El parlamentario PS destacó algunos puntos del proyecto, como el principio de confidencialidad que establece para quienes se sometan a un cambio de género si así lo desean.
El diputado socialista, Raúl Saldívar, valoró la aprobación del proyecto de ley de Identidad de Género, este lunes, en la Comisión de Derechos Humanos, de la cual forma parte, destacando la importancia que ésta tendrá para definir aspectos de la disforia de género.
“Este es un proyecto de ley de mucha trascendencia desde el punto de vista cualitativo porque otorga dignidad y reconoce los derechos humanos a las personas que sufren este fenómeno conocido como disforia de género, que el proyecto de ley se encarga de definir, qué es la identidad de genero”, manifestó el legislador por la Región de Coquimbo.
El parlamentario (PS) sostuvo que “este proyecto de ley, valora también aspectos fundamentales como la no patologización del asunto y segundo, un principio de discrecionalidad, de tal manera, que la persona esté protegida y posteriormente, cuando haya hecho el cambio de registro conforme a su expresión física, pueda seguir avanzando”.
Saldívar, quien es miembro de la comisión de Derechos Humanos expresó que «con esta ley se consideran aspectos importantes, tales como, el caso de los menores de edad, también de los mayores de edad y su posibilidad de intervenirse para hacer los cambios que definan de manera categórica su condición de género”.
El diputado socialista agregó que “esta ley contempla, además, la situación de aquellas personas que tienen algún compromiso matrimonial u otro, una vez que uno de los cónyuges ha decidido el cambio de género, donde se evalúa el cómo se va a resolver esa situación”.
Finalmente, Saldívar expuso que “es una ley que a mi juicio constituye un avance tremendamente importante y sobre todo, a pocas horas de que el organismo internacional de derechos humanos haya emitido un dictamen claro y categórico, lo cual vienen a dar un respaldo y plantea un desafío al país, respecto de cómo avanzar en el tema. Se trata de la calidad de vida que estas personas deben tener y cómo el Estado garantiza sus derechos”.
Santiago de Chile, 17 de enero 2018
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