CARABINEROS DISCRIMINA A PAREJA LESBICA

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy “un nuevo caso de discriminación e indolencia por parte de carabineros que esta vez afecta a una pareja de lesbianas, Naomi Monsalves y Scarlette Campos”.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto cuando la pareja se dirigió a la 66 Comisaría de Bajos de Mena, en Puente Alto, para denunciar un brutal ataque lesbofóbico que padecieron en manos de tres hombres, entre esos un vecino de los familiares de Scarlette (en la fotografía).

“Luego de tratarnos como mariconas, nos agredieron físicamente. Cortar la oreja, la cabeza y la cara de Scarlette. Por eso fuimos a carabineros a constatar lesiones, tras ser atendidas de urgencia en el Hospital Sótero del Río”, señaló Naomí

Lejos de encontrar la ayuda que buscaban, el sargento segundo L.Torres.F comenzó a burlarse de la orientación sexual de la pareja, llegando al extremo de tratar a Scarlette como hombre. “”Él fue el cabrito que le cortaron la oreja?”, preguntó el policía a viva voz en relación a la víctima.

Fue en ese sentido que el pasado 11 de septiembre el Movilh derivó los antecedentes del caso a Carabineros, solicitando un sumario y una respuesta, sin hasta ahora tener noticias.

“Es muy lamentable que Carabineros, como institución, contribuya a revictimizar a personas que sufren abusos en manos de sus propios funcionarios. Estamos sin duda en presencia de una institución lesbofóbica que no enfrenta las denuncias de delitos con celeridad que merecen. Carabineros se ha perfilado este año como un peligro público para las personas LGBTI y así lo haremos ver en nuestros próximos informes a organismos internacionales de derechos humanos”, señaló la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Santiago de Chile, 19 de octubre 2018
Crónica Digital

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DIPUTADAS PPD APOYAN PROYECTO DE LEY QUE RESTRINGE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS EN ZONAS SATURADAS

Vie Oct 19 , 2018
Las diputadas del PPD, Cristina Girardi y Carolina Marzán, aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, iniciativa que fue despachada al Senado para cumplir con su Segundo Trámite Legislativo. “El espíritu inicial del proyecto presentado por la diputada del oficialismo, Paulina Núñez, planteaba que en zonas saturadas no se instalaran proyectos que vinieran a contaminar más, mientras no hubiera un plan de descontaminación, sin embargo, lo que hicieron los diputados de su misma coalición fue presentar una indicación que determinaba que tratándose de zonas saturadas, se podían instalar aquellas industrias que compensaran sus emisiones totales anuales en 120%, si estas representan un aporte superior al 5% de los contaminantes”, explicó la diputada Girardi, quien es miembro de la Comisión de Medio Ambiente. La parlamentaria agregó que “esto permitía que se pudieran autorizar industrias en la medida en que compensaran, no importaba que contaminaran. Nosotros rechazamos eso y es por eso que insistimos en una indicación que aprobó la Sala de la Cámara, determinándose que los proyectos que generen emisiones que representen un aporte superior al 1% de los contaminantes no podrán ser admitidos a tramitación”. “Tú no puedes tener una manga ancha para permitir que se sigan instalando industrias contaminantes. Si tu le permites a las empresas compensar y seguir instalando, nunca vamos a tener plan de descontaminación. La zona de Quintero y Puchuncaví desde el año 93 que está declarada como zona saturada, más de 20 años, ¿dónde está el plan de descontaminación y qué ha pasado entre medio?, se han seguido instalado industrias y más industrias. Lo que hace esta indicación que aprobamos hoy día es que impide definitivamente que industrias contaminantes puedan seguir instalándose en zonas saturadas hasta tener un plan de descontaminación”, indicó Cristina Girardi. Por su parte, la diputada Carolina Marzán puntualizó que “lo que se quiere es fijar un estándar mínimo, es establecer que aquí hay una prioridad, que debe primar la vida de las personas, que debe primar la salud y todos aquellos derechos que se ven afectados cuando no se vive en un ambiente libre de contaminación, al menos en un sentido razonable”. En esa línea, la parlamentaria por el distrito 6 señaló que “aquí no se necesita compensar, no puede ser la lógica para emplazar nuevos proyectos, sobre todo en zonas declaradas como saturadas, contaminadas, dañadas. No se necesita igualar a un determinado estado, pues la contaminación es tan lesiva que el estándar debe ser siempre mejorar, ir un paso más allá cuando se trata de la calidad de vida de las personas”. “Se trata de un plan de descontaminación responsable y de calidad, como una exigencia al Estado de garantizar que todos podamos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¡No legalicemos la contaminación con compensación!”, concluyó. Santiago de Chile, 19 de octubre 2018 Crónica Digital

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