Por Marcel Garcés Muñoz: VIOLENCIA CONTRA NIÑOS MAPUCHES: ¿HASTA DÓNDE QUIEREN LLEGAR?

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La inevitable pregunta de hoy a La Moneda y a las fuerzas militarizadas de Carabineros que actúan como ocupantes en la Araucanía es ¿hasta dónde quieren llegar con la violencia contra los niños mapuches?

De acuerdo a una denuncia ante los tribunales de Justicia el pasado 22 de mayo un destacamento de policías vulneró gravemente y con violencia los derechos de niños, de 12 a 14 años de edad, so pretexto de un “control de identidad”.

Cabe preguntarse si este procedimiento es un mero exceso de los uniformados, o es la provocación en busca de una reacción, parte de una estrategia, de una doctrina, y de una práctica cotidiana contumaz que tiene el beneplácito, la complicidad y quizás la orden de las autoridades superiores del país.,

La legítima sospecha de la ciudadanía es que se trata de una deliberada acción policial, permitidas o autorizada por la superioridad de las policías, o del ministerio del Interior, un capítulo de la militarización de la Araucanía, de la “guerra interna” contra los mapuche, en el marco de una nueva “pacificación de la Araucanía” que parece estar en la mente y en la acción del Ministerio del Interior y La Moneda.

La opinión pública tiene absoluto derecho a pensar que esta acción “antisubversiva” del destacamento policial, corresponde a un capítulo de la  Operación Huracán, ideada para justificar la ocupación, el asalto a las comunidades, el montaje de “enfrentamientos” armados, de la ocupaciò0n militar con tanquetas, aviones, drones,  de las comunidades mapuches.

Las preguntas son muchas, así como las sospechas, de que se está desarrollando una estrategia de guerra sicológica y una ambientación y justificación masiva a través de declaraciones ministeriales, o del intendente regional de la Araucanía, de políticos derechistas y de las organizaciones empresariales amenazantes.

Ellas pueden perfectamente constituir el preámbulo que abra paso a un ataque militar en la región, lo que sería algo mucho más grave que un incidente aislado, y por el cual deberán responder las autoridades políticas, policiales y militares del Estado.

Los manuales de contrainsurgencia policiales y militares,  son explícitos al respecto y recogen las instrucciones,  de las operaciones contrainsurgentes del Pentagono y el FBI, en cuyos entrenamiento han se han formado oficiales y tropas de Carabineros.

Las operaciones populistas de  “acción cívica”, y apoyo económico, como los que impulsa el ministro Alfredo Moreno, forman parte del libreto diseñado en los manuales norteamericanos para encubrir la acción represiva.

Las peticiones de los empresarios de la región, de las empresas forestales de incluir al Ejército y las  Fuerzas Armadas en esa “guerra interna”, se intensifican, y por ahora se hacen las invocaciones y se  busca sensibilizar a la población y a la opinión pública, para que acepte, apoye, y justifique las ofensiva militar en marcha.

Una forma de actuar en la etapa previa del ataque es provocar temor en la población destinada a ser atacada, y la manipulación del resto de la población para que acepte la propaganda oficial, la criminalización del “enemigo” y la lógica del “enemigo interno”“, por la vía de desnaturalizar sus demandas y satanizar su legítima lucha como “terrorismo”, subversión, o extremismo.

Instalar como una norma policial o militar, aceptada y aceptable, el allanamiento armado, a poblados o comunidades la violencia, la agresión y la arbitrariedad como métodos habituales de represión cotidiana, contra ancianos, mujeres, niños y niñas, junto con ser una violación de derechos humanos, constituye un método de terrorismo de Estado, que fue habitual bajo Pinochet, y que corresponde a un fundamento de la guerra interna, de la contrainsurgencia, de la doctrina de la Seguridad Nacional, matriz de la doctrina y adoctrinamiento, por el Pentágono, por las dictaduras brasileñas y el colonialismo francés en Argelia y Vietnam, en su entrenamiento a las fuerza militares “locales” y a los sectores políticos subordinados al Imperio.

Los hechos son evidentes de acuerdo a la denuncia de la abogada Pamela Nahuelcheo, que presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco en contra de Carabineros.

De acuerdo a la abogada patrocinante los hechos se produjeron el 22 de marzo, en la comuna de Ercilla, cuando cuatro niños mapuche de entre 11 y 14 años, alumnos del Colegio Alonso de Ercilla y Zuñiga, volvían a sus casas y fueron interceptados por policías.

“Los trasladan a un sitio eriazo que estaba en una zona aledaña, en la cual existían largos pastizales, lo que impedía la visibilidad; por lo tanto, los menores no podían pedir ayuda”, relató la profesional.

“En ese lugar se les realiza un control de identidad, pero ahí ya parten las irregularidades, porque nunca se les pide la identificación. Se les revisan sus pertenencias, se revisan con palpaciones sus vestimentas y cuerpos y posteriormente se les exige que se quiten los pantalones, los zapatos y los calcetines.”, agregó

“Al menos uno de ellos dice que por miedo se bajó los pantalones” señaló la abogada. “Primero  me hicieron sacar la mochila, después las zapatillas, los calcetines y el pantalón y me querían sacar la ropa interior, pero yo me negué porque no corresponde al derecho de control a un menor de edad”, testimonió el estudiante.”

Ante los graves hechos denunciados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se hizo parte del recurso de protección y su abogado, Marcos Ravanal indicó que se trató del uso abusivo de una figura legal como sería un “control de identidad”.

Y que Carabineros, “actuando fuera de los márgenes que.les permite la ley ha incurrido en actos que son vulneratorios de la dignidad de las personas, afectando los derechos de estos niños”, agregando que estudia la posibilidad de presentar una querella criminal.

Por su parte la sicóloga Ana María Beas  advirtió que “toda la evidencia y la sintomatología encontrada correlaciona altamente con indicadores que están asociados a torturas, a malos tratos y tratos degradantes, por lo tanto, “consideramos que estos niños necesitan el apoyo y la protección necesaria”.

La senadora Isabel Allende, integrante de la Comisión Senatorial de Infancia, fue clara en su condena a estos hechos, señalando que “Ningún niño o niña pueden sufrir un trato denigrante como el que fue denunciado, donde se acusa a Carabineros de haber pedido a niños desnudarse para realizar un control de identidad”, por lo cual, dijo, “estaríamos frente a una grave vulneración”.

El caso adquiere la mayor gravedad porque el propio INDH ha relatado 133 casos de niños que han sufrido violencia policial en la región de la Araucanía, dentro de la cual se encuentra detenciones violentas, el disparo de perdigones, golpizas.

El gobierno de Chile,  debe asumir con seriedad estas situaciones, que además son condenadas por el Derecho Internacional y que violan los principios de Naciones Unidas, sobre Derechos Humanos, los Derechos de los niños y en particular la legislación internacional que protege los derechos de los pueblos originarios.

La tentación de criminalizar las demandas del pueblo mapuche, de negarse a la evidencia histórica, y a desconocer los derechos humanos de un pueblo, o un colectivo, solo puede conducir hacia el imperio de la violencia y del terrorismo de Estado, y en definitiva a un callejón sin salida.

Esta es la responsabilidad que tienen ante sí los actuales gobernantes: no es con montajes policiacos tipo “Operación Huracán”, con testigos que ocultan sus rostros, con aprisionamiento de machis o agresiones a niños, que se podrá desarrollar una responsable política de Estado para ir al encuentro del pueblo mapuche y sus demandas.

Esto lo que tienen que tener en cuenta los que desde el poder han instalado en la Araucanía, y pretenden incrementar, el aparato militar represivo. No cabe duda que deberán responder ante la historia y la humanidad. Y esto, más que una advertencia es una constatación.

Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital

Santiago de Chile, 13 de mayo 2018
Crónica Digital

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