Según la agencia Associated Press, un memorando, fechado el 20 de julio, detalla las órdenes dadas a oficiales de alto rango para que dejen de procesar, con efecto inmediato, los ceses de dichas personas.
A principios del mes pasado, el Departamento de Defensa manifestó que no había habido un cambio específico en su política al respecto, y las comprobaciones de antecedentes seguían en curso.
Entonces, el mencionado medio publicó que abogados de inmigración afirmaron que conocían a más de 40 mujeres y hombres desactivados o cuyo estatus se había vuelto cuestionable, lo cual ponía en riesgo su futuro.
Varios uniformados comentaron por aquella fecha que no les notificaron los motivos de la baja, y otros expresaron que eran considerados como riesgos de seguridad pues tenían familiares en el extranjero o el Pentágono no había completado sus revisiones de antecedentes.
Debido al litigio, voceros castrenses señalaron que no podían explicar la situación ni responder a preguntas sobre si existían cambios en las políticas de alguna de las fuerzas armadas.
A los inmigrantes elegibles se les pide tener un estatus legal en Estados Unidos, como una visa de estudiante, para poder enrolarse en las entidades militares, precisó la fuente.
Puntualizó que más de cinco mil de esas personas se vincularon al programa especial en 2016 y un estimado de 10 mil sirve actualmente en el sector, la mayoría en el Ejército.
La abogada de inmigración con sede en Alaska, teniente coronel retirada, y quien ayudó a crear la iniciativa de reclutamiento de inmigrantes, Margaret Stock, aseguró que se ha visto abrumada por la baja a reclutas de manera repentina.
Muchos, agregó, eran reservistas que asistieron a simulacros y recibieron un salario y capacitación, y otros estuvieron en un programa de ingreso aplazado.
Stock recordó que los inmigrantes han servido en el Ejército norteamericano desde 1775, y sin ellos, recalcó, no se hubiera ganado la revolución ni se vencerá la guerra contra el terrorismo.
Washington, 9 agosto 2018
Crónica Digital /PL