La diputada Mapuche Emilia Nuyado, calificó como «baja e insuficiente La condena de 19 años solicitada por la fiscalía para el ex Carabinero Carlos Alarcón por el asesinato del Weichafe, Camilo Catrillanca». A juicio de la parlamentaria «no comparto la apreciación de la fiscalía respecto a que sea un homicidio simple o uno frustrado. Me parece que hubo otras motivaciones porque existió un montaje, silencio cómplice, ocultamiento de pruebas y obstrucción a las investigaciones» «Con estos antecedentes, a mi me parece que hay oscuras intenciones. No olvidemos que el asesinato de Camilo Catrillanca es el resultado de una operación de la policía militarizada, creada por orden y decisión política del Gobierno de Sebastián Piñera, con la intención de reprimir la reivindicación territorial y política del pueblo mapuche», dijo Nuyado. Sobre este mismo punto la diputada Mapuche agregó que «en este caso las policías actuaron como el brazo armado de los poderes económicos de la Araucanía e intentaron por todos los medios y al más alto nivel ocultar su responsabilidad en el asesinato del Weichafe, Camilo Catrillanca. Esto no es un homicidio simple es un asesinato alevoso», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 5 de enero 2021 Crónica Digital
DD.HH.
La iniciativa presentada por la diputada Carmen Hertz (PC) buscaba promover el conocimiento y análisis de las violaciones a los Derechos Humanos, con énfasis en aquellas cometidas por la dictadura cívico militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, esto, sobre la base de los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; De la Comisión de Presión Política y Tortura y de LA Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. La moción presentada por la diputada y abogada Carmen Hertz (PC) tiene como intención el crear las condiciones necesarias para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país. La iniciativa no logró los votos suficientes en Sala, por lo que se archivó. Estudios como el del INDH han dado cuenta del déficit en la enseñanza de las graves violaciones a los Derechos Humanos y concluyendo que su tratamiento dentro del currículum escolar no aborda estas violaciones históricas como expresión de una política sistemática articulada desde el Estado chileno. Hasta ahora, la educación sobre la temática en colegios se concentra en temas como la educación para la paz, la educación ambiental y la no discriminación, no favoreciendo la comprensión de la complejidad e importancia que tienen para una sociedad moderna y democrática el respeto a los derechos humanos y el conocimiento del pasado reciente. Otros de los objetivos de este proyecto es fomentar en los y las estudiantes el reconocimiento y re-dignificación de las víctimas; promover un diálogo entre la memoria social y la experiencia de los estudiantes en torno a las violaciones de los derechos humanos y la enseñanza de la historia, así como la comprensión de la garantía de no repetición y la injustificabilidad de las violaciones a los derechos humanos. Carmen Hertz criticó que a la fecha no se haya permitido en los colegios y liceos “la transmisión de una memoria responsable que integre los derechos humanos como un principio de compresión de la experiencia del pasado reciente, pues el tratamiento curricular no se apropia de la existencia histórica de la violación a los derechos humanos como expresiones de la Política de campo instalada en la Dictadura Militar”. Por otro lado, la diputada recordó que en el año 2019 se haya propuesto desde el Ejecutivo de eliminar la obligatoriedad de la asignatura de historia, lo que para Hertz “es una verdadera afrenta a la memoria histórica de este país”. Para la diputada Hertz, “esto más que una moción parlamentaria, se trata del cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado de Chile en materia de memoria y educación en derechos humanos, pues tal y como fue explicado en la discusión en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos originarios existe una obligatoriedad de la enseñanza en Derechos Humanos”. La iniciativa no logró la cantidad de votos suficientes para ser aprobada en Sala, obteniendo 76 […]
El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile condena la detención del camarógrafo Álex Cuadra de Chilevisión/CNN y las agresiones en contra de trabajadores y trabajadoras de la prensa, quienes cubrían la manifestación de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en el frontis del Ministerio de Educación, en el marco del desarrollo de la Prueba de Transición Universitaria (PTU). La acción de Carabineros nuevamente atenta contra el derecho fundamental a la libertad de informar y al ejercicio periodístico del profesional, agredido y detenido mientras cumplía su función. Este hecho se ha repetido a lo largo del actual gobierno, cuando se impide el accionar tanto de medios independientes/alternativos como hegemónicos, donde decenas de periodistas y trabajadores de la prensa han sido golpeados, gaseados y detenidos en diversas manifestaciones ciudadanas. Condenamos la agresión que esta vez sufrió el camarógrafo junto a otros colegas, así como las prácticas represivas hacia la ciudadanía y este caso particular en contra de los estudiantes secundarios, donde el abuso de la fuerza policial es evidente. Desde ya iniciaremos acciones en solidaridad con el trabajador y como directiva del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas solicitaremos una reunión con la Intendencia Metropolitana para exigir explicaciones respecto a estos hechos y poner fin a estas prácticas de maltrato y abuso, que no veíamos desde la dictadura. Exigiremos respeto por el derecho a la información y comunicación con todas las gestiones y denuncias necesarias. Santiago de Chile, 5 de enero 2021 Crónica Digital
Nadie muere si no es olvidado, se puede afirmar de alguien que como Manola Robles, dejó una huella tan profunda, en el periodismo, en su humanidad, en su compromiso con la verdad, alguien que como ella, entendió que su deber patriótico, político, profesional, fue ser digna, valiente quizás temeraria, pero siempre comprometida con la justicia, la vida, su pueblo. No viviste como para esperar honores ni reconocimientos, aunque los recibiste y merecidos, pero se que los principales fueron siempre los que recibiste de tu pueblo, de los prisioneros políticos, de las víctimas de la dictadura de Pinochet y sus mandantes, de los exiliados, de los perseguidos, de quienes fuiste voz, defensora y testimonio. Pero hoy, y siempre, recibe el saludo de quienes como tu cumplieron un papel en la resistencia de un periodismo militante, patriota y democrático, porque, también es necesario que se sepa y que se honre tu participación en el periodismo clandestino, de la resistencia contra la tiranía y sus crímenes, a través de tu pluma, tu pasión libertaria y compromiso, en “Unidad Antifacista”, “Escucha Chile”, y muchas otras iniciativas del periodismo nacional, en lucha contra el crimen y el odio. Destacamos, entonces, junto a tu calidad profesional y prestigio, tu compromiso militante en ese periodismo, que contribuyó, exponiendo hasta su vida en la lucha por la democracia, la vida y la libertad de Chile. Querida Manola, nunca serás olvidada. Chile, su democracia en construcción, te deben mucho. Te abraza, Marcel Garcés (en nombre de muchos que también ya partieron, y otros que persisten) Santiago, 4 enero 2021
Revisando algunos viejos apuntes acumulados en el disco duro de mi computadora encontré una serie de declaraciones de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina manifestando su preocupación por la libertad de expresión y el ataque a “periodistas” como Luis Majul y Daniel Santoro. La institución de marras la preside Joaquín Morales Solá, un señor que finge ignorar la diferencia entre informar y –sobre la base de información confiable y chequeada opinar– y utilizar los medios de comunicación en los que se desempeña para operaciones propagandísticas presentadas ante su indefensa audiencia como si fueran “periodismo independiente”. En una reciente emisión de su programa Desde El Llano el presidente de la ANP “entrevistó” a la señora Elisa Carrió quien se despachó con una serie interminable de disparates ¡sin que el supuesto periodista atinara a balbucear una sola repregunta! No fue una entrevista periodística sino un caso de propaganda política subliminal, probablemente remunerada. Es decir, una estafa a la teleaudiencia. Lo mismo había hecho unos días antes Carlos Pagni, otro representante del “periodismo serio” en la Argentina, cuando “entrevistó” durante poco más de media hora a Juan Guaidó que, como lo haría Carrió después con Morales Solá, derramó enormes cantidades de “bullshit” ante un impasible Pagni, que no hizo el menor comentario o formuló pregunta alguna para poner a prueba los dichos de Guaidó. El objetivo, claro está, era brindarle al esperpento venezolano una plataforma para difundir su proyecto político. En ambos casos un espacio supuestamente periodístico parecería haber sido alquilado para promover la agenda política de una autoproclamada candidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, retornada a las lides políticas pocos meses después de haber anunciado su definitivo retiro; o la de un pelele orgulloso de haber sido designado “presidente encargado” de su país por Donald Trump. Todo esto, repito, ante la actitud complaciente de los aquiescentes “entrevistadores”. En resumen, gran parte de eso que llaman “periodismo independiente” no es otra cosa que una tapadera para que algunos mercaderes trafiquen con su espacio comunicacional y lo subasten (ellos o sus patronos) al mejor postor. ¡Y encima se dan el lujo de pontificar sobre la libertad de expresión, la república y la democracia! En fin, esta es la dura realidad del periodismo que en nuestro tiempo se autocalifica como “serio y profesional”, y no sólo en la Argentina y Latinoamérica. Europa o Estados Unidos tampoco están a salvo de este flagelo que es una de las mayores amenazas que acecha a la democracia en el mundo moderno. La ANP salió en defensa de dos personajes de la cloaca mediática como Luis Majul y Daniel Santoro cuyo “periodismo de investigación” es producido por un singular equipo cuyos puntales son los servicios de inteligencia y un manojo de jueces y fiscales corruptos, unos y otros en abierta violación a las leyes de este país. Esta operación no tiene nada que ver con el periodismo. Su objetivo es obtener instrumentos y supuestas pruebas para perseguir, acosar y eventualmente extorsionar a rivales políticos […]
En encuentro sobre el tema, el senador Juan Ignacio Latorre y representantes de las familias de los detenidos, cuestionaron “voluntad de un gobierno que ha liberado a criminales de lesa humanidad” Como parte de las gestiones tendientes a excarcelar a las personas detenidas durante las movilizaciones sociales a través de herramientas penales cuestionables y carentes de legalidad, el conversatorio “Hacia la ley de indulto general de las personas presas durante el estallido social” realizado en la Universidad Academia de HUmanismo Cristiano reunió a diversos simpatizantes con la iniciativa. Entre ellos, el senador y psicólogo Juan Ignacio Latorre, el abogado Claudio Nash, la vocera de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos detenidos en la cárcel Santiago 1 y al rector de la UAHC, Álvaro Ramis. Los ponentes coincidieron, desde sus respectivos ámbitos, sobre la necesidad de una Ley de Indulto para estos detenidos, en la manera en que esta situación afecta al Estado de derecho y qué dicta el escenario internacional respecto a este tipo de vulneraciones jurídicas y sociales. Verónica Verdugo se refirió a cómo esta discusión fue tomando forma legal en los últimos meses pese a arrastrarse desde hace poco más de un año cuando comenzaron las primeras detenciones arbitrarias y el Gobierno comenzó a legislar, sobre cada hecho puntual, proponiendo leyes represivas que fortalecieron el encierro sin garantías ni evidencias a través de “normas anti todo”, describió.“Afortunadamente, hace poco se ha fortalecido y ampliado el tejido social que apoya a los presos políticos y a sus familias para acabar con esta injusticia. Se sumaron legisladores y parlamentarios que, si bien no se referían a este tema en su momento, hoy han estado a la altura proponiendo un proyecto de ley que diferencia esta excarcelación con otras que podrían amnistiar a quienes cometieron criminenes de lesa humanidad en la dictadura”, señaló Verdugo quien también agradeció a instituciones que se plegaron a esta causa desde un comienzo y han visibilizado el valor de los testimonios que le restan estigmatización a una causa que desde el poder se ha criminalizado en todo momento, agrega. Por su parte, Claudio Nash planteó cómo un instrumento penal como la prisión se ha utilizado para castigar a quienes incurren en conductas catalogadas como delitos como una herramienta política en diversos estados. “El uso de la ley penal no es una autorización para el uso arbitrario de esa fuerza”, aclara el abogado. “Cuando un gobierno trabaja al margen de parámetros legales ingresa a un plano de deslegitimidad que el filósofo inglés Thomas Hobbes denominaba “un regreso al estado de naturaleza”, explica. Complementó con un llamado al mismo Estado que es quien debe corregir estas desviaciones y poner en valor la democracia a través de soluciones justas y políticas.5 claves sobre la prisión política El rector de la Universidad convocante analizó el proceso que han vivido los detenidos del estallido social y cómo esto significa un grave atentado al Estado de derecho. También planteó cuáles son los 5 criterios internacionales que definen a un preso político, es […]
El 77 por ciento de los ciudadanos en Chile consideran hoy que nunca o casi nunca, el cuerpo de Carabineros trata a todas las personas por igual, independiente de su situación socioeconómica o clase social. Así lo refleja una encuesta correspondiente a diciembre, de la Fundación Chile 21, relativa a Seguridad Ciudadana y Evaluación Policial, cuyos principales resultados recoge este miércoles el periódico El Siglo. La pesquisa, calificada de lapidaria, negativa y crítica, señala además que el 67 por ciento de los consultados dijeron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo en la forma en que Carabineros de Chile actúa usualmente. Asimismo el 68 por ciento consideró que nunca o casi nunca los efectivos policiales controlan el tráfico de drogas y las bandas de narcotraficantes, un fenómeno que está cada vez más presente en la realidad del país y que genera una creciente alarma en la población. En tanto, apenas 40 de cada cien entrevistados consideró que ‘a menudo o muy a menudo’ las fuerzas policiales detienen a los delincuentes. La falta en empatía de las fuerzas policiales con la ciudadanía también es muy negativamente evaluada, pues el 81 por ciento de los encuestados dijo que nunca o casi nunca Carabineros de Chile se comunica y coordina con los vecinos de su barrio. La institución ha sido muy criticada, sobre todo a partir del estallido social de octubre de 2019, por sus reiteradas acciones violatorias de los derechos humanos, lo que ha sido denunciado por organizaciones y personalidades chilenas e internacionales. Sumado a esto se ha visto envuelta en escándalos de corrupción en los últimos años, que en conjunto han sumido a Carabineros en una profunda crisis, por lo cual fuerzas políticas y sociales han reclamado una profunda reorganización e incluso una refundación del cuerpo policial. Al respecto, según el sondeo, el 54 por ciento de los entrevistados expresó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que Carabineros tenga un mando civil transitorio. Santiago de Chile, 23 de diciembre 2020 Crónica Digital/PL
Exposición ante Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carlos Margotta, presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos Señores senadores y señoras senadoras: La Comisión Chilena de Derechos Humanos, es una institución de la sociedad civil que nació hace 42 años, en plena dictadura cívico militar y se propuso trabajar en forma pluralista por la vigencia efectiva, respeto, protección, enseñanza y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ambientales, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los tratados internacionales, Resoluciones y demás Acuerdos Complementarios de Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales, en los cuales Chile es miembro o parte. Por tanto, hoy nuestra tarea no es sólo defender a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos sino instar por el cumplimiento del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución vigente, que establece que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. Los Estados comprometen su responsabilidad internacional cuando, por acción u omisión, incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos y no reparan sus violaciones. En su responsabilidad internacional, el Estado responde como un todo. En consecuencia, los distintos poderes del Estado están obligados a respetar los derechos humanos y adoptar medidas que los garanticen. Y frente a la violación de un derecho humano, en forma inmediata surge para el Estado la obligación de reparar el daño producido, y el acto de reparar significa reponer a la persona la situación en que se encontraba antes de que sus derechos fueran vulnerados. El Proyecto de Ley sobre Indulto General, que comienza hoy a discutirse, tiene como fundamentos principales la vulneración de los derechos humanos de que han sido objeto las personas que han sido detenidas, formalizadas, encarceladas y/o condenadas durante el período que señala. En consecuencia, analizaremos esta iniciativa legal, a la luz de la obligación que tienen los diversos Poderes del Estado de respetar los derechos humanos, y al mismo tiempo, verificando las vulneraciones de los derechos humanos en que se fundamenta el mencionado Proyecto de Ley. Los presos del estallido social El denominado “estallido social” iniciado en Octubre del año pasado, ha sido un movimiento social masivo que irrumpió a lo largo y ancho del territorio nacional, que busca superar el actual modelo neoliberal y dar paso a un proyecto de sociedad que termine con la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado y en el que se garanticen derechos humanos básicos, como la salud, la educación y la seguridad social, entre otros, a través de una expresión normativa en una Nueva Constitución, que sea el reflejo del ejercicio soberano del derecho de libre determinación del pueblo chileno, derecho consagrado en el artículo 1 homónimo de ambos Pactos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La respuesta del Gobierno, en vez de escuchar a su mandante y dar paso a reformas profundas que reflejaran esta exigencia mayoría de transformación y cambio […]
La diputada Mapuche, Emilia Nuyado, denunció «prácticas racistas» por parte de funcionario y de la Dirección regional de la Junji en contra de Educadores de la lengua y cultura indígena (EICI), de la región de la Araucanía. La parlamentaria explicó que «hemos sabido que a raíz del desalojo de hermanos mapuche de la municipalidad de Curacautín, un funcionario que se desempeña como nutricionista en JUNJI Araucanía emitió declaraciones racistas tildando a los mapuche de «escoria», lo que fue denunciado por los educadores» «Al realizarse esta denuncia, no sólo, no fue tomada en cuenta por la Dirección regional sino que además se les amenazó con realizar descuentos salariales por realizar la denuncia pública. Esto me parece inconcebible, sobre todo en una zona donde existe una gran cantidad de niños de origen mapuche. Por eso exigimos que la Dirección Nacional de la Junji, adopte medidas concretas y sanciones contra este acto de racismo hacia nuestro pueblo», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la diputada Nuyado, dijo que «es inaceptable que el director regional de la JUNJI Araucanía, don Juan Pablo Orlandini, actúe de manera matonesca amenazando a los educadores, solo por exigir dignidad y demuestra «Por eso estamos solicitando a través de oficios que se adopten medidas y solicitaremos al Ministerio de Educación que también se pronuncie por este caso. Si el Estado chileno quiere establecer una relación distinta con el pueblo mapuche no es aceptable que existan funcionarios o autoridades que no valoren el conocimiento de la lengua y cultura de las Primeras Naciones.», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 22 de diciembre 2020 Crónica Digital
El Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial patrocinó el recurso de amparo preventivo que interpuso ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el werkén Luis Navarro, Mapuche Williche de la Comunidad Leviñanco Ta Leufu, en contra del empresario y representante legal de la inmobiliaria Alto Maullín, Rolando Arturo Winkler Fuchslocher y de la Subcomisaría de Carabineros de Llanquihue, Policía de Investigaciones de Puerto Varas. La comunidad está ubicada en la ribera del Río Maullín en la Provincia de Llanquihue. Observadores de nuestra organización, con sede en Puerto Varas, constataron en terreno la gravedad de los hechos. El werkén lleva meses siendo atacado por los avances de los proyectos Inmobiliarios de la empresa Alto Maullín debido las constantes agresiones mediante el uso de maquinaria pesada. Esta situación ha recrudecido las últimas semanas, ya que la inmobiliaria generó un socavón en el cerro inmediatamente arriba de donde se encuentra el hogar de Navarro y su familia, provocando el desprendimiento de rocas de hasta media tonelada, que caen en las inmediaciones de su Ruca y Huerto, exponiendo y arriesgando la vida de él y su familia y que compromete además el sustento de su comunidad y a costa de la flora y fauna nativa de un sitio declarado Santuario de la Naturaleza. Navarro ha realizado diversas denuncias ante fiscalía, carabineros y la policía de investigaciones, sin embargo no ha contado con el respaldo de estas instituciones para investigar dichas denuncias, pese a que los hechos ocurridos constituyen delitos penados y sancionados por nuestra normativa penal, como la tala ilegal de bosque nativo y contaminación de cursos de agua, entre otros. Por esta razón el recurso de amparo preventivo se extiende a las policías debido a su inacción ante las denuncias, como lo consigna el werkén Luis Navarro en su escrito “dejé constancia de todos los hechos ya relatados, especialmente del miedo de ser aplastados por estas rocas y, sin embargo, hasta la fecha no he recibido ninguna ayuda. El mismo lunes 14 de diciembre, acudí a las oficinas de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, a interponer una nueva denuncia por intentos de homicidio …. nadie se constituyó en terreno a constatar la situación de riesgo en la que nos encontrábamos ese día, tampoco se tomó ninguna medida de protección o investigación adicional a consignar por escrito mis dichos”. En el amparo el werkén especifica que “a medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar”. Los hechos relatados amenazan los derechos a la libertad personal y seguridad individual que se consagran en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y en lo establecido en instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados y vigentes en Chile y demuestran la vulneración de la seguridad individual, sufriendo actos atentatorios y amenazadores contra la integridad física, psíquica y un riesgo cierto de la vida de las personas. Como organización comprometida con el respeto y promoción de los […]
