A más de medio centenar de vecinos y vecinas llegó el número de denunciantes contra Edelaysén por construcción de una central hidroeléctrica en las cascadas de Los Maquis sin pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este fin de semana se hicieron parte del escrito original, presentado en marzo de este año ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), un total de 29 personas, que junto con las 22 originales contabilizan 51 firmantes del pueblo. En el escrito señalan que “somos habitantes de la localidad de Puerto Guadal y sus alrededores; manteniendo un vínculo directo con el área de influencia del proyecto en cuestión. Aquí desarrollamos nuestras vidas, como estudiantes, profesionales, trabajadores, padres, madres, hijos, etc; traduciéndose aquello un legítimo interés en la protección de los valores ambientales de nuestro territorio adyacente y en la sustentabilidad de las decisiones – tanto políticas como empresariales – que se adopten con relación al desarrollo del lugar en que habitamos en general, y el río Los Maquis en particular”. Uno de los puntos centrales en discusión, tanto ante la SMA como ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) donde también se sigue un proceso, es si una generadora de 1MW debiera o no ingresar al SEIA. Cuando la empresa consultó al SEA en agosto del año pasado este comunicó que no era necesario, basándose en que el Artículo 10 letra C de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El artículo 10 lista 19 tipos de proyectos que la legislación presume pueden generar impactos ambientales en su área de influencia. En su letra C establece que deben ingresar al SEIA “centrales generadoras de energía mayores a 3MW«. En esto se basó el SEA para dar la respuesta a Edelaysén. Sin embargo, no consideró que el mismo artículo, en su letra P dispone que deben ingresar al sistema toda “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. La central Los Maquis se emplaza está dentro de la Zona de Interés Turístico Chelenko (ZOIT), por lo cual los denunciantes consideran que debió evaluarse ambientalmente, con participación ciudadana institucional de la comunidad. De esta forma se habrían evaluado y eventualmente evitado una serie de impactos ya patentes, tanto de carácter ambiental como la corta de bosque nativo e intervención con maquinaria en el área de influencia de su proyecto para la construcción de un camino, no obstante haber declarado -en la información parcial entregada a la autoridad- que se utilizaría el existente desde la operación original del proyecto. Además, se podría haber conservado la casa de máquinas como patrimonio histórico. El martes el poblado logró postergar el reinicio de faenas, paralizadas desde mediados de marzo por la pandemia, que la empresa había programado para la primera semana de julio. Ese día, por videoconferencia con la comunidad local el gerente comercial, Marcelo […]
Nacional
A más de 100 días de la pandemia Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, en conjunto con TúInfluyes.com entregan resultados de la encuesta “Ciudadanía activa, participación política y proceso constituyente: Mujeres 2020”. El objetivo del estudio fue conocer las percepciones de las mujeres en torno a la discriminación de género y su relevancia para la participación política, así como la definición de los principales debates en el proceso constituyente. Son tres los ejes en torno a los cuales se realizan las preguntas sobre: plebiscito y participación de las mujeres, conciencia de género y Nueva Constitución. PLEBISCITO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Las mujeres están pensando en el Chile que viene y en ser protagonistas del mismo. En esa línea, un 82% afirma que irá a votar en el mes de octubre. Consultadas si las elecciones fueran el próximo domingo, un 74% votaría apruebo Nueva Constitución, ¡mientras que un 54% señala que el órgano que debe redactar la nueva carta de navegación debe ser una Convención Constituyente. Las entrevistadas dicen estar de acuerdo con la paridad de género (87%) y un 92% considera que las mujeres que integren la Convención Constituyente contribuirán a que se representen las necesidades e intereses de las mujeres. Consultadas por las condiciones que dificultan el acceso a las mujeres en política, un 80% señala el escaso apoyo de los partidos políticos, seguido por la carencia de recursos económicos (67%) y un 60% sostiene que es por el poco apoyo de otras mujeres. NUEVA CONSTITUCIÓN El estudio de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, da cuenta que un 76% de las participantes declara que la futura Constitución debiera prohibir la discriminación por pertenencia a pueblos originarios. Un 75% cree que no se debiera discriminar por nacionalidad y un 73% por situación de discapacidad y condición económica-sexual. Las encuestadas señalan que la Constitución debe garantizar el derecho a la salud, (46%); derecho al agua (19%) y derecho a la educación (15%). Por otra parte, advierten que la Nueva Constitución debe incluir derecho a la igualdad salarial entre mujeres y hombres (91%), reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres (87%) y derecho a la vida libre de violencia hacia las mujeres (86%). Un 93% está a favor de que se reconozca en la futura Constitución la existencia de distintos pueblos originarios y un 86% incorporaría el reconocimiento de lenguas indígenas como oficiales en Chile. Un 82% cree que debe haber cupos reservados para representantes de pueblos indígenas y 67% autonomía territorial. Respecto a las formas de participación ciudadana, un 95% está de acuerdo que la Nueva Constitución debe incluir remover a las autoridades de sus cargos cuando no cumplan sus obligaciones y un 93% cree que se debe considerar los plebiscitos y consultas para que la ciudadanía pueda decidir en temas relevantes de proyectos de ley. En relación al sistema político un 62% se inclina por un semipresidencial, es decir, un equilibrio del poder entre la o el presidente […]
Por Rafael Calcines* Abrumadas tradicionalmente por una sociedad machista donde son discriminadas en casi todos los espacios de la vida, las mujeres chilenas padecen con mayor fuerza que sus congéneres masculinos los efectos de la pandemia de Covid-19. Ellas tienen un mayor contacto con pacientes de Covid-19, tanto por representar gran parte del personal de salud como por ser quienes en los hogares llevan el peso del cuidado de niños y adultos mayores, al tiempo que por causa del confinamiento, sufren efectos profundos en el ámbito de la salud mental, con problemas como ansiedad, insomnio y depresión. A los problemas de salud se suma que las mujeres acuden con menor frecuencia que los hombres a las consultas médicas cuando sospechan haberse contagiado de la enfermedad, mientras que también llevan la peor parte en los problemas económicos y laborales generados por la crisis sanitaria en el país. Estos son algunos de los problemas recogidos en el quinto Informe del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile (MOVID-19) una labor conjunta entre la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y el Colegio Médico, con la cooperación de otras instituciones. En esta edición, aparecida recientemente, se tuvieron en cuenta además datos de la encuesta Termómetro Social, realizada por el Centro Microdatos de la Universidad de Chile, el Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), cuyo trabajo de campo se desarrolló entre el 30 de mayo y el 10 de junio 2020. Según el completo estudio, en todos los aspectos evaluados, la situación de las entrevistadas, un total de 45 mil 499, es mucho peor que la de los hombres. Mónica Gerber, investigadora del equipo MOVID-19 explicó que para hacer el estudio «nos preguntamos sobre los efectos negativos que la crisis sanitaria ha tenido para mujeres y trabajadoras de la salud, y planteamos la necesidad de tener un enfoque transversal de género al momento de definir políticas públicas, para que logren dar cuenta de las necesidades particulares que tienen las mujeres como uno de los grupos más expuestos durante la crisis». Por su parte, la académica Francisca Crispi, presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico, aseguró que la situación actual ha provocado una crisis a nivel social y económico importante, en especial en un grupo vulnerable como es el de las mujeres. Esto las afecta más -añadió-, porque tienen trabajos precarios e informales que se han perdido con la pandemia; y el cierre de colegios y guarderías ha aumentado los cuidados de los niños en los hogares, lo que conlleva una mayor carga para las mujeres. Pero también se han elevado significativamente los casos de violencia de género y las dificultades en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Uno de los resultados más preocupantes del informe Movid19 fue que las mujeres de todas las edades buscan menos atención médica que los hombres cuando tienen síntomas compatibles con Covid19, lo que se aprecia más en las mayores 65 años. De estas […]
Una mayor celeridad y transparencia en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para que las familias puedan enfrentar la pandemia de Covid-19, exigieron hoy al gobierno de Chile partidos de oposición. En una declaración pública señalan que el gobierno anunció que ya otorgó el IFE de cien mil pesos (unos 120 dólares) por persona a 404 mil 530 familias, pero el anterior, ascendente a 65 mil pesos (unos 80 dólares) lo recibieron un millón 260 mil familias que también debían recibir este. El texto, firmado por los presidentes de los partidos Socialista, Radical y Por la democracia, califica de «incomprensible e irresponsable» que este nuevo aporte no se les haya otorgado a todos esos hogares. Asimismo añade que todavía se desconoce cuántos son los potenciales beneficiarios de la nueva ayuda ni se ha informado a las familias de las gestiones necesarias para obtenerlo. Agregan los firmantes que «tampoco se ha fundamentado la razón por la cual a muchos se les rechazó el subsidio original, y cuántos de esos ahora sí podrían recibirlo, ya que subió el monto para ser beneficiario». A estos inconvenientes se suma que el Registro Social de Hogares reportó a muchas familias ingresos superiores a los que han tenido, sin mediar explicación de por qué ello ocurre», advierte la declaración. Al respecto insiste en que «subsisten serios problemas administrativos que limitan el acceso al IFE que urge corregir. La actual situación demanda transparencia, que el Gobierno no está teniendo» e insiste otorgar la ayuda a cuentagotas, lo que ha demostrado un total fracaso. Los firmantes recordaron los regateos de La Moneda para ayudar a millones de familias perjudicadas por la crisis sanitaria, económica y social, pues primero propuso un aporte de 50 mil pesos, luego subió a 65 mil y finalmente a 100 mil presionado por la oposición y así y todo quedó por debajo de las reales necesidades de los chilenos más necesitados. Más de tres meses después de que se informara el primer caso de Covid-19 el tema de las ayudas sigue dando quehacer a pesar de que en fecha temprana políticos de oposición, académicos y economistas exigieran el respaldo estatal a millones de personas cada vez más perjudicadas por las consecuencias de la pandemia. Esa carencia obliga a muchos a tener que salir cada día a buscar el sustento para su familia a riesgo de contagiarse con el coronavirus e incluso ha habido numerosas protestas en esta capital y otras ciudades a causa del hambre que padecen muchos hogares porque sus miembros quedaron sin trabajo. Santiago de Chile, 28 de junio 2020 Crónica Digital/PL
El senador Alejandro Navarro (PRO) presentó hoy un recurso de protección en contra del Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, por el desalojo de una familia que vivía en una propiedad ubicada en el sector Teniente Merino 1 de la comuna de Concepción. El hecho fue denunciado a través de un video en redes sociales, donde se muestra a una mujer de la tercera edad conmocionada durante el desalojo realizado por Carabineros. La orden, que se produce durante la visita del ministro de Bienes Nacionales Julio Isamit, fue ejecutada a petición de la Secretaría Regional Ministerial del Biobío, que reclama por el terreno que pertenece al Estado desde 1989, pero que, sin embargo, es habitado por Julio Padilla y su familia desde 1992, quienes se encuentran postulando al subsidio de arriendo. Sobre el desalojo de la familia Padilla, el parlamentario comentó que “cuando el Gobierno dice ‘quédate en casa’, el Ministro Isamit lanza familias a la calle en medio de la pandemia. Eso no solo es falta la ética, sino que viola los derechos humanos de la familia y establece que el Ministerio de Bienes Nacionales no buscó alternativa para esta familia y la lanzó a la calle. Nada interpreta mejor a esta acción de Isamit en Concepción, que un elefante en una cristalería. Eso es lo que hizo Julio Isamit en la región del Biobío”. “Si el gobierno tuviera una Comisión de Ética, le pediríamos a Piñera que lleve a Julio Isamit, Ministro de Bienes Nacionales, a dicha comisión. Como no la tiene, lo vamos a llevar a tribunales en un recurso ante el desalojo que ha hecho en Concepción con una familia de adultos mayores que los ha arrojado a la calle”, agregó. El parlamentario insistió en que se cometió un “gravísimo” error, y señaló que “espero que el Ministro lo corrija. No vamos a permitir que se atropelle el derecho a la gente y que, en medio de una pandemia, se hagan desalojos por parte del Estado en contra de las familias vivan estas donde vivan. Todas las familias tienen derecho a estar en una casa y no pueden ser arrojadas a la calle como lo ha hecho Isamit en Concepción. Es un matonaje político que no vamos a permitir”. Concepción, 27 de junio 2020. Crónica Digital.
El Ministerio de Salud de Chile reportó otros 279 fallecidos por COVID–19, y cuatro mil 406 seis nuevos contagios, en un aumento en ambos indicadores respecto a la jornada anterior. Así, el total de enfermos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país el 3 de marzo es de 267 mil 766, mientras que la cantidad de decesos inscritos en el Registro Civil, dato al que se ajusta el parte oficial, llega a cinco mil 347. Esa cifra no contempla las muertes de personas sin exámenes de PCR, pero sospechosos de COVID–19, que contabiliza el Departamento de Estadísticas e Información de Salud y que serán informadas mañana, explicó la subsecretaria de Salud Paula Daza. Agregó que hasta las 21:00 horas del viernes, se reportan 34 mil 364 enfermos activos, con posibilidad de trasmitir la enfermedad, de los cuales dos mil 90 están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, con mil 741 de ellos en ventilación mecánica y 419 críticos. Por su parte, en referencia a la “leve mejoría’ en la situación de la pandemia señalada en días anteriores por las autoridades, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo que no se puede “bajar la guardia”. Explicó que, aunque en las Regiones Metropolitana y de Tarapacá hay un descenso en la cantidad de nuevos contagios y en el porcentaje de positividad, ocurre todo lo contrario en otras zonas del país. Al respecto, dijo coincidir con lo expuesto por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la cual señaló que los datos positivos son muy incipientes y que hablar de mejoría en estos momentos podría enviar a la población un mensaje equivocado. Este sábado el país amaneció con cerca de 10 millones de personas bajo cuarentena total, al sumarse a esa medida las comunas de El Monte, Talagante y Calera de Tango, en la Región Metropolitana; Quillota en la de Valparaíso y Graneros en la de O’Higgins con lo que son más de 60 los territorios con estricto confinamiento. Santiago, 27 de junio 2020. Crónica Digital / PL.
Han sido semanas duras para nuestro país, días en los que nuestras vecinas y vecinos se han reencontrado y reorganizado debido a la necesidad. La escasez de puestos de trabajo, la nula planificación en la distribución de alimentos y el notable abandono del Estado a las familias chilenas han sido las condiciones que han llevado a la oposición a proponer proyectos de ley urgentes que logren sobrellevar de mejor manera la crisis sanitaria y económica que vivimos. Proyectos como el Postnatal de Emergencia, la suspensión del pago del CAE, la prohibición del Corte de Servicios Básicos, la eliminación de las AFP para reemplazarlas por pensiones solidarias, el aumento de impuestos a los súper ricos para financiar una Renta Básica de Emergencia, importantísimos para nuestro Pueblo, han sido indolentemente declarados inconstitucionales por el Presidente Sebastián Piñera y su miserable gobierno. Esta acción de completo desprecio por la vida, la salud y las condiciones de vida de la mayoría de la gente que habita nuestro país solo va reforzando nuestras razones, nuestros argumentos y nuestra convicción de que debemos tener una Nueva Constitución. Piñera, sin darse cuenta, nos está dando las grandes razones que necesitaban aquellas y aquellos vacilantes y dubitativos acerca de si había que tener una Constitución nueva creada por un mecanismo democrático. Si la Constitución no es capaz de adaptarse a una situación de crisis como la que vivimos hoy, si no es capaz de validar proyectos que van en ayuda inmediata de las grandes mayorías, si no es capaz de darle a las ciudadanas y ciudadanos una manera de sobrevivir a una Pandemia o a una grave crisis económica, entonces la Constitución no sirve, no está cumpliendo su función, y debe ser cambiada. Sebastián Piñera ha vociferado por todos los medios la inconstitucionalidad de los proyectos presentados por la oposición, llegando incluso a ocupar el veto presidencial para desestimar el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos en este periodo de Pandemia. Pero al mismo tiempo que trata de defender y aplicar nuestra anticuada Constitución, va irrespetando artículos fundamentales de la misma. Al momento de declarar inconstitucionales las medidas de urgencias que propone el Congreso, Piñera transgrede el Derecho a la Vida consagrado en el Artículo 19 de la actual Constitución. Además, transgrede el artículo pilar de la Constitución, el Artículo 1°, al no lograr administrar de manera correcta el Estado para que cumpla con su deber Constitucional de resguardar la seguridad y dar protección a la población y a las familias chilenas. Esta contradicción no es solo del Presidente, sino también de la Constitución en sí, ya que al no aceptar proyectos del Congreso que velen por la seguridad y bienestar inmediato de la población, y el resguardo de la vida, en una situación de crisis, esta se incumple a sí misma. La situación es delicada y de extrema gravedad. Nuestro deber, como Progresistas, es lograr analizar, proponer y actuar de la manera más adecuada frente a esta crisis. El primer paso será resistir, después construir […]
El día sábado 20 de junio, hace exactamente una semana, las organizaciones suscritas hicimos llegar una carta al Ministro de Salud, Enrique París, solicitando una reunión urgente para presentar un conjunto de propuestas apuntando a una Nueva Estrategia Sanitaria para enfrentar el COVID-19. Nuestra voluntad reside en entregar nuevas alternativas para abordar la crisis, permitiendo cambiar el errado rumbo con que se enfrenta la pandemia. A la fecha no hay respuesta a esta petición. La Nueva Estrategia Sanitaria contiene un conjunto de medidas que a nuestro juicio, servirán para enfrentar de mejor manera la pandemia de COVID-19 que nos afecta a todas y a todos. Manifestamos nuestra profunda preocupación que el Ministro haya tachado de “co-gobierno” la medida de un Comité Nacional de Crisis con principios de participación y transparencia. Entender aquello es no comprender lo que implica una democracia sana y moderna, que no comienza y termina en las urnas, sino que se desarrolla en un diálogo permanente con las organizaciones y ciudadanía de un país, donde el liderazgo se ejerce haciéndose responsable de las decisiones e incorporando la mayor diversidad de miradas posibles. Ha sido una constante en el manejo de esta pandemia el desprecio por la participación. No querer dejarse ayudar por quienes han ofrecido colaboración desde un inicio tanto del sector de la salud como de otros sectores, como usuarias/os, expertas/os, autoridades municipales, universidades, gremios, sociedades científicas, colegios profesionales y otros, es quizás el más importante error que se ha cometido durante esta crisis. La respuesta ha sido fragmentar y excluir a voces disidentes. Así ha funcionado el Consejo Asesor, la Mesa Covid 19, el comité de medicina intensiva, las comisiones del parlamento, el “gran acuerdo nacional”, entre otros. Las propuestas ofrecidas obedecen a los malos resultados de las medidas implementadas hasta ahora, y que de no modificarse, profundizará la crisis sanitaria, social y económica. En este sentido, hacemos un llamado de atención sobre la urgencia de dar un giro efectivo en la actual estrategia sanitaria. No tenemos margen para seguir dilatando un cambio. Insistimos en la importancia de tener instancias para dialogar con todas las organizaciones firmantes, ya que esta diversidad de miradas es donde reside su fortaleza. Requerimos una respuesta por parte del gobierno y la generación de espacios de participación efectivos, con real capacidad de apoyar e incidir en la conducción de la crisis hacia una Nueva Estrategia Sanitaria. FIRMAN: Asociación Nacional de Consejos de Salud (ANCOSALUD) Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM) Confederación Nacional de Asociaciones Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile (CONAFUTECH) Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS) Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Unitaria (FENATS UNITARIA) Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS NACIONAL) Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) Federación de Asociaciones de la Salud Pública (FEDASAP) Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y afines (FENASSAP) Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada (FENATRASAP) Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP) Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios […]
Con la expansión de la Covid-19 fuera de control, y una lluvia de críticas al presidente Sebastián Piñera por diversos motivos, transcurrió en Chile la semana que concluye. Piden alcaldes al presidente de Chile promulgar importante ley Presentarán en Chile otra querella contra Sebastián Piñera Este sábado, el país sobrepasa los 265 mil infectados, mientras que la cifra de fallecidos es superior a los cinco mil según el reporte oficial, que incluye solo a los casos confirmados, pero pueden ser mas de ocho mil si se incluyen los casos sospechosos sin resultado de examen de PCR. Por la cantidad de contagios, esta semana Chile se ubicó en el séptimo lugar a nivel mundial entre las naciones más golpeadas por la pandemia, aunque en comparación con la cantidad de habitantes, se ubica por amplio margen en el primer lugar. Aun así, las autoridades sanitarias han percibido en los últimos días una leve mejoría, por la reducción de los nuevos casos diarios y del índice de positividad, que aunque se mantienen muy altos, están por debajo de los records de semanas precedentes. En medio de la lucha nacional contra la pandemia, el presidente Sebastián Piñera centró la atención al asistir al entierro de su tío, el arzobispo emérito Bernardino Piñera, cuyo funeral violó los protocolos establecidos para las personas fallecidas por Covid-19. Para muchos funcionó aquello de ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’, pues entre otras prohibiciones pasadas por alto, el féretro fue destapado a solicitud del presidente, el fallecido había sido vestido para la ceremonia, y además asistieron más personas de las permitidas, incluyendo músicos y fotógrafos. En medio de esa polémica el propio Piñera abrió otro flanco al pretender inmiscuirse en las atribuciones del parlamento, al anunciar que convocaría a un grupo de expertos en asuntos constitucionales para ‘perfeccionar’ la admisión de proyectos de ley en el Congreso, lo que generó una lluvia de críticas desde un amplio abanico político. Detrás de esa decisión, está su reticencia a firmar un proyecto de ley aprobado por el Congreso, que prohíbe a las empresas cortar los servicios básicos en medio de la pandemia y es considerado una sustancial ayuda para miles de familias presionadas por la crisis sanitaria, económica y social, pero calificado de ‘inconstitucional’ por La Moneda. Además de una intromisión en las atribuciones del Congreso, analistas y políticos calificaron esa actitud de muestra de que el mandatario está más comprometido con las grandes empresas que con las familias que lo están pasando mal en medio de la pandemia. Y por si esto fuera poco, el martes, un juzgado de garantía de esta capital admitió una querella criminal presentada por el alcalde de la comuna capitalina de Recoleta, Daniel Jadue, contra Piñera y varios funcionarios de la salud. La demanda invoca entre otros los delitos de denegación de auxilio y cuasidelito de homicidio, por la responsabilidad de las autoridades por la muerte de 62 personas, a consecuencia de la actuación negligente y grave en el […]
Este miércoles, durante su primera presentación ante la Comisión de Salud del Senado, el ministro de salud, Enrique Paris, expuso las prioridades de su gestión, entre las que se encuentra limitar las ganancias de las isapres. El titular explicó que esto se tramitará en paralelo a la reforma de Fonasa. En este contexto, el presidente de la Fundación Equidad, Tomás Lagomarsino expresó que esta medida no es la solución y se debe avanzar hacia un sistema único de salud. “Restringir o limitar las utilidades de las isapres no es la solución que nuestro sistema de salud requiere, sino que establecer principios fundamentales de la seguridad social, como lo son la solidaridad y la universalidad que, actualmente, no están en nuestro sistema de salud en su globalidad. Por lo que hay que avanzar a tener un sistema único de salud, en la cual se concentre todo el financiamiento público, fiscal de salud y, por supuesto, que las isapres pasen a ser seguros complementarios de segundo piso, como lo han solicitado tantas organizaciones de salud y nosotros como Fundación Equidad”. Por su parte, la encargada del Departamento de Salud Pública y APS de la fundación, Camila Gallardo, manifestó que la pandemia del Covid-19 ha traído distintas problemáticas, las cuales son consecuencia de un sistema de salud en decadencia y lucrativo. “Las declaraciones de Enrique Paris, de limitarle las ganancias a las isapres o incluir dentro del proyecto de ley que reforma el sistema privado, un sistema de atención primaria, no son suficientes. Hay que salir de las lógicas pública-privada y avanzar hacia las lógicas universales y solidarias, mirar hacia una reforma estructural del sistema de salud, que permita dar respuesta a todos y todas. Establecer el derecho constitucional a salud digna y construir un sistema único de salud con redes integradas y basados en la atención primaria, que permitan responder adecuadamente ante demandas futuras y con isapres, que funcionen como seguros complementarios”. Al igual que otras organizaciones Fundación Equidad continuará luchando por un sistema único de salud que garantice una salud digna para todos los habitantes del país. Santiago de Chile, 26 de junio 2020 Crónica Digital
