Watson, de Hawái, también contuvo la orden de Trump, que ‘claramente discrimina sobre la base de la nacionalidad’.
Como justificación para esa medida, el jefe de la Casa Blanca apeló a motivos de seguridad, bajo el argumento de que esos países no cumplieron con demandas para cooperar con Washington en identificar y compartir información sobre posibles criminales o riesgos.
A juicio del procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco, el presidente actuó bajo su amplio mandato constitucional y legal para controlar la inmigración.
El proceso hacia la proclamación de hace tres meses, expresó ante el Tribunal Supremo, fue más deliberado y producto de un amplio estudio que aquellos que dieron lugar a las disposiciones de enero y marzo.
Otra de las controvertidas decisiones de la administración de Trump fue rescindir el denominado programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Dicha iniciativa, existente desde junio de 2012, concede protección legal contra la posibilidad de ser deportados, según fuentes oficiales, a unos 800 mil jóvenes, llamados ‘soñadores’.
Además permite a quienes arribaron sin documentos a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en su territorio, y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos.
Sin embargo, el Gobierno norteamericano, mediante el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el fin del DACA el 5 de septiembre, lo cual desencadenó diversas protestas.
Después, Trump concedió un plazo de seis meses al Congreso para ocuparse del tema hasta el próximo 5 de marzo, pero no describió cómo desea que se haga y dejó en manos de senadores y representantes las determinaciones.
La administración entregó el 8 de octubre al Legislativo una larga lista de demandas que deberán cumplirse antes de alcanzar un pacto sobre los ‘soñadores’, quienes tienen en los congresistas demócratas a sus mayores y constantes defensores.
Según las opciones divulgadas, antes de permitir el otorgamiento de un estatus legal, Trump insistirá en conseguir financiamiento para su polémico muro en la frontera con México y la contratación de otros 10 mil agentes de inmigración.
Las exigencias incluyen negar fondos federales a las llamadas ciudades santuario (urbes a favor de los inmigrantes sin papeles), mayores recursos para perseguir a los indocumentados, leyes más estrictas destinadas a los solicitantes de asilo y el endurecimiento de la línea divisoria contra la entrada de niños centroamericanos.
Buscan además cambiar el sistema de inmigración legal de Estados Unidos, que actualmente prioriza las conexiones familiares, por uno basado en el mérito de los solicitantes.
MURO FRONTERIZO 
Reiteradas veces a lo largo de 2017, Trump insistió en la construcción de la mencionada barrera fronteriza, una de las promesas de campaña del mandatario rumbo a la Casa Blanca.
Dicho objetivo, para cuya realización el Congreso no ha dispuesto los fondos necesarios, acapara el repudio de diversos sectores dentro y fuera de territorio norteamericano.
Vamos a lograr el muro. Si no lo conseguimos, tendremos mucha gente infeliz, incluido yo, afirmó el mandatario el 8 de diciembre durante la ceremonia de toma de posesión del cargo de la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
Esta es una ocasión muy especial, pues hice campaña por ello, subrayó el gobernante, quien a pocos días de asumir el poder firmó una orden ejecutiva para la edificación del valladar, que cuenta con ocho prototipos.
Por otra parte, Trump destacó la labor en dicha zona limítrofe a partir del dato sobre las detenciones ocurridas allí durante el año fiscal 2017, que divulgó el 5 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional.
Los 303 mil 916 arrestos constituyen la cantidad más baja desde 1971, precisó en una rueda de prensa en esta capital el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Thomas Homan.
PROTECCIÓN TEMPORAL
También, el 20 de noviembre el Gobierno de Estados Unidos anunció el fin en julio de 2019 del Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) para unos 59 mil haitianos residentes en este país.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, las condiciones de vida en la nación caribeña han mejorado de manera significativa, y por eso la iniciativa solo será prorrogada una vez más durante 18 meses desde enero próximo.
Tal opción para los haitianos comenzó después del terremoto que sufrió su país a inicios de 2010, el cual provocó unos 300 mil muertos y destruyó gran parte de Puerto Príncipe.
Activistas a favor de los derechos humanos y legisladores demócratas y republicanos habían pedido a la administración prolongar el amparo otro año y medio.
Estos programas, que benefician a nacionales de países afectados por catástrofes naturales o conflictos bélicos, tienen habitualmente una duración de 18 meses con la posibilidad de ser renovados.
Washington comunicó el 6 de noviembre la conclusión del TPS para unos cinco mil 530 nicaragüenses, pues, consideró, la alternativa, surgida para favorecer a inmigrantes tras el paso del devastador huracán Mitch en 1998, ya no es necesaria.
Ese mismo día, prorrogó seis meses, hasta julio de 2018, el TPS por idéntico motivo para unos 86 mil 160 hondureños.
Por Diony Sanabia
Corresponsal de Prensa Latina en Estados Unidos.
Washington 16 de diciembre 2017
Crónica Digital /PL
