Quienes tenemos la convicción que la salud es un derecho y estamos comprometidos con la salud pública, con gran pesar, nos hemos enterado de los resultados de fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República en el hospital de La Florida. Tales fiscalizaciones arrojaron la existencia de diversas y graves irregularidades, las cuales obliga a dos médicos del hospital a devolver la suma de 74,5 millones de pesos pues, según la investigación, fueron mal habidos.
Lamentablemente, situaciones como estas (o similares a estas), se repiten con demasiada frecuencia en el sistema público como también en el sistema privado.
La larga lista de malas prácticas (que ya vemos casi como si fueran sólo un mal paisaje) y que cometen personas con investiduras de cargos de confianza y hasta “honorables”, van desde las bajo perfiladas irregularidades, hasta descarados robos. Por nombrar sólo algunos: colusión de grandes empresas para subir artificialmente los precios de productos; financiamiento ilegal de políticos; cohecho de parlamentarios; operaciones fraudulentas en el ejército que han permitido la desaparición de millones de dólares desde los fondos reservados del cobre; millonario fraude en carabineros, el cual ya supera los 26 mil millones de pesos; arreglines para lograr jubilaciones millonarias (mientras para la mayoría lo son de hambre); etc, etc…
Nuestra comuna de La Florida no ha estado ajena a esas prácticas y vemos como la administración municipal incumple compromisos, cierra colegios, adeuda cotizaciones previsionales a los trabajadores de la salud y la educación, es decir, las acciones de rapiña y en contra el bien común son frecuentes… y lo peor es que al parecer ya no escandalizan y son “aceptadas” sin mayores cuestionamientos.
Si buscamos alguna explicación a esto, no es necesario “escarbar mucho”, los años de la dictadura que vivimos en Chile, dejaron profundas marcas en nuestra sociedad, no sólo físicas, sino también huellas en nuestro pensar colectivo frente a hechos delictuales, pasando del inicial y natural “asombro”, hasta un estado casi de “normalidad” y resignación ante situaciones que son alarmantes.
Cuando se viven procesos históricos tan dolorosos, injustos, cobardes y abusivos, en los cuales la mayoría de los culpables permanecen prácticamente sin sanción, la percepción colectiva de justicia se distorsiona y desanima en la legítima aspiración de justicia.
Tal vez el concepto de “justicia en la medida de lo posible”, se haya traducido en una perniciosa “impunidad en la medida de lo posible”.
La impunidad ha sido una aliada en el mal actuar. Una impunidad que no falla a la hora de ser rescatada “en la medida de lo posible”. Tal impunidad se pasea en la colusión, en la corrupción, en los dineros mal habidos, en los robos, en el tráfico de influencias, etc. Muchas veces, incluso, las penas a pagar por quienes resultan culpables, son tan irrisorias que hasta se pueden entender como parte de un “modelo de negocios”… y el factor o denominador común es la impunidad.
Si no queremos que ese “mal paisaje” siga estando presente en nuestro accionar, es necesario aplicar justicia sin resquicios, sin cálculos, sin privilegios.
Será necesario todo el esfuerzo de la ciudadanía para que la impunidad retroceda y no siga consolidando una forma nefasta de convivencia.
Por Dr. DAVID PERALTA CASTRO
Ex CONCEJAL de La Florida
2012-2016
Santiago de Chile, 26 de febrero 2018
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