ORGANIZACIONES FEMINISTAS PRESENTARON REQUERIMIENTO ANTE CONTRALORÍA POR ILEGALIDAD PROTOCOLO OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Crónica Digital 6 abril, 2018

Corporación Humanas, en conjunto con la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y organizaciones de la sociedad civil, entregaron requerimiento ante la Contraloría General de la República. Acusaron “graves ilegalidades en el protocolo de objeción de conciencia dictado por el Ministerio de Salud que no resguarda los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

Corporación Humanas junto a la Mesa Acción por el Aborto en Chile, en compañía de organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y de la sociedad civil concurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar que ejerza su facultad dictaminadora y ordene al Ministerio de Salud dejar sin efecto la resolución que regula la objeción de conciencia, en la medida en que desvirtúa la institución, dándole un sentido general, amplio y que obstaculiza el ejercicio de las mujeres al a decidir sobre su cuerpo, no garantizando el acceso a prestaciones de salud, entre otros vicios de legalidad.

La Ley 20.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que entró en vigencia en septiembre de 2017 mandataba a un protocolo regular la objeción de conciencia, individual e institucional. El 26 de febrero de este año se dictó la resolución n°61 que regulaba la objeción de conciencia, siendo esta modificada por el nuevo Gobierno el 23 de marzo pasado, por la resolución 432 del Ministerio de Salud.

Carolina Carrera, presidenta de Corporación Humanas declara que “este requerimiento surge por parte de organizaciones feministas y de mujeres en resguardo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas protegidos por la ley de aborto en tres causales frente a la ilegalidad cometida por el Ministerio de Salud que impone un retroceso a los mismos”.

Sobre la diferencia de este requerimiento presentado en relación a otros que han entregado políticos de oposición, Carolina Carrera subrayó que los fundamentos no son iguales. “Aquí lo que estamos denunciando son la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres y argumentamos con todo lo que dice relación con estándares internacionales de derechos humanos y también constituye una media de presión para que el contralor se pronuncie y que no podemos seguir en este país haciendo, vía reglamentaria, cambios respecto de legislaciones que ha sido fruto un arduo trabajo del movimiento de mujeres y feminista en Chile”.

“La objeción de conciencia institucional no solo se ha vuelto la principal barrera de acceso al aborto legal, sino que también en una excusa para imponer principios morales sobre mujeres y profesionales de la salud, obstruyendo el legítimo derecho a decidir de las mujeres y criminalizando a quienes lo defienden. No podemos permitir que de manera antidemocrática se pase por encima de un acuerdo político y social que tomo años definir, dándole más derechos a las instituciones que a las personas”, sostiene Macarena Castañeda vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile.

La resolución que actualmente regula la objeción de conciencia adolece de serios y graves vicios de ilegalidad que impiden el adecuado ejercicio de las mujeres del derecho a interrumpir su embarazo en tres causales. Entre los vicios que observamos se encuentran la eliminación de la necesidad de que objetores institucionales fundamenten su objeción de conciencia, así como también la eliminación de la prohibición de que instituciones privadas con convenios en los servicios de salud puedan ser objetores de conciencia. Además, existe una desviación del fin de la resolución, en la medida que la finalidad de la ley 21.030 es consagrar una prestación de salud para las mujeres, el derecho a interrumpir su embarazo, y la presente regulación lo limita.

Tanto Corporación Humanas como la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, advierten la transgresión al derecho internacional de los derechos humanos toda vez que afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el principio de no regresión en cuanto a regulación de derechos de las personas, el derecho a la salud y el derecho a la intimidad, entre otros. –

Santiago de Chile, 6 de abril 2018
Crónica Digital

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DICTAMEN DE ONU DECLARA QUE EL ESTADO CHILENO VULNERÓ LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Vie Abr 6 , 2018

Inédita decisión en democracia, por retiro ilegal de lienzos de Londres 38 La causa de la sanción es la censura y retiro por Carabineros de la obra Puentes de la memoria, en septiembre de 2013. El reciente dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, estableció que el Estado chileno atentó contra el derecho a la libre expresión al censurar una manifestación artística, a través del accionar de Carabineros, durante la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. El 6 de septiembre de 2013, en el marco de la conmemoración del golpe de Estado, Londres 38, espacio de memorias, realizó una intervención artística en nueve puentes sobre el río mapocho llamada “Puentes de la memoria” , denunciando la impunidad en que continuaban (y continúan) los crímenes cometidos durante la dictadura, la falta de verdad tras 27 años de gobiernos civiles, así como la continuidad de la violencia represiva en el presente. A pesar de tener todos los permisos correspondientes de las municipalidades de Santiago y de Providencia, y del Consejo de Monumentos Nacionales Carabineros retiró los lienzos en un acto de censura que fue filmado por el camarógrafo Pablo Salas y difundido a través de diversos medios de comunicación. Tras estos hechos, Londres 38 exigió una explicación y la devolución de los lienzos mediante una misiva dirigida al entonces ministro del interior, Andrés Chadwick, que no fue respondida, y junto con ello presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Igual acción emprendió el INDH, pero ambas gestiones fueron declaradas inadmisibles. Agotada la defensa en el ámbito nacional, en marzo del 2015, Londres 38 presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En el dictamen que se ha hecho público, el Comité recuerda que la libertad de expresión es la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas y que la remoción de los lienzos “violó su derecho a la libertad de expresión (…) y careció de una base legal clara, un objetivo legítimo, y fue desproporcionada e innecesaria”. A juicio del Comité “el Estado parte no ha ofrecido una explicación razonable acerca de la existencia de una amenaza concreta y real al orden público que justificara la decisión de Carabineros” ya que el argumento esgrimido por esta institución sobre la posible quema de la obra y los riesgos que ello podría conllevar, es “meramente especulativo” y no aporta antecedentes concretos. Junto con ello, el Comité advierte que “toda restricción debe además cumplir pruebas estrictas de necesidad y proporcionalidad, y no puede poner en peligro el derecho propiamente dicho, de modo que la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción no debe invertirse”. El reglamento del comité de Derechos Humanos de la ONU indica que en estos casos “se pide al Estado parte que ponga remedio a esa violación”, por lo que, de acuerdo al Pacto internacional de derechos civiles y políticos, suscrito por Chile, ahora el Estado tiene la […]