Hace 12 mil 800 años cerca del 10 por ciento de la superficie terrestre ardió a causa del impacto de un cometa, develó un estudio publicado hoy en Journal of Geology.
Según las estimaciones de los expertos, unos 10 millones de kilómetros cuadrados fueron consumidos por los incendios.
El trabajo incluyó mediciones de marcadores geoquímicos e isotópicos realizadas en más de 170 sitios diferentes del orbe.
‘El desastre se desencadenó cuando la Tierra colisionó con fragmentos de un cometa en desintegración que tenía aproximadamente cien kilómetros de diámetro’, relató el texto científico.
Diversos restos químicos de dióxido de carbono, nitrato, amoníaco y otros, confirmaron que los fuegos arrasaron con casi el 10 por ciento del orbe.
Por otra parte, el análisis del polen sugirió que los bosques de pinos probablemente fueron quemados para ser reemplazados por álamos, especie colonizadora de áreas despejadas.
Washington, 11 febrero 2018
Crónica Digital /PL
Lun Feb 12 , 2018
Cuando se modifican los planes reguladores comunales (PRC), que son los instrumentos de planificación urbana de las comunas que forman parte de la Región Metropolitana de Santiago y de las comunas localizadas en regiones que tienen Planes Reguladores Intercomunales (PRI), se requiere solo el informe favorable del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo. Con tal autorización, ese acto administrativo se publica en el Diario Oficial y a partir de esa fecha se inicia su aplicación. Como se observa los cambios urbanísticos en dichas comunas, para bien o para mal del sector inmobiliario y de las comunidades, operan sin que la Contraloría General de la República haya tomado razón de ese instrumento normativo, razón por la cual muchos de estos PRC,s adolecen de errores, algunos muy graves y de diferentes tipos. En cambio en las comunas del país insertas regiones donde no existen Planes Reguladores Intercomunales (PRI), la Contraloría sí toma razón de las modificaciones de sus PRC,s con lo cual se asegura que estos instrumentos sean ajustados a derecho, lo cual es lo sensato. La fundación Defendamos la Ciudad, de la cual este columnista es su presidente y vocero, conocedora del desorden institucional existente desde siempre en materia de Vivienda y Urbanismo, ejerce desde hace unos cuantos años una labor de investigación para que algún día lleguemos a un cierto nivel de normalidad en la aplicación de las normas por parte de los actores que se desenvuelven en el negocio inmobiliario, pues ese mercado funciona bien solo si sus competidores se enmarcan con rigor y honestidad en las reglas del juego. La asimetría en la información disponible y las ventajas indebidas que obtienen algunos bien relacionados, por parte de las Direcciones de Obras Municipales, corrompen este sector gravitante de la economía, lo que no parece importarle mayormente a las asociaciones gremiales empresariales, a las autoridades de los distintos gobiernos y hasta a los colegios profesionales ligados a la construcción: el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros. En esta línea expositiva y con el propósito de que se enmiende el rumbo para que Chile se vaya asimilando progresivamente a la seriedad que se observa en los países del primer mundo, con énfasis en los situados ya sea en el norte de Europa como en el norte de América, damos cuenta de una situación local que podríamos calificar sin exagerar como sinceramente fantasmagórica. En efecto, 1.- El 10 de octubre de 2017 ingresamos con Nº 210834 en la Contraloría una fundada denuncia relacionada con decretos que modificaban los usos de suelo del PRC de Las Condes, debido a que no se ciñeron al procedimiento idóneo para hacerlo y excediendo su ámbito de competencia. Le adjuntamos 13 decretos contrarios a derecho ya que se saltaban el procedimiento contemplado en los artículos 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), solicitándole su actuación fiscalizadora. 2.- El 6 de diciembre de 2017 ingresamos con Nº 218708 en la Contraloría la denuncia en contra del Decreto Nº 1.626 de la alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal, […]
