Legisladores bolivianos confían hoy en un fallo favorable de La Haya sobre la demanda contra Chile para lograr una salida al mar, tras fijarse para marzo las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
‘Hay mucho optimismo en el trabajo realizado por el equipo jurídico nacional e internacional que sustenta la causa marítima’, dijo el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lino Cárdenas.
El parlamentario manifestó su seguridad de que el tribunal escuchará esos argumentos y emitirá una resolución favorable al Estado.
Bolivia perdió su litoral cuando en la Guerra del Pacífico (1879-1883) Chile le arrebató 400 kilómetros de costas y otros 120 mil kilómetros cuadrados de terrenos ricos en recursos naturales, entre ellos cobre, litio y salitre.
En 2013 el Gobierno decidió dar un paso histórico y presentar una demanda ante la CIJ y dos años después ese tribunal de la ONU se declaró competente para atender la reivindicación.
La víspera se dio a conocer aquí que los alegatos orales ante la CIJ tendrán lugar entre el 19 y el 28 de marzo.
‘En esta nueva etapa expondremos nuestros argumentos con la perspectiva de lograr el objetivo final, que es obtener un fallo a favor de la demanda marítima’, declaró el senador del MAS, Milton Barón.
Para reforzar al equipo en La Haya, el presidente Evo Morales designó al embajador en la ONU, Sacha Llorenti, como coagente ante la CIJ.
Llorenti fue ministro de Gobierno, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y miembro del Consejo Nacional de Reivindicación Marítima.
Junto a nuestro pueblo, defenderemos el retorno al Pacífico con soberanía en base a la justicia, el derecho y la razón, escribió Evo en su cuenta de la red social Twitter.
La Paz, 18 de enero 2018
Crónica Digital /PL
Vie Ene 19 , 2018
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia en contra de 20 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en los homicidios calificados de Lucía Orfilia Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, ilícitos perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en calle Fuenteovejuna de la comuna de Las Condes. En el fallo (causa rol 539-2011), el ministro Carroza condenó a Roberto Urbano Schmied Zanzi a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados. En tanto, Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Norman Antonio Jeldes Aguilar y Manuel Ventura Laureada Núñez deberán purgar 10 años y un día, como autores de los ilícitos. En la causa, los exmiembros de la CNI Sergio María Canals Baldwin, Juan José Pastene Osses, Patricio Leonidas González Cortez, Luis René Torres Méndez, Manuel Ángel Morales Acevedo, Luis Hernán Gálvez Navarro, Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Modesto Olivares Carrizo, Raúl Hernán Escobar Díaz, Eduardo Martín Chávez Baeza, Luis Eduardo Burgos Cofré, Raúl Horacio González Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rafael de Jesús Riveros Frost, Juan Alejandro Jorquera Abarzúa, fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de cómplices. En tanto, el exagente Egon Antonio Barra Barra fue absuelto. Brigada Azul En la etapa de investigación de la causa, el ministro Mario Carroza logró establecer que, tras el asesinato del intendente de la Región Metropolitana Carol Urzúa Ibáñez, cometido el 30 de agosto de 1983, el director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Humberto Gordon Rubio (fallecido) ordenó a la División Antisubversiva Metropolitana, al mando de Roberto Schmied Zanzi, conforma una nueva agrupación: la Brigada Azul, para investigar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En dicho contexto, en horas de la mañana del 7 de septiembre de 1983, se ordenó la detención de miembros del MIR que se encontraban en el inmueble de Fuenteovejuna 1330, que había sido previamente ubicado. Lugar al cual, en horas de la tarde, se envió un número considerable de agentes al mando de Álvaro Corbalán Castilla (comandante de la Brigada Antisubversiva Metropolitana) y de Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul). «En las acciones iniciales, los agentes instalaron frente al inmueble una base de fuego, consistente en una ametralladora Rheinmetal, calibre 7,62 mm, montada en el techo de un jeep, que en esa oportunidad era conducido por Manuel Ventura Laureada Núñez, y el arma operada por al menos dos personas, una la que disparaba, Norman Antonio Jeldes Aguilar, y la otra encargada de pasar la cinta de municiones, con capacidad de tiro de 10 por cada ráfaga corta y disposición de tiro completa de 500 por minuto, con balas trazadoras», consigna el fallo. La resolución agrega que: «ya encontrándose en posición la base de fuego, se ordena por el oficial al mando dirigirla y disparar contra el inmueble […]
