La agrupación Londres 30, Espacio de Memorias, envió una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que analice la liberación de siete criminales de la dictadura en Chile.
Londres 38, que fue un inmueble utilizado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como centro de detención y tortura, ahora como grupo defensor de los derechos humanos pidió el pronunciamiento de la CIDH.
La Corte Suprema de Chile decidió martes y miércoles de esta semana ofrecer libertad condicional a siete sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la sangrienta dictadura de Pinochet (1973-1990).
Los liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973.
Asimismo, el excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993.
Por último, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975.
En su nota, Londres 38 solicitó a la CIDH informarse sobre la liberación de quienes cumplían penas de cárcel por participar en delitos de lesa humanidad, amparándose los jueces de la Corte en resquicios dentro de los recursos legales de Chile.
Al respecto, la organización señaló que no se otorgó la libertad condicional a ninguno de los criminales de lesa humanidad, pasando por alto informes de la penitenciaria de que los reos no manifestaban conciencia del daño, empatía con las víctimas o arrepentimiento.
«La decisión del máximo tribunal constituye un vuelco jurisprudencial; la Corte denegaba la libertad condicional cuando los informes sicológicos eran negativos, mientras que ahora sostuvo que éstos atendían a elementos psicológicos de carácter estrictamente personal», explicó.
Luego de detallar una serie de aspectos que subrayan las contradicciones del ente jurídico y deslizan su incapacidad o presiones recibidas, Londres 38 recalcó los desmanes cometidos por el grupo de los beneficiados de salir de prisión.
«La gran mayoría de las condenas de los liberados son por desaparición forzada de personas, secuestros calificados de Alonso Lazo Rojas, Eduardo González Galeno y de los tres ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy», anotó.
Manifestaciones de protesta y una marcha efectuada este viernes, se sumaron a la
iniciativa de las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados que presentarán una acusación constitucional en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Santiago de Chile, 4 de agosto 2018
Crónica Digital /PL