Por Ricardo Klapp Santa Cruz: DERECHOS HUMANOS; AVANCES Y RETROCESOS

Se nos prometió el cierre y traslado de los genocidas presos en Punta Peuco, lo que aún es una promesa incumplida. El gobierno envía un proyecto de ley para autorizar a jueces a que algunos peligrosos criminales, que aún no responden por el destino final de los detenidos desaparecidos puedan cumplir condenas en sus casas. Claramente es un retroceso.

Que se continúe condenando a torturadores y masacradores en la provincia Cordillera, del cerro Chena (15 asesinos), de Paine, Panguipulli, asesinato de Miguel Enríquez  y distintas causas en el país, es un lento avance; pese a que otras causas como Operación Cóndor, están siendo tratadas en el Tribunal Constitucional, de mayoría proclive  las impunidades. Es un retroceso.

Son solo alrededor de 1.400 criminales los imputados, procesados y condenados, por terrorismo de Estado, de los cuales más de 350 han sido condenados y solo alrededor de 180 cumplen pena en presidio elegante. Los avances son lentos y la maquinaria constructora de impunidad muy poderosa y no solo cuenta con respaldo de las derechas, también de conversos que se declaran progresistas.

El cambiar el secreto de los 50 años, para ocultar el nombre y detalles de los crímenes impuesta a la Ley Valech, se ha convertido en una promesa que no se ha cumplido. El reabrir las comisiones que acojan las denuncias sobre torturados, detenidos, ajusticiados, detenidos desaparecidos es otra promesa incumplida.

Que 18 abogados, de la Unidad de Derechos Humanos del ministerio de Justicia y DDHH, denuncien a la opinión pública, es más que preocupante, ya que se despidió a los jefes de los abogados que han encarcelado y procesado a delincuentes de lesa humanidad, al igual de otros despidos vulnerando los derechos laborales. Los abogados de DDHH son los nuestros, y no se merecen ese trato de la burocracia interna. Esto no es un avance, es un estancamiento y los criminales y sus abogados deben estar felices.

A los sobrevivientes de prisión política y tortura, no se le aumentara sus pensiones, que son un 60% del salario mínimo. Muy distinto de las pensiones millonarias de los torturadores y criminales. En lo reparativo el gobierno se comprometió a entregar un bono indemnízativo en cuotas en dos o tres años, como indemnización exigido por Naciones Unidas. Esperamos que dicha pequeña reparación se cumpla.

Que se editen y publiquen libros de denuncias, testimonios, investigación sobre la los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar. La construcción de monolitos y memoriales de homenaje a las víctimas, el continuar con actos y actividades en homenaje a los nuestros, en un avance en acercarse a la verdad.

Que se vulneren los derechos humanos a los niños pobres a cargo del Sename en sus instituciones privadas y públicas, es un delito que los responsables deben asumir. En Chile, solo se encarcela a la pobreza, ya que no se procesa a los financiados por SQM, empresa controlada por el yerno de Pinochet, para construir  leyes mediante el financiamiento de algunos políticos corruptos. Esto claramente es congelar el abuso y desprestigio como país.

Que se encarcele a mapuches, con montajes e implantación de pruebas falsas, de infectar, manipular  e interferir comunicaciones realizado por agentes del Estado. El oponerse a allanamientos mediante la fuerza. El que el único preso por terrorismo sea un mapuche pagado como informante y operativo de carabineros. Que el FBI, de Estados Unidos investigue, es un retroceso en derechos humanos.

Para que Chile sea democrático, debe regirse por una constitución democrática y representativa de la voluntad popular. Sin embargo, aún nos oprime una institucionalidad castocrática creada y heredada de la tiranía. Ningún criminal ha sido degradado. La impunidad no es sólo jurídica o penal, sino que también se expresa en términos comunicacionales y culturales.

Santiago de Chile, 8 de febrero 2018
Crónica Digital

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DIPUTADOS SE UNEN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INFANTIL

Jue Feb 8 , 2018
“Un minuto de silencio por un Chile libre de violencia para nuestros niños y niñas”, es la campaña que la diputada electa, Marisela Santibáñez, está impulsando en conjunto con un grupo transversal de parlamentarios. La iniciativa surge a raíz de los casos de las pequeñas Sophia y Emily y busca concientizar en todo acto público masivo, sobre la importancia de no naturalizar la violencia infantil, además de poner la urgencia en el trabajo de modernizar la normativa vigente, endureciendo las penas y revisando de manera multisectorial la forma de erradicar el maltrato a menores.    Como un gran signo de unidad es catalogada la campaña encabezada por la diputada electa del PROPAIS, Marisela Santibáñez, en conjunto con los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Jaime Bellolio (UDI) y el electo Raúl Leiva (PS). La convocatoria comenzó a ser viralizada por las redes sociales de la actriz y comunicadora y tendrá su debut este domingo en el homenaje que se realizará previo al partido válido por la segunda fecha del campeonato nacional, entre Colo-Colo y Audax Italiano.  Según las cifras entregadas por Unicef Chile, el 71% de las niñas y niños en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia y 1 de cada 4 ha sido víctima de violencia física leve o grave, estadísticas que motivaron a los parlamentarios a desarrollar la iniciativa.  Frente a la campaña, Santibáñez manifestó que “desde el 11 de marzo tendremos la misión de traducir esta rabia, pena y dolor, en esperanza y en un accionar político que fortalezca nuestras instituciones para que podamos como sociedad realizar un Nunca Más por nuestros niñas y niños. Mi llamado es a que, en cada acto masivo, concierto, festival o  evento deportivo, se realice un homenaje a todas y todos los niños de Chile. Este hito sin duda nos llevará a re evaluar juntos nuestras reglas y sanciones tal como lo hizo el resto del mundo ante el abuso, la violencia y la muerte de menores”.  Con el hashtag #UnMinutoPorLosNiños los diputados apostarán por encontrar la adhesión a la campaña y crear consciencia de la necesidad de un gran acuerdo político nacional que aborde desde la labor parlamentaria la problemática y encuentre métodos para educar, contener, prevenir y erradicar el fenómeno. Santiago de Chile, 8 de febrero 2018 Crónica Digital

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