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El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –en el marco de una propuesta de la dirección del organismo autónomo- confirmó en su última reunión del lunes la disponibilidad de entrega a las personas reconocidas como víctimas de prisión política y torturas de sus antecedentes recogidos en el Informe Valech y que están contenidos en el archivo de documentos creadas por la comisión investigadora. La resolución del INDH es un paso hacia la apertura y facilitación al acceso de esta información, tanto para ser usada por los tribunales de justicia como para la memoria histórica. En 2003, cuando se difundió el primer Informe Valech que reconoció la calidad de víctimas a más de 30 mil personas, fue aprobada una ley de reparación que incluyó además el secreto de 50 años para los testimonios, incluso para los tribunales de justicia. El Archivo Valech, que contiene información sobre la represión a lo largo de todo Chile, que identifica más de 1.100 recintos de detención, y recogió los testimonios de más de 70 mil personas –de las cuales más de 30 mil fueron calificadas-  está bajo custodia del INDH, organismo que ha iniciado su digitalización para la preservación de los documentos, así como para entregarlos a sus titulares. Si bien hasta el momento la información que se entregaba era aquella de las víctimas de la represión que declararon ante esta instancia, el Consejo del INDH votó y aprobó la posibilidad de entregar también la información generada durante el trabajo de la comisión Valech. La propuesta fue acogida por la mayoría del Consejo lo que significará la entrega de la totalidad de los documentos a los declarantes, es decir los testimonios de las víctimas y los documentos generados en el marco del trabajo de la Comisión que trató y evaluó dicha información. El anterior acuerdo implica el resguardo de la identificación de terceros ya sean víctimas y/o declarantes o de los elementos que permitan identificar a estos. Asimismo en ningún caso se entregará información de terceros declarantes sin su autorización. Santiago de Chile, 19 de octubre 2016 Crónica Digital

Parlamentaria participará de Marcha «Ni una mujer Menos» en Plaza Italia.   La Presidenta del Partido Socialista de Chile, Senadora Isabel Allende Bussi, se manifestó horrorizada de lo sucedido a la comunera mapuche Lorenza Cayuhan, que debió dar a luz engrillada por personal de Gendarmería, tras ser trasladada de urgencia a un centro asistencial desde la Cárcel de Arauco, donde cumple condena por el delito de robo con intimidación. “No podemos permitir ese mal trato a una mujer embarazada. A toda persona en prisión, aunque haya cometido un delito, se le debe respetar sus derechos, y en este caso, especialmente a una mujer a punto de dar a luz” planteó la Senadora Allende. “Una vez más lo reitero, no podemos continuar con una cultura que no respeta los derechos de todas y todos. Mantener engrillada a una mujer que va a tener un hijo es lamentable, aunque esté cumpliendo una condena. A veces la falta de criterio es impresionante, y espero que esta situación no vuelva a repetirse, especialmente porque estamos frente a una doble discriminación frente a una mujer mapuche”, reiteró la líder socialista. La parlamentaria subrayó que hay que poner término a estos hechos de violencia contra la mujeres: “En estos días que nos hemos enterado de los trágicos hechos por el asesinato de Florencia, una niña inocente que muere cruelmente en manos de su padrastro, o en el caso de una candidata a Concejala de Padre Hurtado, que sufre el ataque incendiario de su casa por parte de una ex pareja –que la deja herida, sin casa, y además con la muerte de su hijo, su nuera y su nieto- volvemos a reiterar que no podemos seguir tolerando la violencia contra la mujer”.  Asimismo, la parlamentaria socialista destacó que “durante este año hemos continuado trabajando en perfeccionar la legislación vigente, planteando una propuesta que hemos entregado a la Ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, orientada a superar el concepto sobre la violencia intrafamiliar, ya que la violencia contra la mujer se genera en diversos espacios, más allá de la propia familia, y ella nos ha informado que están haciendo un cambio integral a esta legislación”. Igualmente, la Senadora Allende planteó que “en la misma línea hemos querido hacer un símil con la Ley Emilia, de tal manera que cuando se comenta una agresión contra una mujer, el agresor permanezca al menos un año preso, y que las atenuantes no bajen la pena de la condena” Finalmente, la Presidenta del PS, Isabel Allende planteó que “hoy todas las mujeres nos vestimos de luto, usamos una imagen común para identificarnos frente a este flagelo, y participamos a las 19.00 hrs., en una protesta pacífica en contra de esta violencia contra las mujeres, que no podemos seguir tolerando, no solo como mujeres, sino como sociedad completa. Lo reiteramos NI UNA MUJER MENOS” Santiago de Chile, 19 de octubre 2016 Crónica Digital 

Hoy por la tarde, la  Presidenta Michelle Bachelet, confirmó  la salida de tres ministros de su gabinete, cambios que se originan dentro del contexto de la  renuncia de la titular de Justicia, Javiera Blanco,  la cual viene siendo cuestionada desde hace un tiempo por los casos de menores fallecidos en el  Sename,  las jubilaciones de Gendarmería y desde hace unos días el bochornoso episodio de los  errores en el padrón electoral. El sucesor de Javiera Blanco es el radical Jaime Campos, ex ministro de Agricultura del Gobierno de Ricardo Lagos y ex diputado. Supuestamente el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, renunció y fue la Presidenta quien aceptó su renuncia, ya que el ministro de Energía se iría a trabajar para la campaña presidencial de Ricardo Lagos. Lo remplazará  en el cargo Andrés Rebolledo, actual director general de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y que en el  2009 se desempeñó como embajador en Uruguay. Lo que ha causado mayor sorpresa es el tercer cambio, que corresponde a  Bienes Nacionales, Víctor Osorio, quien será remplazado por Nivia Palma,  quien fuera directora de la Dibam durante el primer Gobierno de Bachelet. Cabe mencionar que Víctor Osorio, ha llevado a cabo todo un trabajo de desmantelamiento de propiedades que estaban y están en manos de CEMA Chile y la recuperación de bienes para el Estado. Crónica Digital, 19 de Octubre de 2016

La Presidenta del Partido Socialista y Senadora de la Región de Atacama, Isabel Allende se manifestó en desacuerdo con el traspié legislativo del Gobierno respecto a los padrones electorales, tras presentar un proyecto de ley exprés que no tuvo respaldo entre los parlamentarios, y que afectará a cerca de medio millón de votantes en las próximas elecciones municipales de este Domingo. Allende señaló que “lo primero que yo quiero hacer es lamentar la situación. Evidentemente aquí hay que hacer una investigación a fondo y seria, que no puede quedar en la impunidad. La Contraloría y el Ministerio Público van a investigar, por tanto ahí sabremos con precisión y certeza, cuál es el grado de responsabilidad y de qué institución, Registro Civil, SERVEL, eso lo determinará las otras instituciones que ya he señalado”. Asimismo, la líder socialista destacó que todos los parlamentarios concurrieron ayer “con disposición de votar un proyecto de ley si es que efectivamente era una posible solución, pero eso requería un amplio consenso, porque es un tema delicado, complejo e importante. No hubo ese consenso y ese apoyo. La derecha se negó a votar un proyecto de esta naturaleza, y razonablemente, la Nueva Mayoría decidió no asumir en soledad esta decisión, porque tal como lo hemos señalado es un tema difícil, y nosotros no tenemos que legislar apresuradamente, sino buscando una solución definitiva”. La parlamentaria planteó que “íbamos a encontrar una solución, pensando en esas cerca de 500 mil personas que teóricamente se les duplicó su lugar de votación y si van a ejercer su voto, tendrán alguna dificultad. Hoy día la situación es dejar como está, y naturalmente, para el futuro, no solo es deslindar, y por tanto tener certeza de las responsabilidades, sino claramente tenemos que trabajar para tener un padrón definitivo”. Por otra parte, la Senadora Allende reiteró la importancia de contar con un padrón definitivo. “Hago un llamado a las autoridades para que tengamos uno definitivo, y un llamado también como país. Aquí se pueden dar varios domicilios, el comercial, el electoral, el que aparece en el carnet de conducir, y por cierto, la dirección de del lugar en que vivimos, y esto también se presta para confusiones”. Finalmente, Isabel Allende subrayó que “necesitamos un SERVEL que efectivamente sea eficiente, autónomo, controlador de las elecciones, fiscalizador de éstas. Pero no es un legislador, y eso hay que dejarlo meridianamente claro”. Santiago de Chile, 19 de octubre 2016 Crónica Digital

Grave denuncia que ONG realizo ante organismos internacionales fue ratificada ante el contralor general de la república. El director ejecutivo de la ONG Rehabilitación y Esperanza, Juan Carlos Moraga D. recientemente fue invitado a exponer en una comisión especial de la ONU donde aprovecho para reunirse con importantes instituciones internacionales relacionadas con derechos humanos, refugiados y adicciones, poniendo en conocimiento de ellas el poco interés e indolencia del estado chileno en desarrollar políticas de rehabilitación y reinserción social de personas vulnerables. De regreso en Chile la ONG, encabezada por su presidente, el Dr. Jorge Vargas, el director George Valdez y el mismo Moraga, se reunió con el contralor general de la república, Jorge Bermúdez, quien se sorprendió al enterarse que la mayoría de los municipios no cumplen con depositar mensualmente el 40% de sus ingresos por ley de alcoholes que debieran ser destinados a rehabilitación y prevención de adicciones. En este marco, Moraga hizo la misma comparación que había hecho en Nueva York ante organizaciones internacionales sobre los recursos del estado destinados a prevención de alcohol y drogas a través de Senda, señalando que: “El año 2015 se realizó en Chile una teletón para construir centros de rehabilitación de minusválidos, siendo la meta 28 mil millones de pesos pero que se superó alcanzando la cifra de 32 mil millones de pesos. Para el año 2016 Senda, que es el organismo estatal para ver alcohol y drogas recibió el doble de esta suma, casi 64 mil millones de pesos, lo que se ha repetido durante los últimos años. La diferencia es que la teletón, con la mitad de esos recursos puede mostrar centros en diversas partes del país, pero Senda, con el doble de dinero no puede mostrar ni un solo centro de rehabilitación, siendo imposible para familias vulnerables o de escasos recursos poder tratar a un familiar que sufre de alcoholismo o drogadicción por el inmenso costo que significa en clínicas privadas”. Junto a lo anterior se entregaron antecedentes sobre organizaciones fantasmas que por el hecho de tener una personería jurídica reciben recursos del estado, justificando gastos con facturas falsas y otros, sin que el departamento encargado en Ministerio de justicia o municipalidades cumpla su rol fiscalizador. La denuncia fue respaldada con documento notarial suscrito por 247 organizaciones que solicitan a la contraloría que intervenga para que el estado respete la ley y que las municipalidades den cuenta si respetan o no la ley de alcoholes con el porcentaje estipulado para prevención de adicciones; que Senda responda porque si recibe cada año el doble de ingresos de la Teletón, no ha levantado ni un solo centro de rehabilitación que permita a familias modestas tratar a sus familiares que sufren de alcoholismo o drogadicción. Por su parte el senador Francisco Chahuan, presente en la reunión, solicitara en el senado que se realice una exhaustiva investigación sobre lo expuesto por la ONG Rehabilitación y Esperanza ante el contralor general de la República. Santiago de Chile, 19 de octubre 2016 Crónica Digital

Anuncio fue realizado por experto del Ministerio del Deporte en el coloquio “Juegos Paralímpicos: Cómo superar los límites”, realizado en la Universidad San Sebastián.   Los primeros días de noviembre será presentada la nueva política nacional del deporte. Dentro de las novedades que comprende la norma es la inclusión de las personas en situación de discapacidad, tanto en lo que respecta al deporte de alto rendimiento como en la actividad física formativa. Así lo anunció Patricio Delgado, analista de la División Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte, en el marco del coloquio Juegos Paralímpicos: Cómo superar los límites, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián y las carreras de Educación Física y Kinesiología. “Lo que se hace es una proyección hacia el 2025. Una política de Estado, con la participación de varios ministerios, para poder generar una sinergia en lo que es actividad física y el deporte en la población chilena. Lo medular es darle énfasis a algunos enfoques de género, donde tenemos deuda tanto para el deporte convencional como para el deporte paralímpico. También la intersectorialidad, es decir, aumentar la relación con los otros ministerios con respecto al deporte. Y la asociatividad, que es la relación de las bases, los clubes, para poder contactarse con las municipalidades cómo ente de mayor acercamiento a la comunidad”, agregó el experto del Ministerio del Deporte. En lo que respecta al deporte paralímpico, Delgado indicó que “vamos a hacer un trabajo a mediano para poder generar nuestros recursos y en nuestras escuelas deportivas, escuelas de iniciación y de especialización en deporte paralímpico”. En el coloquio participaron como panelistas Alan Martínez, neurokinesiólogo e instructor en deportes para personas con discapacidad; Cristián Dettoni, seleccionado nacional en tenis de mesa; Gianna Cunazza, gerente general del Comité Paralímpico de Chile; Fernando Muñoz, kinesiólogo y profesor de Educación Física del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda y de la U. San Sebastián; y Sebastián Villavicencio, seleccionado nacional de básquetbol en silla de ruedas, quienes sostuvieron que las limitaciones del deporte paralímpico en nuestro país son principalmente: los problemas de financiamiento, accesibilidad e inclusión. Cabe mencionar que la participación de Chile en los últimos Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 fue la séptima oficialmente organizada por el Comité Paralímpico, con una delegación compuesta por 15 deportistas que compitieron en 6 de los 22 deportes reconocidos por el Comité Paralímpico Internacional para ésta ocasión. Y que llegaron hasta esta instancia con una gran dosis de esfuerzo personal y poco respaldo en materia de recursos. Al respecto, el basquetbolista Sebastián Villavicencio, indicó que “si bien hay un progreso desde el 2012 con la creación del Comité Paralímpico de Chile, falta apoyo de política públicas y en el caso de los deportes colectivos, más recursos económicos por los altos costos”. “Es que al igual que con los deportistas convencionales no hay promoción de nuevos talentos y la entrega de recursos está supeditada a la obtención de resultado internacionales”, agregó Cristián Dettoni. […]

Desde la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana criticaron la negativa de la oposición para poder legislar a favor de los ciudadanos que se vieron afectados por los cambios en el padrón electoral. La posición de la derecha fue catalogada como una «obstrucción democrática» al negarse a solucionar el problema en el Congreso Nacional. Tras la confirmación por parte del ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, de que el Ejecutivo no perseveraría en la Ley Corta que buscaba solucionar el cambio de registro electoral en casi medio millón de ciudadanos -al no contar con los votos necesarios para aprobar la iniciativa-, desde el PC-IC rechazaron las posiciones obstruccionistas que impidieron una solución legislativa. La jefa de la bancada del PC-IC, diputada Karol Cariola, consideró como lamentable el retiro, señalando que «aquí hay una responsabilidad tremenda de quienes se opusieron a legislar. Este era un proyecto que se podía legislar de manera muy simple, pero la derecha fue quien se opuso desde un principio. No tuvieron la voluntad de legislar rápidamente para que se pudiera aprobar antes del proceso electoral de este  23 de octubre». Para la diputada por Recoleta e Independencia, «hoy ellos son los principales responsables de que en nuestro país miles de personas no puedan votar donde estaban inscritos y donde ellos decieron que iban a votar». Igualmente la diputada Cariola agregó que «es importante que todas las responsabilidades administrativas y políticas al interior del Gobierno sean investigadas y que tengan las sanciones correspondientes, porque es una situación muy grave que atenta contra la democracia de nuestro país y que por lo demás tendrá como consecuencia una mayor abstención, tal como ya la esperábamos». Por su parte, el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, sostuvo que «con desazón hemos recibido la información de que el Gobierno decidió retirar el proyecto de ley mediante el cual se podría enmendar el error que afecta a cientos de miles de compatriotas para que puedan votar en la elección municipal». «Frente a una situación que nunca debió haber ocurrido y de la que deberán dar cuenta los organismos responsables, ese proyecto garantizaba un derecho democrático a casi medio millón de chilenas y chilenos, y posibilitaba el normal desarrollo de las elecciones municipales», agregó. El diputado Teillier igualmente fue tajante en señalar que tanto el SERVEL como el Registro Civil «tienen responsabilidades de fondo, le deben al país un esclarecimiento sobre lo que ocurrió, explicación que aún no hemos conocido». En cuanto a la obstrucción de la derecha para legislar la ley corta, Teillier sostuvo que «una vez más recurren a cerrar los pasos institucionales y democráticos con tal de hacer prevalecer sus intereses. Lamentablemente, parlamentarios del oficialismo se sumaron a una actitud rígida y prefirieron anteponer consideraciones políticas específicas por sobre la necesidad de garantizar el voto para medio millón de compatriotas». Para el presidente del PC, la situación actual es complicada, pues «gran cantidad de electores limitados en su ejercicio de sufragar, y la generación de incertidumbre respecto […]

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en la Corte de Apelaciones de Iquique un recurso de amparo en favor de 100 familias de los campamentos de Alto Hospicio -Iquique- las cuales serán desalojadas el próximo jueves 20 de octubre por orden de la Gobernación Provincial. Según señala el Director del INDH, Branislav Marelic, “una delegación de funcionarios del INDH visitó los campamentos el 4 de octubre pasado, ocasión en que se obtuvo información de un desalojo que se produjo en agosto del presente año en circunstancias en que las familias –integradas por alrededor de 3500 personas, principalmente extranjeras- no habrían sido notificadas de tal situación”. El procedimiento de agosto pasado se inició durante la mañana a cargo de la Primera Zona de Carabineros de Tarapacá, y consideró alrededor de 300 funcionarios policiales de Fuerzas Especiales, los cuales –según el relato de los vecinos- habrían hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, utilizando escudos, bastones, gases lacrimógenos y escopetas de balines de goma durante el procedimiento. Agrega el Director del INDH “que el lugar donde fueron reasentadas algunas de las familias desalojadas, se trataría de un basural que no cuenta con agua potable ni servicios básicos, poniendo en peligro la salud de la población”. Para el INDH resulta preocupante que en los desalojos no se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos. “En procedimientos de esta naturaleza, que implican un desplazamiento forzado de cientos de personas,  el Estado debe asegurar la entrega de alimentos, agua y enseres, y disponer un dispositivo especial para la protección de personas vulnerables como niños y niñas”, sentenció Marelic. Santiago de Chile, 10 de octubre 2016 Crónica Digital

Ante la denuncia de una interna mapuche del penal femenino de Arauco quien acusa a Gendarmería de Chile de engrillarla durante su parto y de que éste habría sido presenciado por personal custodio de sexo masculino, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentaron hoy un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Según el relato de los hechos, el jueves 13 de octubre la mujer de iniciales L.C.L. habría comenzado a sentir malestares por su embarazo, por lo que fue examinada en el hospital de la unidad penal de Arauco, donde se decidió su traslado al Hospital Regional de Concepción. Durante el camino al centro asistencial dos gendarmes la habrían engrillado y así ingresó a la urgencia del hospital. En este lugar la mujer fue examinada aunque no pudo ser atendido su parto por lo que el 14 de octubre fue trasladada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán. El hospital regional, en tanto, no entregó información alguna a los familiares respecto del diagnóstico de L.C.L. Ya en la Clínica de la Mujer el personal médico decidió que debía ser sometida a una cesárea de urgencia para salvaguardar la vida de la mujer y la de su hijo por nacer. Durante el proceso de parto que vivió L.C.L. e incluso tiempo después del fin del procedimiento, ella permaneció atada a la camilla con grilletes. A lo anterior se suma que durante el alumbramiento estuvo presente personal masculino de Gendarmería. Según el escrito presentado por la DPP y el INDH, los hechos relatados revisten tal gravedad que no sólo son ilegales sino además evidencian un trato inhumano, cruel y degradante para la interna, lo que es un atentado contra su dignidad y derechos. De esta manera a través de la acción judicial se solicita que se adopten las medidas dirigidas a  restablecer el resguardo de los derechos que habrían sido vulnerados. Asimismo que se declaren ilegales los actos de vigilancia excesiva y coerción,  y que no se utilicen medidas de seguridad tales como grilletes y esposas mientras L.C.L. esté en recuperación. Además la DPP y el INDH solicitan que el personal masculino no permanezca en las salas donde esté la afectada y que Gendarmería realice las investigaciones necesarias que permitan establecer las responsabilidades del caso para que se adopten medidas y que situaciones como las descritas no vuelvan a suceder. Santiago de Chile, 20 de octubre 2016 Crónica Digital

Amnistía Internacional manifiesta su preocupación ante la información de diversos medios según la cual una mujer mapuche privada de libertad, habría sido obligada a parir engrillada, y con la presencia de gendarmes (hombres) durante el parto. De ser ciertas estas informaciones estaríamos ante graves violaciones a los derechos humanos de esta mujer entre ellas, su derecho a la salud física y síquica, su derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser sometida a violencia de género, además de los derechos específicos que consagran el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU en relación a los derechos de los pueblos indígenas. El hecho de encontrarse privada de libertad en cumplimiento de una condena judicial no anula ninguno de estos derechos, y la información obtenida hasta el momento da pie para considerar que se trata de restricciones desproporcionadas y arbitrarias a sus derechos fundamentales. Si además, esto fuera así por su doble condición de mujer e indígena estaríamos ante un hecho de suma gravedad. Hacemos un llamado urgente a las autoridades pertinentes a que estos hechos sean investigados prontamente de forma que se esclarezca lo sucedido, se sancione a quienes resulten responsables, se asegure a esta mujer una debida reparación, y se adopten las medidas necesarias para que hechos como éstos no se repitan en el futuro, incluyendo la formación necesaria a funcionarios/as públicos pertinentes. Asimismo, hacemos un llamado a que el Estado garantice debidamente los derechos relacionados con el periodo de post-parto y puerperio de la mujer y su hijo. Santiago de Chile, 19 de octubre 2016 Crónica Digital

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