“El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de la fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico ‘derrame’ o ‘goteo’ (…) como el único camino para resolver los problemas sociales. No advierte que aquel supuesto ‘derrame’ no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social”. La cita no es una reflexión procedente desde la izquierda, el progresismo o los movimientos ciudadanos, los mismos que la derecha suele calificar de “populistas”. Es una de las ideas clave de la nueva Carta Encíclica del Papa Francisco, la tercera de ese tipo en sus casi ocho años de pontificado: “Fratelli tutti”, sobre “la fraternidad y la amistad social”. El diario español “El País” comentó que “defiende una suerte de mirada del mundo que bien podría redefinir los valores del socialismo actual”. El mensaje de Bergoglio es particularmente significativo en un contexto en que una de las bases de la contraofensiva de la derecha y de los neofascismos es la manipulación de la religiosidad, considerando su arraigo en la sociedad popular. En el texto, el Papa Francisco arremete contra la globalización fundada en la desigualdad, el neoliberalismo, el predominio de la propiedad privada sobre el derecho común a los bienes, la falta de empatía con los inmigrantes. Fustiga la falta de aprendizaje luego la última crisis económica, donde no se reguló “la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia”. Y subraya: “Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad”. El contexto temporal de la Encíclica, por cierto, es la pandemia de la COVID–19, situándola en el marco más amplio de la crisis social de la humanidad: “Algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos”. Agrega: “El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia”. Y sostiene: “Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos […]
DD.HH.
El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, expondrá ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, acerca de la grave situación que vive el país en materia de violaciones a los derechos humanos, con ocasión de cumplirse un año del inicio del denominado «estallido social» y dará cuenta del incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en esta materia. Cabe tener presente que la Institución ha presentado 40 querellas durante el período, 21 de las cuales han sido interpuestas en contra del Presidente de la República, el Ministro del Interior y el Director General de Carabineros, por su participación en crímenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley 20.357, vigente desde el año 2009. La presentación tendrá lugar este jueves 8 de octubre, entre las 15:30 y 17:30 horas, en el marco de la sesión convocada por los representantes de la Cámara Alta, para analizar las «Deudas pendientes en DD.HH. a un año del estallido social, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición». Esta sesión especial fue convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senador Juan Ignacio Latorre, y están invitados, además, el Director del INDH, Carabineros de Chile, y Lucía Dammert, académica titular de la Universidad de Santiago de Chile. El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, expondrá ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, acerca de la grave situación que vive el país en materia de violaciones a los derechos humanos, con ocasión de cumplirse un año del inicio del denominado «estallido social» y dará cuenta del incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en esta materia. Cabe tener presente que la Institución ha presentado 40 querellas durante el período, 21 de las cuales han sido interpuestas en contra del Presidente de la República, el Ministro del Interior y el Director General de Carabineros, por su participación en crímenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley 20.357, vigente desde el año 2009. La presentación tendrá lugar este jueves 8 de octubre, entre las 15:30 y 17:30 horas, en el marco de la sesión convocada por los representantes de la Cámara Alta, para analizar las «Deudas pendientes en DD.HH. a un año del estallido social, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición». Esta sesión especial fue convocada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senador Juan Ignacio Latorre, y están invitados, además, el Director del INDH, Carabineros de Chile, y Lucía Dammert, académica titular de la Universidad de Santiago de Chile. Santiago de Chile, 7 de octubre 2020 Crónica Digital
El Presidente Sebastián Piñera lamentó que un joven resultara gravemente herido a causa de la violencia policial, pero, agregó, “quiero expresar mi profundo respaldo a la institución de Carabineros de Chile y por eso hago un llamado al Congreso para acelerar la ley que modernice la institución para poner orden público”. El Mandatario hizo estas declaraciones tras sostener al filo del mediodía una inesperada reunión con los presidentes del Senado, Adriana Muñoz; de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, y de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en el Palacio de La Moneda. Piñera dijo condenar y lamentar lo ocurrido el pasado viernes, cuando un joven de 16 años cayó al lecho del río Mapocho al ser empujado desde lo alto del puente Pío Nono por un carabinero, en medio de una manifestación, así como la muerte de un trabajador en la localidad de Collipulli en medio de un ataque incendiario de desconocidos. Sin embargo, se abstuvo de calificar de alguna forma la actuación del carabinero y se limitó a expresar su solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus respectivas familias y señaló que “la vida humana y la dignidad de las personas es un valor esencial”. Más adelante expresó su profundo respaldo a Carabineros, aunque dijo rechazar “cualquier desvío de los protocolos y las reglas que deben regir nuestras fuerzas de Orden y Seguridad” y que todo atentado a los derechos humanos “debe ser investigado y, si corresponde, sancionado por los tribunales”. En sus palabras, el Mandatario tampoco se refirió a las exigencias de medios políticos y sociales para que el general director de Carabineros, Mario Rozas, presente su renuncia o sea destituido, como consecuencia de los acontecimientos del viernes 2 de octubre, que son calificados de reiteración de una conducta sistemática. EXPULSION DE CARABINEROS Más tarde, Carabineros anunció a través de un comunicado oficial que el policía que empujó al joven desde el Puente Pío Nono al río Mapocho será expulsado de la institución. Sin embargo, la decisión no fue adoptada por su participación en ese hecho, sino porque el efectivo ese día “portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada”, algo que no fue comunicado a las autoridades. Según detalló la policía uniformada, la omisión de este hecho “constituye una grave falta administrativa” pues “existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales”. Añadieron que “el incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo”. Carabineros aseguró, asimismo, que “reitera su compromiso con la verdad” y que colabora con “transparencia y celeridad” para aclarar judicialmente el repudiado hecho. Luego de su detención, producida el sábado, Sebastián Zamora, acusado de homicidio frustrado, fue enviado a prisión preventiva por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, medida que cumple en el Centro de Detención Transitoria Pudahuel Norte. Con información de la Agencia Informativa Prensa Latina. Santiago, 7 de octubre 2020. Crónica Digital.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, resaltó la importancia de invertir en salud tanto o más de lo que muchos países gastan en sistemas militares. Durante una junta ejecutiva especial de esa institución, la autoridad recalcó que la pandemia de COVID–19 demostró la necesidad de preparar al mundo para asumir de mejor manera en el futuro eventos sanitarios tan devastadores. “Así como muchos países invierten mucho en su capacidad militar en caso de conflicto, también deben invertir en capacidades sólidas de salud pública para prepararse, prevenir, detectar y responder rápidamente a los brotes cuando ocurren”, afirmó. Adhanom lamentó que durante la reunión de la junta ejecutiva especial en febrero del presente año solo había 151 casos con SARS–CoV–2 en el mundo y un muerto, y la cifra hasta hoy alcanza los 35 millones de personas y más de un millón de fallecidos. Resaltó, además, que se trata de una pandemia desigual en el planeta pues, aunque casi todas las naciones están afectadas por la enfermedad, “10 países representan el 70 por ciento de los casos y muertes notificadas, y solo tres aportan casi la mitad de los infectados con COVID–19”. Ante esta situación, el director de la OMS recordó que cada región puede revertir los impactos nocivos de la pandemia si actúa con factores imprescindibles como: fuerte liderazgo, acompañado de estrategias claras e integrales, una comunicación constante y su población comprometida. Por otro lado, destacó las iniciativas de trabajo conjunto lideradas por la OMS como el Acelerador de Acceso a las Herramientas sobre la COVID–19, mediante el cual se logra una colaboración global para el desarrollo, la producción y acceso a los diagnósticos, terapias y vacunas contra el virus. A dicha iniciativa se suma, el programa mundial de vacunas contra, Covax, que apoya el progreso de nueve vacunas contra el nuevo coronavirus, y otras más en trámite. “La instalación de Covax cubre 168 países y economías que representa más de 2/3 de la población mundial y todavía estamos en conversaciones con otros 25 países a fin de lograr su incorporación”, aseveró Adhanom. El director general de la OMS reafirmó que la institución trabaja día y noche para ayudar a los Estados a prepararse y responder ante el nuevo coronavirus; pero es necesario “ir más rápido, llegar más lejos y hacerlo todos los países juntos”. Ginebra, 5 de octubre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
La importancia de la vivienda como factor del desarrollo urbano sostenible y la urgencia de mejorar las condiciones de los hogares, agravadas por la COVID–19, fueron temas centrales en la celebración del Día Mundial del Hábitat. En su comunicado por la conmemoración, el secretario general de la ONU, António Guterres, señala que es necesario adoptar medidas en todos los países para proporcionar a las familias de bajos ingresos y poblaciones vulnerables viviendas asequibles con seguridad al acceso de agua potable, saneamiento, transporte y más servicios básicos. Destaca, además, que el acceso al agua limpia y la sanidad, junto con el distanciamiento social, son respuestas clave a la pandemia de la COVID–19. Sin embargo, “en los barrios marginales resulta difícil aplicar esas medidas”. “Ello supone un mayor riesgo de infección, no solo en los propios barrios marginales, sino en ciudades enteras, muchas de las cuales reciben en gran parte los servicios de trabajadores de bajos ingresos del sector informal que viven en asentamientos informales”, afirma. Datos de la ONU aseveran que alrededor de mil 800 millones de personas, o más del 20 por ciento de la población mundial, carecen de una vivienda adecuada, mil millones viven en asentamientos informales y más de 100 millones de individuos en el orbe no tienen hogar. Para 2030 el número de personas con residencias inadecuadas podría aumentar a tres mil millones. “La vivienda es tan fundamental para el carácter, la forma y la vitalidad socioeconómica de las ciudades como para los resultados de salud pública”, indica el texto. Asimismo, llama al aprovechamiento de la jornada por el Día Mundial del Hábitat bajo el lema “Vivienda para todos — Un mejor futuro urbano”, para propiciar el debate global sobre el impacto transformador de la COVID–19 en el sector habitacional. La pandemia ha puesto de relieve la paradoja de la vivienda: “en un momento en que las personas necesitan refugio con urgencia, millones de apartamentos y casas están vacías”, señala el informe de la ONU. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la ONU apunta a ciudades resilientes, inclusivas, seguras y diversas para 2030 y una de las metas es el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles para todos y la mejora de los barrios marginales. En 1985 las Naciones Unidas designaron el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat para reflexionar sobre el estado de los pueblos y ciudades, así como del derecho básico de todos a una vivienda adecuada. La jornada se celebró por primera vez en 1986 con el tema “La vivienda es mi derecho” y la ciudad de Nairobi, en Kenya, fue anfitriona para la festividad de ese año. Imagen: Fundación Rosa Luxemburgo. Naciones Unidas, 5 de octubre 2020. Crónica Digital / Prensa Latina.
Todas las fuerzas de oposición de Chile exigen hoy la renuncia del director de Carabineros de Chile, general Mario Rozas, luego que un joven fuera empujado desde un puente al rio Mapocho por un uniformado. El hecho, en el cual resultó gravemente herido el adolescente de 16 años en medio de una manifestación en esta capital, renovó las críticas a la violencia con que actúa la institución policial contra los participantes en las protestas, más acentuadas a causa de las contradictorias declaraciones de carabineros y por videos circulados en redes sociales. Si bien en un principio oficiales superiores de esa institución rechazaron las acusaciones, más tarde señalaron que fue un «lamentable accidente» en medio de un procedimiento policial, y hoy el general Enrique Monras, jefe de zona Metropolitana Oeste de Carabineros, señaló que el joven «perdió el equilibrio» cuando un uniformado intentó detenerlo. Además señaló que el carabinero implicado se mantendrá en funciones administrativas en su unidad mientras dure la investigación. Desde la oposición las exigencias son radicales y el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que el alto mando de Carabineros no tiene capacidad, ni autoridad para iniciar un proceso de reestructuración en esa institución. La senadora socialista Isabel Allende exigió una «inmediata investigación y justicia sin montaje. De ser así, inmediata renuncia del director general como lo demandamos antes por graves violaciones a los derechos humanos». El senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier sostuvo que «las horrorosas imágenes de un carabinero empujando al río Mapocho a un joven manifestante reflejan la profunda descomposición de Carabineros» y pidió a Sebastián Piñera destituir a Rozas y nombrar «urgentemente un interventor civil de la institución». Desde el Partido Comunista, el alcalde Daniel Jadue señaló que este suceso debiese ser suficiente para que el ministro del Interior y el director de Carabineros pongan sus cargos a disposición». El diputado Gabriel Bóric, de Convergencia Social, afirmó que «esto es un intento de asesinato, quienes lo hicieron son criminales, y quienes lo defienden, cómplices». El Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y el diputado comunista Hugo Gutiérrez, anunciaron que interpondrán querellas por homicidio frustrado. En tanto desde el gobierno, el ministro del Interior, Víctor Pérez, se limitó a expresar que se trató de «un procedimiento policial en un momento de violencia, es lamentable que haya ocurrido. Estamos trabajando para que estos hechos no ocurran». En una declaración oficial dijo condenar estos hechos de violencia pero consideró que Carabineros «ha hecho grandes esfuerzos» para actuar correctamente en el respeto de los derechos humanos y alegó que si hubo delito se aplicarán las medidas que determinen las investigaciones paralelas que realizan la institución policial y la Fiscalía. Santiago de Chile, 3 de octubre 2020 Crónica Digital/PL
Por: Mirna Concha, periodista y analista comunicacional De cara al histórico proceso constituyente que debe vivir Chile a partir del Plebiscito del 25 de Octubre, Sebastián Piñera desaprovechó la tribuna perfecta para hacer un gesto de unidad, y en humildad, admitir lo que el país y el mundo saben: en Chile se violan los derechos humanos. Esto fue denunciado por organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre muchos otros que visitaron el país a propósito de los acontecimientos del 18 de Octubre, y consignado en informe anual de Amnistía Internacional, y por la propia Comisionada ONU, ex Presidenta Michelle Bachelet. Pero todo esto se vuelve letra muerta ante afirmaciones que sin mayor fundamento, Piñera hizo ante la 37 Asamblea de Naciones Unidas. Su discurso estuvo centrado en añejos argumentos que, al ser tan repetitivos, pierden validez y credibilidad; simple retórica. Algunos medios han ido más allá, indicando que a lo menos tres frases fueron “copy paste” del pronunciado en 2018. Emulando el discurso electoral de Trump, Piñera centró el tema de derechos humanos en Venezuela, a miles de kilómetros de La Moneda. Antigua estrategia política; desviar la atención frente a situaciones de conflicto que afectan libertades fundamentales, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ratificadas constitucionalmente por cada uno de los 193 países integrantes de la ONU. Chile figura entre los 51 estados fundadores. “El Gobierno escuchó con atención, con sensibilidad y con sentido de urgencia y puso rápidamente en marcha una nueva agenda social”, dijo en relación al movimiento social del 18 de Octubre, cuando en realidad su gobierno se ha opuesto y obstaculizado iniciativas tendientes a dar respuestas a esas demandas. Ejemplos hay muchos tras el “parto con fórceps”, que en la madrugada del 15 de Noviembre “dio a luz” al denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que Piñera calificó en la ONU, como una “salida institucional” al conflicto. La negativa al retiro 10% AFP y la decisión de no suscribir el Acuerdo de Escazú, “primer pacto regional para garantizar acceso a la información, y participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales”, son algunos, entre muchos otros. Causas por «torturas y lesiones graves gravísimas» Sus declaraciones en materia de derechos humanos no son más que puestas en escena; decir lo políticamente correcto; pero en la práctica, sigue gobernando a través de principios economicistas de corte neoliberal, con enemigos internos que justifican su aplicación de políticas represivas, que según cifras del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre el 18 de octubre y 17 de noviembre de 2019 concluyeron con más de 25.000 detenciones en contexto de protestas y manifestaciones. “Según la información reciente del Instituto de Derechos Humanos (INDH), hubo 3.800 heridos, de los cuales 460 son por trauma ocular; 8 homicidios consumados y 36 frustrados; y 257 denuncias por abusos sexuales, en tanto 1.083 lo son por tortura y tratos crueles, todo ello imputado a agentes del Estado”, señala en un artículo recientemente […]
La parlamentaria mapuche recordó además que «Chile ha sido sancionado constantemente a nivel internacional, por la violación de los derechos de nuestro pueblo». La Presidenta de la Comisión de Derechos de la Cámara, Emilia Nuyado, afirmó condenar «todo tipo de abusos pero exigimos que la Derecha y el gobierno de Chile condene también las violaciones a los derechos humanos que se han producido en Chile desde el 18 Octubre hasta ahora». Ello luego de el Informe de la ONU sobre esta materia respecto a Venezuela. Al respecto la diputada, dijo que «En Chile hace un año hemos visto cómo se han intensificado los graves abusos por parte de Carabineros y las fuerzas armadas, con la complacencia del gobierno de Piñera». «Exigimos que la misma energía que ocupa este gobierno por el tema de Venezuela, la destine a condenar y establecer responsables de los asesinatos, mutilaciones y torturas que se produjeron desde el 18 de octubre. Aquí hay un gobierno y una derecha con doble standard que buscan generar divisiones en la oposición», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recordó además que «los últimos meses hemos sido testigo que con la complacencia de las autoridades de gobierno se ha reprimido y violentado los derechos de niños, niñas y adolescentes mapuche . Chile ha sido sancionado constantemente a nivel internacional, por la violación de los derechos de nuestro pueblo y no veo a la derecha preocupada por esa situación». «Piñera, su gobierno y los partidos que los apoyan prefieren mirar la paja en el ojo ajeno, que la viga en el propio. Hay varios casos de asesinatos producidos durante el estallido social que aún no tienen responsables y hoy vemos como el General Rozas sigue en su cargo pese a que hay pruebas que indican que avaló la conducta represivas de Carabineros. Si vamos a hablar sobre violaciones a los Derechos Humanos hay que partir por casa», concluyó Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 21 de septiembre 2020 Crónica Digital
Las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo rechazaron los dichos de la Subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren , calificando sus palabras como “una defensa a una verdadera tortura que sólo daña a la diversidad sexual”. Para la diputada Karol Cariola, las palabras de la autoridad avalando las terapias de conversión, en el marco de la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio, generan un daño irreparable a la diversidad sexual, lo que provocó que la organización Movilh solicitara la renuncia de Recabarren. “Apoyo completamente la moción del Movilh por las declaraciones de la Subsecretaria de DD.HH, pues están completamente en contra de lo que la OMS ha recomendado al respecto, estas terapias de conversión que fueron muy utilizadas en un momento, cuando se catalogaba a la homosexualidad como una enfermedad, etapa que afortunadamente ya está absolutamente superada en nuestro país, pero que bajo la mirada retrógrada de algunas autoridades se intenta revivir”, afirmó Cariola. La parlamentaria cuestionó el rol de la autoridad, indicando que con sus dichos, no garantiza el respeto y defensa de todos y todas en materia de derechos humanos. “Me parece que ella no está garantizando desde su rol como Subsecretaria de los Derechos Humanos los derechos de las personas que son sometidas a estas terapias que son verdaderas torturas psicológicas y que lo único que hacen es dañar a las personas y particularmente a los niños y niñas que a veces son sometidos a la fuerza a este tipo de situaciones”, lamentó la diputada. “Nosotros presentamos junto a la diputada Natalia Castillo un proyecto de ley para prohibir completamente estas terapias en nuestro país, creemos que acá no hay nada que convertir, las personas que tienen una determinada orientación sexual tienen todo el derecho a ser respetadas, resguardadas y a ser tratadas como cualquier otro ser humano y no ser tratados como personas enfermas por tener una determinada orientación sexual”, sostuvo la representante de la tienda comunista. Por su parte, la diputada Camila Vallejo calificó como “ignorancia o maldad” las palabras de Lorena Recabarren, las que avalarían esta forma de violencia contra la diversidad sexual. “No sé si es ignorancia, o lisa y llanamente es maldad, pero la Subsecretaria de Derechos Humanos lo que hace con sus dichos es avalar una forma de violencia contra las personas de la comunidad de la diversidad sexual. La OMS ha sido sumamente clara en prohibir este tipo de tratamientos, no solamente porque no sirve pretender convertir a una persona gay, a una persona homosexual o lesbiana , sino porque tiene efectos sumamente nocivos para las personas en términos físicos, psíquicos y el efecto en posibles depresiones es tremendo”, puntualizó. Para Vallejo, que la representante del gobierno no esté al tanto que este tipo de tratamiento es considerado una tortura, permitiría legitimar la violencia contra la diversidad sexual. “Realmente esto ya está superado en el mundo, está considerado casi como una forma de tortura y que la Subsecretaria desconozca eso y que quiera incluso a pesar de eso […]
En aquellos casos que, a su juicio, las personas deseen someterse a estos tratamientos, “que para la OMS y el Ministerio de Salud solo provocan daño, pues no hay nada que curar. Esto es como legalizar el suicidio”, señaló el Movilh junto con exigir la renuncia de la Subsecretaria. Como “abominable y totalmente contrario a la dignidad humana” calificó hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) la propuesta a favor de las terapias reparativas de homosexualidad o transexualidad que manifestó hoy la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en el marco del tramite parlamentario para reformae a la Ley Zamudio. El vocero del Movilh, Oscar Rementería, señaló que “estas terapias están prohibidas, totalmente prohibidas, por la Organización Mundial de la Salud, por nuestro propio Ministerio de Salud y por todos los organismos internacionales de derechos humanos”. “Que Recabarren valide la existencia de estas terapias si es que una persona quiere someterse a las mismas, como lo señaló hoy en el Senado, refleja una abierta violación a los derechos, un desconocimiento total de la dignidad humana. Por esto, exigimos su renuncia. Debe renunciar, si está posibilitando o pretendiendo que una persona se someta a torturas porque esa es su voluntad. Esto es como legalizar el suicidio. Es una violación a los derechos humanos que proviene nada más, ni nada menos que de la Subsecretaria de Derechos Humanos”. En efecto, Recabarren señaló hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que el “Estado de Chile siempre ha señalado que se opone a las terapias de conversión. Pero la forma que está redactada (una indicación de la senadora Adriana Muñoz) está en términos absolutos, es decir se podría aplicar a casos donde se podrían contar con la anuencia de una persona que quisiera tratarse, y ahí estamos en un problema, porque iríamos contra la voluntad de una persona”, dijo. Añadió que “teniendo presente la prohibición de las terapias de conversión, que obliguen a las personas a intentar cambiar su identidad, expresión de género u orientación sexual, teniendo clarísimo esto, podría ocurrir que una persona que si quisiera y tuviera la voluntad de hacerlo y estaríamos diciendo que este tipo de actos es discriminatorio. Por tanto no está adecuadamente redactada”, la propuesta de la senadora Muñoz, dijo. Para Rementería, “Recabarren está diciendo, en otras palabras, que si una persona LGBTI piensa que su homosexualidad o transexualidad es una enfermedad, tiene derecho a someterse a terapias de conversión, que de acuerdo a la OMS, no tienen ningún resultado, porque no hay nada que curar. Por el contrario, solo provocan más daño en las personas”. “Esta declaración, es de como de comienzos de los 90, no está a la altura de los tiempos, ni menos de los derechos humanos. Por dignidad, Recabarren debe renunciar. Presentaremos una carta al Gobierno y al presidente Piñera exigiendo ello”, finalizó Rementería. Santiago de Chile, 14 de septiembre 2020 Crónica Digital
