Esta generación de mujeres ha dado pasos importantes en el mercado laboral para ir por cargos, tradicionalmente, ocupados por hombres. El referente de sus madres, en la mayoría de los casos, era la dedicación al cuidado de los hijos y el hogar. Estas mujeres de más de cuatro décadas, muchas veces postergaron su desarrollo profesional, principalmente por conciliar su vida personal, cuando empezaban a ser madres, en torno a los 25 años. Esta generación de madres trabajadoras ha tenido que enfrentar sus propias creencias y un entorno cultural que no propiciaba el cambio con la facilidad que los discursos y la teoría planteaban, para avanzar sin descuidar ninguno de sus roles y por lo mismo, a un significativo costo personal. ¿Cómo se diferencia la visión de éstas mujeres de cuatro décadas y más, respecto de la de sus hijas que hoy están enfrentando los mismos desafíos del mundo laboral, 20 años después? Definitivamente muchas cosas han transcurrido en estos años y aun cuando queda mucho por avanzar en este trayecto de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, las mayores de 40 cimentaron un camino a costa de esfuerzo, dedicación y también culpas, que permitieron allanar la ruta de las jóvenes que tienen otra postura frente a esta duplicidad de roles más compartida y que involucra de una manera más activa a los hombres. El esfuerzo de estas madres ha permitido que las nuevas generaciones de mujeres enfrenten con más libertad su incorporación al mercado laboral, estudiando postgrados, viajando, planificando menos y disfrutando más, con menos «deber ser» y buscando ser felices. En este cambio generacional los hombres también han cambiado asumiendo el hogar como una tarea compartida, aun cuando la mayor responsabilidad siga recayendo sobre las mujeres. Es en esa senda donde nuestro desafío es ir por más. Por Catalina Maluk Decana Facultad Economía, Universidad Central Santiago de Chile, 20 de mayo 2017 Crónica Digital
Opinión
El gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría definirá su carácter en el tiempo que le resta, que en los tiempos acelerados que corren resulta más que suficiente. Puede pasar a la historia como un gobierno bien intencionado que no logró sacudirse las ataduras de los interesados en conservar una situación que se derrumba a ojos vista. Pero la Presidenta tiene en su mano pasar a la historia como quien supo conducir una de las mayores irrupciones políticas populares de la historia chilena, para iniciar las reformas que hay que realizar. Ello hará toda la diferencia en las próximas elecciones. La diferencia puede radicar en lo que haga finalmente en educación superior, pensiones, y el financiamiento ilegal de la política, entre otros temas clave. La reforma de educación superior es sin duda la promesa principal de la Presidenta con quienes en definitiva la elevaron a su segunda magistratura, los estudiantes y la comunidad educativa. No la está cumpliendo. El proyecto de ley presentado es francamente infame, puesto que en los hechos prohíbe la gratuidad al condenarla a un calendario de recaudación fiscal que resulta como perseguir el arco iris, siempre se aleja. La prohíben “porque no hay plata” y al mismo tiempo entregan esa misma plata en créditos y becas. Consolida legalmente lo que ha sido siempre la política de la Concertación en la materia, implementada a través de la ley de presupuesto: defender a brazo partido y aumentar año tras año el financiamiento público mediante vouchers, créditos y beca, a sabiendas —lo han escrito sus inspiradores con toda claridad y les ha resultado en la práctica—que esa es la palanca fundamental de la mercantilización y privatización de la educación y el lucro consecuente. Cambiarle el carácter a esta ley es bien sencillo y de iniciativa exclusiva del gobierno: consiste precisamente en eliminar el artículo infame (cuadragésimo octavo transitorio) y al mismo tiempo trasladar todos los fondos CAE y becas, a gratuidad, en la ley de presupuesto 2018. Puede que la ley no la alcancen a aprobar y menos si modifican su carácter infame, pero la intención la dejan clara y entregando todos los recursos públicos de “ayudas estudiantiles” exclusivamente mediante la glosa de gratuidad, con lo cual la extienden a dos tercios de los estudiantes y a nueve deciles de ingresos, dejan la vara muy alta a cualquier gobierno que venga. Ochocientas mil familias lo agradecerán a la Presidenta para siempre. A eso puede sumar la condonación de deudas cae con financiamiento fiscal, lo que no cuesta un peso al erario porque el dinero ya se gastó. En materia de pensiones, el proyecto del gobierno es regresivo, recesivo y no mejora significativamente las pensiones. Por decirlo en una cifra, si se cumple la promesa de mejorar las pensiones en 20 por ciento ahora, ello traspasará 50 mil millones de pesos mensuales (equivale a un punto de los cincos de cotización adicional) a los trabajadores jubilados, mientras al mismo tiempo traspasa 200 mil millones adicionales a los “mercados” […]
Un enorme impacto provocó la denuncia del Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, respecto de la forma en la que se están construyendo edificios en la comuna de Estación Central, en forma de “guetos verticales”, sin considerar las variables de la escala humana y el espacio público, y en el marco de la inexistencia de plan regulador comunal. La situación apunta a un problema de fondo para el conjunto del país y sus comunidades locales y regionales: las debilidades existentes en la institucionalidad pública en lo que se refiere a la planificación del territorio y el ordenamiento territorial. Chile es uno de los pocos países de la región que aún no ha avanzado en la definición de una institucionalidad a nivel nacional que coordine visiones sectoriales y regionales para el objetivo de definir un ordenamiento territorial en un marco general y local que permita armonizar los usos del territorio. En términos generales, al referirnos a ordenamiento territorial, asumimos como punto de partida el concepto que fue delineado por la Carta Europea de Ordenación del Territorio: “Expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad”. También es útil la noción del “Anteproyecto de ley Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial de la República Argentina” que fue propuesto por el Gobierno de Cristina Fernández, que se refería al ordenamiento territorial como “producción social del espacio”. La iniciativa legislativa señalaba como su objetivo: “Establecer presupuestos mínimos de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y justo, a través de la regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social, y de la localización condicionada de actividades antrópicas”. Para el académico Ángel Massiris Cabeza el ordenamiento territorial “es un proceso y un instrumento de planificación de carácter técnico, político, administrativo, con el que se pretende configurar a largo plazo una organización del uso y ocupación del territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo”. Hasta ahora, en Chile hay un conjunto de normas que establecen funciones y atribuciones con implicancias sobre el territorio a nivel ministerial, de los gobiernos regionales y los municipios. Si bien estas materias están referidas al territorio, no se puede considerar que formen parte de una institucionalidad sobre el ordenamiento territorial al no formar parte de una visión global respecto del territorio, su planificación y necesidad de ordenamiento, como una actividad integral y coordinada, normativamente coherente y vinculante, que permita el reconocimiento de las particularidades y que establezca el equilibro entre los requerimientos del progreso económico, las necesidades de las comunidades, y el respeto y cuidado por el medio ambiente. El proyecto que propone profundizar la descentralización en el país a través de la reforma a la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, implanta, entre otros temas, cambios en el ámbito de las competencias en ordenamiento territorial con la creación de un instrumento de planificación del territorio denominado “Plan Regional de Ordenamiento Territorial” (PROT), el cual pasa […]
No cabe la menor duda, que la partida de Fidel abrió la discusión de las expectativas para el futuro de Cuba. Su imagen ya ha trascendido y su figura supera las propias expectativas de su existencia, su palabra y sus actos definitivamente lo absuelven y no porque pongamos el empeño de elevar al máximo el culto a la personalidad que tanto nos fascina, sino porque su misma historia le ha puesto como protagonista de un modelo que trasciende a su existencia. Podrán criticarlo pero no se han ido con él los esfuerzos de un país pobre que ha trabajado sin pausas para vivir con dignidad y poder constituirse en más de 50 años como un Estado de Derechos Sociales. Quien observa desde afuera, puede cometer el pecado de no entender la particularidades de las necesidades profundas de esta sociedad, mas aún cuando el cubano tiene por derecho aquellas cosas que en Chile carecen la mayoría de la población por estar entregadas a las variables del mercado Educación, Salud, Trabajo, aquí son derechos conquistados por el proceso revolucionario y son parte del acervo cultural del cubano y en eso ellos no se equivocan. A cada quien según sus necesidades a cada quien según sus capacidades se repite a diario en estas calles, por eso todos son iguales pero diferentes me decía un compañero hace unos años cuando le pedía que me recomendara un lugar. Encomiable es el trabajo de todos aquellos sujetos que realizan sus labores en sus distintos lugares, sin esa disciplina y compromiso Cuba no existiría cómo es. Esas personas son reales, tienen rostro, nombres y apellidos y un compromiso consciente con el proceso revolucionario, ellos son los que sustentan al sistema y eso es lo que cuesta entender a la derecha chilena vociferante de la libertad según les convenga, esa derecha que tiene una mirada desde la elite y que está acostumbrada desde la temprana republica a pensar y decidir que es lo que sería bueno para el país, pero que no valoran o más bien desprecian, cuando esa libertad se traduce en un pueblo que decide participar y ser protagonista. Ese pueblo es el que he visto en la Plaza de la revolución este 1º de mayo. Los pueblos no son una cuestión etérea, indeterminada. Están constituidos por personas y es ahí donde uno encuentra al cubano formado como un sujeto distinto, esa persona culta que tiene un compromiso transcendental con su país, con la vida y el genero humano pues así ha sido formado ya que ha recibido ese bien social tan determinante como lo es la Educación, que le permite ser critico, pensar en el otro y también conversar, cuestionar y asumir compromisos más allá de sus propios intereses particulares. Incluso esto vale para aquellos que disienten pues claramente nada se los impide o alguien desde Chile puede imaginar a una persona que viva de ser bloguero y dedicarse a eso. Que faltan cosas, pero claro que sí, o más bien vale la pena preguntarse […]
Edgar Ceballos Jones fue puesto en libertad por el ministro Carroza pues padecía demencia senil. Está acusado de aplicar torturas al General Bachelet y a otros de sus compañeros oficiales de la Fuerza Aérea. Creo que es de interés que se conozca más al personaje que se nos acaba lentamente. Lo conocí en 1974, para el 18. Sus esbirros nos allanaron con escándalo antes del amanecer del aniversario patrio, entraron derribando la puerta de calle y, al parecer, habían estado antes pues conocían la casa y no se tropezaron con nada una vez dentro, pues iban encendiendo las luces, las que estaban a un metro de altura para que los niños las encendieran. Nos apresaron, según me enteré después, porque tenían el dato que allí se ocultaba el Secretario General del MIR, tal vez eso explique que nos encañonaran con bazookas, levantaran con picotas el patio por suerte respetaron el piso del gallinero) y que afuera hubiera una tanqueta. Todo esto en calma, sin gritos, sin vendas, dando órdenes precisas, casi con cortesía, aprovechando el estupor de la sorpresa. Y claro, el miedo es insoportable; creo tener bastante autocontrol, pero mis rodillas se golpeaban descontroladamente y terminé con hematomas. Quien diga que una situación así no siente miedo miente, todos tenemos miedo, pero lo importante es cómo lo procesamos. Llegamos a un lugar que días más tarde sabríamos que era la Academia de Guerra Aérea, y nos dejaron hasta el amanecer sobre unos colchones en el patio, después nos acomodaron en el subterráneo. En el patio se escuchaba transitar a mucha gente que, para entenderse, gritaba ya que se escuchaban tres televisores encendidos sintonizados en tres canales distintos. En el subterráneo se escuchaban menos. En ese lugar estuvimos 48 horas de pie sin poder afirmarnos contra el muro, vendados con un artilugio hecho de género de toalla, color verde agua y bastante grande, Luego nos instalaron en unos pisos sin respaldo, vueltos hacia la pared, sin posibilidad de afirmarse a descansar, también nos entregaron una frazada. Todavía nadie nos preguntaba nada. El tercer día entramos en una rutina que consistía en ir formados al baño, afeitarse, volver, sentarse en el piso y un desayuno de té con una hallulla con algo que no era jamón. Había un almuerzo y una cena bastante frugales. Ese día conocí a Edgar Ceballos, que se hacía llamar Inspector Cabezas y fue desconcertante. Me ordenó que me quitara la venda, el estaba de civil y con camisa blanca y corbata, en un gran escritorio, se incorporó y me dijo, ponte los anteojos y en ese mural dime donde te ubicas tú. Efectivamente, en el muro de su oficina estaba una reconstrucción del organigrama del MIR. En cada lugar que conectaban líneas había recuadros vacíos, otros con nombre completo y otros con nombres políticos. Lo miré con cara de ignorancia total y le dije que no entendía que quería que hiciera si no tenía conexión alguna con esa organización. Su reacción fue divertida, se rió […]
Tanto Fulvio Rossi como Marcelo Díaz buscan estar en las papeletas parlamentarias en noviembre, pese a que ambos han sido cuestionados en temas de probidad. En la interna socialista las cosas se ven complejas para ambos: ninguno de los dos cuenta con los respaldos suficientes para asumir candidaturas. El Partido Socialista no sólo vive una discusión parlamentaria a nivel de conglomerado, sino que también tiene una importante definición interna, en la que el tema de fondo es la probidad de los postulantes. El senador Fulvio Rossi y el ex vocero de gobierno, Marcelo Díaz, son los nombres por los que el PS debe decidir. El primero ya no es militante, debido a que renunció por ser investigado en el caso SQM por haber recibido aportes de la minera no metálica, pero está interesado repostularse al cargo utilizando un cupo del partido. Pero Rossi tiene una situación difícil en su ex domicilio político, debido a que tiene varios detractores, incluso dentro de la directiva, que se oponen a que el partido lo lleve como candidato. “El Partido Socialista no debería llevar de candidato a Fulvio Rossi. Los temas no son solamente judiciales, sino que también son éticos, y él ha reconocido públicamente haber recibido platas del yerno de Pinochet a través de SQM. Por lo mismo, es impresentable que el Partido Socialista lo lleve de candidato y que él piense ir con un cupo socialista en su circunscripción”, señala Karina Delfino, vicepresidenta de la colectividad. En la misma línea, fuentes del partido señalaron a Diario y Radio Universidad de Chile que dentro del PS habría consenso para excluir a Rossi del cupo para ser senador por la circunscripción número 1 de nuestro país, que representa a lugares como Arica e Iquique. Además se estaría trabajando en un reglamento que fije estándares de probidad para los candidatos. Además. los socialistas aún no tendrían posibles nombres para ocupar el puesto que dejaría vacante el congresista. Por su parte, Fulvio Rossi señaló escuetamente a Diario y Radio Universidad de Chile que esta situación aún no está definida. “Campaña sucia” En el caso de Marcelo Díaz, la posibilidad estaría más abierta, relatan desde la interna, en primer lugar, por ser militante del partido. Pero en el camino debe sortear con dos problemas. Uno de estos es su situación judicial, debido a que en diciembre del año pasado declaró como imputado en la causa que investiga la Fiscalía en contra del ex ministro, Jorge Insunza. Pero esta ya fue revisada por el Tribunal Supremo del PS, estimando que no existe un impedimento legal para levantar su carrera al Congreso. Pero en el intento de Marcelo Díaz por ser el nombre del PS en la circunscripción de Aysén, compite con el ex parlamentario Camilo Escalona, quien busca levantar su candidatura luego de la dura derrota que sufrió en 2013 cuando quiso ser senador por la Región del Bío Bío. Fuentes cercanas a Marcelo Díaz señalaron a Diario y Radio Universidad de Chile que hay una campaña sucia de Camilo Escalona […]
La decisión de la Democracia Cristina de llevar candidato a primera vuelta convulsionó a la Nueva Mayoría y logró tensionar una relación de partidos que ya hace tiempo habían caído en un cierto conformismo y autocomplacencia. La decisión de la DC obliga al sector de izquierda de la NM a buscar otra opción para legitimar la candidatura del Senador Guillier, de ahí la decisión de salir a buscar 30 mil firmas que naturalicen la candidatura en los ciudadanos. Por otra parte, la Senadora Goic está obligada a subir en las encuesta, para lo cual debe diferenciarse del Gobierno, de los otros partidos de la coalición oficialista y los más importante, construir una agenda comunicacional y un programa que le haga sentido a sectores independientes, de centro y centro izquierda, que están defraudados de los políticos, de los abusos, que no ven en las políticas públicas la solución a sus problemas. El desafío de la candidata DC es traer de regreso los votos que ha ido perdiendo elección tras elección. Esta tarea se ve viable si el candidato Sebastián Piñera continúa ‘derechizando’ su campaña y programa. Ejemplo de esto es que su coordinador es militante de la UDI y ya comunicó la idea de bajarle los impuestos a las empresas. Es evidente que entre este sector y la ‘izquerdización’ de Guillier para evitar la fuga de votos hacia el Frente Amplia, hay una oportunidad para captar el voto del centro. Entonces, ¿cuál es la mayor amenaza de Goic?, a mi juicio, no subir en las encuestas en los próximos 100 días. El éxito de su estrategia, dependerá que este centro político reconozca el esfuerzo, que lo valide y comience aparecer en las encuestas. También dependerá que su campaña de comunicación posicione que ella no es más de lo mismo, que si bien hay una historia cultural y política común con la izquierda, con la cual han gobernado los últimos 30 años, hoy hay un quiebre y una nueva oportunidad para el centro político. Por último, también dependerá de la lealtad de los dirigentes de su propio partido, que la acompañen con decisión y que frente a las complicaciones no comiencen a negociar por debajo de la mesa una bajada anticipada. El éxito de Goic está condicionado por llegar a la primera vuelta como una opción competitiva, confirmando así que su estrategia fue la correcta, y demostrando que en Chile aún hay un centro político que necesita ser escuchado. Por Sergio Escobar Académico y Director Comunicaciones Corporativas, Universidad Central. Santiago de Chile, 11 de mayo 2017 Crónica Digital
En reciente reportaje de prensa, la Presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) ha referido su postura en relación a la ley de pesca, ensalzado las cualidades que en su concepto la destacan. A su vez, señala que no logra entender las críticas del sector artesanal, y no trepida en aventurar que la misma es una “buena ley”. Lo cierto es que la referida normativa sin duda es una buena ley, pero para los Industriales. En efecto, se reconocen para dicho sector derechos de extracción pesquera que han sido catalogados por los entendidos como un verdadero “regalo regulatorio”. Se trata de una ley que contempla barreras de entrada casi imposibles de sortear para aquellos que pretendan ingresar al rubro industrial, en donde los recursos hidrobiológicos son distribuidos entre los escasos agentes del aludido sector en razón de habérseles privilegiado y obviando el Estado en ello el rol que le corresponde en esta materia, en orden al deber de hacer primar el bien común por sobre el interés particular. Una buena ley de pesca que concentra los recursos pesqueros en manos de unos pocos, por ejemplo entregándoles de la cuota global de captura, el 90% del Jurel, el 84% de la Sardina Española y el 60% de la merluza común, lo que fortalece y consolida su posición como actores dominantes del mercado, quienes aprovechando dicho sitial han logrado el control mediante prácticas predatorias, tanto respecto de los pescadores artesanales, como con el resto de la cadena asociada. Una buena ley de pesca que le permite a la industria tomar la noble bandera de la lucha contra la pesca ilegal, para fines poco nobles, pues con dicha bandera tienen de su lado al Estado fiscalizador y sancionador que resguarda que otros no toquen los recursos que están asociados a sus derechos pesqueros. Una buena ley de pesca que en razón de reconocer a la industria su rol extractor, legitima la integración vertical, cuestión ya superada en naciones de avanzada tradición pesquera, en donde el pescador hace su trabajo, y la industria solo procesa las capturas que le son suministradas. Una buena ley de pesca que no reconoce los derechos de los pueblos originarios en materia pesquera y los sitúa como agentes fuera de la ley, permitiendo excesos a su respecto. Una buena ley de pesca que no resguarda la pesca subsistencia como actividad que constituye un verdadero patrimonio intangible, pues ello es una amenaza para el sector industrial, al ser un peligro de merma para “sus activos”, que no obstante ser de todos, la buena ley de pesca no establece que la propiedad de esos recursos corresponde a la nación toda. Una buena ley de pesca que permite la realización de actividad industrial en la zona de reserva a la pesca artesanal, cuestión que en el norte de Chile ha dañado todo un ecosistema y ha permitido enriquecerse una sola industria pesquera, empresa que por lo demás hoy se encuentra formalizada por delitos cometidos en el marco de la tramitación de […]
La opinión pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos han tomado conocimiento de otro enorme escándalo vinculado esta vez a los maltratos recibidos por niños y adolescentes al cuidado del estatal servicio nacional de menores. A las centenares de víctimas de los últimos años en los diversos establecimientos bajo control del Sename, se suma ahora la denuncia de tres jóvenes torturados en el centro de Alihuén, entidad que será cerrada definitivamente por disposición superior, según lo anunciado. Para colmo, los afectados son, en este caso, jóvenes con discapacidad cognitiva, lo que agravaría el delito cometido por el personal contratado justamente para proteger y reorientar la vida de estos miles de menores abandonados, casi siempre indigentes o confinados por la justicia ordinaria para que el Sename les entregue cuidado y contribuya a su normal reincorporación a la sociedad. La tortura y las violaciones a los derechos humanos habitualmente se asocian a los regímenes políticos autoritarios o totalitarios. Erróneamente, se piensa que allí donde reinan las democracias no debieran existir agentes o funcionarios públicos que realicen estas prácticas deleznables; sin embargo, ya vemos que aquí en Chile son habituales las denuncias que señalan a policías e incluso al personal de hospitales y de estos centros al “cuidado” de los niños como responsables de ejercer tratos crueles y degradantes en desmedro de los sectores más vulnerables de la población. Violentas redadas nocturnas en la Araucanía, constantes apaleos y otras formas de represión a los manifestantes callejeros, así como estas graves agresiones cometidas en contra de los menores, nos señalan, sin duda, como un Estado que ejerce en extremo la violencia, violando con frecuencia las normas internacionales que hemos suscrito ante el mundo y con el mundo civilizado. Jóvenes ultimados por carabineros por la espalda, una mapuche que es obligada a dar a luz engrillada en un hospital público, entre tantos despropósitos represivos que ya no son atribuibles a la dictadura militar que culminara hace casi treinta años atrás. Delitos que se repiten y mantienen en la impunidad, muchas veces, por la desidia de los gobiernos, como por la displicencia de jueces y tribunales. En el caso de estos tres internos de Alihuén que habrían sido torturados es evidente que confluyen una serie de factores que seguramente van a ser esgrimidos para aminorar el delito o salvar la responsabilidad de quienes ejercieron estas cobardes torturas. Cuando es efectivo que el personal a cargo de estos niños es insuficiente, o estos centros de “cuidado” están colapsados a causa de los precarios medios que su personal dispone para efectuar su tarea. Además, por supuesto, las pésimas remuneraciones que reciben. Lo que, en ningún caso podría justificar lo sucedido. Se trata de prácticas que se reproducen y se consienten por un Estado que presume de democrático por el simple hecho de tener elecciones periódicas y autoridades supuestamente representativas del pueblo, pese a estar regido todavía por la Constitución de Pinochet, exhibir abstenciones electorales ya crónicas por sobre el cincuenta o sesenta por ciento, y haber consolidado […]
Nuestro trabajo en el Ministerio de Bienes Nacionales, que se extendió entre el 11 de marzo de 2014 y el 19 de octubre de 2016, fue un desafío de enorme envergadura, pues la Secretaría de Estado administra el 53,26% de la superficie del territorio nacional, lo que equivale a 40.269.505 hectáreas, de las cuales 14.554.905 corresponden a las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). En el momento que asumimos la responsabilidad, Bienes Nacionales era una “inmobiliaria fiscal”. Nosotros pensábamos que era posible emprender desde el Ministerio una gestión que hiciera una contribución sustantiva al crecimiento económico, la sustentabilidad, la participación ciudadana y la inclusión social. En ese sentido, pensamos que las evidencias muestran que la obra desarrollada no tiene precedentes. En materia de la defensa del patrimonio público, parece pertinente recordar lo señalado por Ozren Agnic en su libro “Pinochet S. A. La Base de la Fortuna”, publicado en diciembre de 2006, hace diez años. Allí había un capítulo completo dedicado a los bienes fiscales de los que se había apropiado la Fundación CEMA Chile, presidida por Lucía Hiriart de Pinochet. A ese respecto, señalaba: “El país retornó a la democracia el año 1990. Más de 16 años han transcurrido desde que Augusto Pinochet entregó el Poder Ejecutivo y ninguno de los sucesivos ministros de Bienes Nacionales ha mostrado interés alguno por esclarecer lo obrado por doña Lucía en lo relativo a las propiedades recibidas”. Con profunda satisfacción, expresamos que fuimos capaces de colocar término a 25 años de impunidad y silencio, respecto del patrimonio de todos los chilenos y las chilenas que fue apropiado por Fundación CEMA Chile. Establecimos con precisión un catastro de los bienes fiscales que fueron transferidos en forma gratuita desde Bienes Nacionales a CEMA Chile entre 1976 y 1989, fiscalizamos su estado actual y acreditamos que CEMA había derivado en una entidad inmobiliaria con fines de lucro, solicitamos al Consejo de Defensa del Estado que recurriera judicialmente la restitución de los bienes al Fisco, logramos que la Corte de Apelaciones de Santiago diera curso a la solicitud de investigación judicial y que designara un ministro en visita, en forma paralela iniciamos la recuperación de los bienes que estaban en poder de CEMA bajo figura de concesión y establecimos que la Plaza de Paine era un bien de uso público, y posibilitamos que el ministro en visita dispusiera el embargo de los activos financieros e inmuebles de la entidad que presidía Lucía de Pinochet. Más allá de la importancia de esa labor y su visibilidad en los medios de comunicación, no fue el único ámbito de acción Respecto a los pueblos originarios, hasta junio de 2016 se había entregado un total de 207 inmuebles fiscales a comunidades indígenas, lo que significa un total superior a las 49 mil hectáreas. Para medir la envergadura de lo consignado, puntualicemos que ello es equivalente a la casi totalidad de hectáreas que la CONADI entregó en sus primeros 17 años de existencia, entre septiembre de […]
