Científicos españoles encontraron una molécula responsable del cáncer de tiroides, cuya inhibición reduce el crecimiento de los tumores, reportó hoy la revista Oncogene.
Los autores señalaron que la incidencia del padecimiento de la glándula tiroidea va en aumento y, si bien esos tumores responden bien al yodo radiactivo, para algunos pacientes el tratamiento no sirve.
Antes de este estudio, se sabía que actuando sobre unas pequeñas moléculas de ARN denominadas microRNAs, se puede desactivar la protección de tipos de cáncer frente al sistema inmunológico, detallaron.
Su estudio explicó que el microRNA-146b, altamente expresado en tumores tiroideos humanos, es uno de los factores que desencadena la malignidad en las células.
Los investigadores demostraron que esa molécula inhibe la producción de PTEN, una de las proteínas supresoras tumorales más importantes, lo cual hace maligno al tejido.
«Cuando este microRNA se encuentra sobre expresado en las células tiroideas, éstas presentan una proliferación, invasión o migración mayores, características propias de los tumores», detallaron.
En la fase de experimentación con ratones los galenos confirmaron que inhibir el microRNA-146b reduce significativamente el crecimiento tumoral y aumenta los niveles del supresor PTEN.
Madrid, 25 de abril 2018
Crónica Digital /PL
Mié Abr 25 , 2018
El pasado jueves 19 de abril, el diputado Ignacio Urrutia (Unión Demócrata Independiente – UDI) sumó un nuevo acto de descrédito hacia las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico-militar. Enalteciendo el retiro por parte del gobierno de Sebastián Piñera del proyecto de ley que planteaba otorgar una reparación económica a las víctimas, el parlamentario gremialista, en sesión oficial del Congreso, calificó a los sobrevivientes de prisión política y torturas como “terroristas con aguinaldo”. Anteriormente, el 11 de septiembre de 2012, Urrutia interrumpió el minuto de silencio de la Cámara de Diputados relativo a la memoria de las víctimas, aludiendo al ex presidente Salvador Allende como un “cobarde que se suicidó”, mientras que, a comienzos de 2017, realzó la figura de Augusto Pinochet y su régimen, rechazando el proyecto ley que buscaba condenar la negación de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Luego de su más reciente intervención, Urrutia recibió el respaldo del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, quien señaló que proyectos como estos dividen al país. Por su parte, los parlamentarios Pablo Prieto (Renovación Nacional) y Jorge Alessandri (UDI), objetaron las críticas que la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, manifestó en relación a las declaraciones de Urrutia. Acciones de esta naturaleza, su escaza condena pública y la imposibilidad de aplicar castigos efectivos, despiertan interrogantes sobre la situación de la democracia en Chile, en particular, sobre la real certidumbre y validez de las políticas de no repetición del terrorismo de Estado. Cuestionar, matizar o invalidar las violaciones a los derechos humanos, así como ensalzar a los responsables de estos crímenes, constituyen, por una parte, actos atentatorios contra las certezas oficiales que el Estado ha construido a través de dos informes de verdad (Rettig y Valech). Por otro lado, representan también violaciones a disposiciones internacionales sobre justicia transicional en materia de reconocimiento de la verdad, promoción de la memoria y reparación simbólica para las víctimas. Respecto de las negaciones de las violaciones a los derechos humanos, en legislaciones internacionales, afirmaciones como las del diputado Urrutia, hubieran sido no sólo rechazadas públicamente, sino que castigadas penalmente. Si bien, en diversas jurisdicciones se prohíben discursos de odio racial o étnico, en Europa destacan normativas que califican como delitos acciones de negación, matización o rechazo de los crímenes de lesa humanidad. Una de las experiencias de mayor reconocimiento es la de Alemania, en cuya legislación se encuentran penalizados los discursos y acciones que glorifiquen o justifiquen al gobierno nacionalsocialista, sus simbólicos y prácticas, a través del Artículo 130 del Código Penal Alemán, vigente desde 1995. Esta norma, que prevé la imposición de multas y penas de hasta cinco años de cárcel para quienes nieguen o banalicen el Holocausto, es el resultado de una serie de acciones judiciales tendientes a luchar contra la violencia racista. A partir de la aplicación de esta ley, han sido condenados alemanes y extranjeros, ya que la normativa es extensiva a ciudadanos no alemanes y a situaciones ocurridas fuera del territorio alemán. […]
