Iniciativa está siendo impulsada por los senadores Pedro Araya, Yasna Provoste y Carlos Bianchi, ya fue ingresada a tramitación y se pasó a la Comisión de Constitución. La crisis económica y social que afecta a miles de familias producto de la pandemia llevó a los senadores Pedro Araya, Carlos Bianchi y Yasna Provoste a presentar un proyecto de ley para reformar la Constitución y permitir que las personas puedan hacer retiro de hasta un 10% de sus ahorros en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El proyecto considera que los fondos deben ser reintegrados posteriormente para que no se vea afectada la jubilación de los afiliados. «Esta es una reforma constitucional necesaria y urgente. Existe un universo de chilenas y chilenos que hoy no tienen la tranquilidad económica para enfrentar medidas tan severas como las cuarentenas o la suspensión de sus trabajos”, indicó el senador por Antofagasta, Pedro Araya. Araya fue enfático en señalar que “esta es una fórmula que puede significar una tremenda ayuda para las familias que ven con angustia el futuro”. Además, agregó que “se trata de una iniciativa que implica responsabilidad y por lo mismo, los fondos que sean usados por los cotizantes deberán ser devueltos una vez que se terminen los estados de excepción. Esperamos encontrar eco, para alivianar en algo la enorme carga de muchos hogares en que ven pasar los días sin que nadie les tienda una mano». El proyecto presentado modifica el artículo 19 Nº24 de la Constitucion Política de la República agregándole los siguientes incisos: “En materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales, en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación. Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que se haya decretado un estado de excepción constitucional de catástrofe, de conformidad al artículo 41, los afiliados podrán retirar hasta un 10% de sus fondos previsionales, debiendo reintegrarlos posteriormente. La ley establecerá el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar dichos fondos, una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe.” El proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado. Santiago, 10 de junio de 2020 Crónica Digital.
Nacional
“Unidad para el Cambio”, compuesta por los partidos Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Comunista de Chile (PC) y Progresista (PRO), junto a la mesa política de “Apruebo Chile Digno”, compuesta por los partidos ya mencionados sumado al Partido Igualdad, movimiento Izquierda Libertaria (IL) y el movimiento Victoria Popular (VP) exigieron hoy la salida inmediata del ministro de Salud, Jaime Mañalich, ante el fracaso rotundo de las decisiones tomadas para enfrentar la pandemia. En comunicado de prensa al que tuvo acceso Crónica Digital, los partidos y movimientos de izquierda afirmaron que frente a una de las crisis sociales y sanitarias más graves de Chile, «ha quedado en evidencia que el gobierno y el ministerio de salud no han desarrollado una verdadera estrategia de estado, sino sólo han sucumbido en base a medidas parciales, tardías, inconexas y contradictorias que han erosionado profundamente la fe pública y la confianza ciudadana en las instituciones». «Chile poseía una ventaja única que despilfarró, ya que tenía a la vista el avance de la pandemia en China y Europa, así como las estrategias que tomaron otros países. Sin embargo, hoy poseemos algunas de las cifras de contagios y muertes más negras dentro de los países que peor lo han hecho. El fracaso es rotundo y hoy no se ve una salida alguna a la crisis», afirmaron. Cabe recordar que el ministro Mañalich, ha desoído una y otra vez las recomendaciones de organismos internacionales y mesas de expertos y otros especialistas en Chile. Implementó medidas «fallidas y sin evidencias científica de su impacto, como las cuarentenas dinámicas, propusieron el cuestionado “carnet Covid”, llamaron a una “nueva normalidad” cuando estábamos lejos del momento más crítico (incluso sugiriendo salir a tomar café con amigos), proclamaron mesetas irreales, se negaban a suspender las clases (medida asumida fundamentalmente por la presión de alcaldes), dificultaron decretar cuarentenas reales; y dieron muestras de un injustificado exitismo que estaba lejos de ser real. “He sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio” se jactó en su momento Mañalich, tiempo antes de reconocer que no conocía los niveles de pobreza y hacinamiento de nuestro país», aucusaron. Unidad para el Cambio y Apruebo Chile Digno, sostuvieron que hoy la situación: «Ya no resiste más errores, nadie asume responsabilidades. La culpa no es de la población, como muchos lo quieren hacer ver». Agregaron que la opacidad en el manejo y entrega de las cifras es «alarmante, se corrigen una y otra vez las metodologías (cuestionamiento hecho por diversos científicos y organismos como Espacio Público)». Revelaron que un día el gobierno de Piñera, incorporó 653 nuevos fallecidos no contabilizados, «otro día las cifras de muertes bajan incomprensiblemente a 19 muertos cuando los días anteriores de bordeaba el centenar. Hace días no informan sobre los casos activos, dato fundamental para implementar acciones de control de la pandemia vía trazabilidad y aislamiento de los casos positivos». Agregaron las fuerzas de izquierda que esta opacidad, sub-reportes e inconsistencias dañan la «fe pública irremediablemente, generan desconfianza y entregan señales contradicciones muy graves». «La […]
“Creo que llegamos tarde porque ya estamos casi al final del estado de catástrofe, aunque no de la pandemia, pero es un proyecto mezquino e insuficiente”. Con estas palabras el diputado Boris Barrera se refirió al proyecto aprobado este martes en la comisión mixta, que suspende el corte de servicios básicos de luz, gas y agua por no pago para el 60% más vulnerable de la población durante la pandemia. “En lo medular, el proyecto básicamente impide cortar un servicio básico ante el no pago. Y esa idea, conservadora y limitada como es, fue luego perforada mediante indicaciones de la derecha que, obsesionada con la focalización de los recursos, incorpora un conjunto de requisitos para que a uno no le corten” señaló el diputado Barrera quien lamentó que el gobierno haya destinado toda su artillería a frenar la iniciativa, incluso con amenazas de llegar al TC si prosperaba, como lo hizo el ministro de energía, Juan Carlos Jobet. Es más, acotó, llevaron hasta el ex contralor Ramiro Mendoza para defender a las empresas. Luego de tres largas sesiones, finalmente la iniciativa fue despachada a la Cámara de diputados. El legislador, integrante de la comisión, indicó que “creo que llegamos tarde porque ya estamos casi al final de la catástrofe y es mezquino e insuficiente. Una ayuda real habría sido la gratuidad al 40% más pobre, pero además que se pudiera beneficiar cualquier persona, porque hay quienes están en otros tramos y lo están pasando mal y les van a cortar la luz y el agua porque no están con en este beneficio” Añadió que al menos “ampliamos el acceso al 60% de los hogares de menores ingresos. Se permite renegociar la deuda en doce cuotas o menos si el cliente así lo desea. Impide el corte de aguas en servicios públicos. También quienes tienen deudas y cortes en la actualidad, quedan dentro de esta ley, ya que se obliga a la reposición sin costo. Ahora, dado que estamos a días del cese del estado de excepción, pero lejos de superar la epidemia, va a ser necesario una nueva ley, de mayor calibre y que sea de aplicación general e inmediata” Otro de los puntos que puso el gobierno, fue un límite de 15 m3 al consumo de agua por hogar. Sin embargo, esa indicación “logramos rechazarla (…) de lo contrario habríamos legislado otro proyecto con letra chica” puntualizó Boris Barrera. Santiago de Chile, 10 de junio 2020 Crónica Digital
La Bancada de Diputados Socialistas emplazó y exigió al Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, entregar avances concretos en la investigación por el asesinato del werken, Alejandro Treuquil, a manos de personas de civil, ocurrido en Collipulli. Al respecto, el Jefe de Bancada, Luis Rocafull, señaló: “Llevamos casi una semana de este homicidio y aún no tenemos una declaración oficial respecto a los avances de la investigación, por eso estamos solicitando transparencia y celeridad a las autoridades correspondientes”. “Entendemos que hay procesos investigativos, pero un homicidio de estas características debe ser esclarecido a la brevedad, tomando en cuenta los antecedentes que existían en el caso, donde la comunidad había denunciado amenazas. Por eso, exigimos que la fiscalía y las policías entreguen la información necesaria a la comunidad de Alejandro Treuquil”, afirmó Rocafull. Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Emilia Nuyado, advirtió que “sería lamentable que la lentitud y secretismo en la investigación se deba a que las amenazas de muerte recibidas por Alejandro Truequil, provinieron precisamente por parte de Carabineros”. “Hay temor en la comunidad que se pretenda ocultar y dejar este crimen en la impunidad. No queremos nuevos montajes como el ocurrido en el caso del weichafe, Camilo Catrillanca, exigimos una respuesta pronta y concreta desde la autoridad. Mientras más tiempo pase, mayor será la sospecha”, concluyó la diputada Mapuche, Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 10 de junio 2020 Crónica Digital
Greenpeace destacó que los resultados de la consulta digital vinculada a la Mesa Nacional del Agua, y en la cual participaron 41.000 personas, dejaran en evidencia que para casi el 99% de quienes respondieron hayan señalado que el uso prioritario del agua debe ser el consumo humano. “Los resultados demuestran que las personas entienden la problemática del agua actual y son una señal potente que debe tomar el gobierno y la clase política del país. Llama la atención la contraparte, donde la gente ubicó en los últimos puestos de priorización de uso a la industria y la minería. El acceso al agua -y aunque la encuesta no lo pregunta- debe ser un derecho garantizado en este país”, señaló Estefanía González, coordinadora del área de campañas de Greenpeace. Pese a las críticas de la organización para la conformación de la Mesa Nacional del Agua en octubre pasado, la ONG ambientalista también resaltó las respuestas sobre los principales desafíos relacionados al agua, mencionando la necesidad de conservar las fuentes naturales, mejorar las leyes relacionadas al agua y revisar la propiedad que hay sobre la misma en el país. “La ciudadanía entiende que lo más importante es que el agua debe cuidarse y protegerse, conservando las fuentes naturales, donde adquiere mayor relevancia el cuidado de nuestros ecosistemas. Asimismo es urgente tomar acciones que apunten a resolver el marco regulatorio en torno al agua y mejorar la legislación vigente. Esto debiera instar a los parlamentarios y el gobierno a avanzar decididamente en consagrar a nivel constitucional el acceso al agua para las personas y el ecosistema, reforma al código de aguas, la protección de sistemas hídricos como glaciares, salares, turberas y humedales, y gestión de cuencas, entre otras”, dijo Estefanía González. Greenpeace destacó que los 41.000 chilenos que contestaron la encuesta señalan que el nuevo ordenamiento que debiera tener el agua debe tener objetivos claros: asegurar un acceso continuo y suficiente y generar un equilibrio en sus diferentes usos, pero siempre priorizando el consumo humano y la protección del medioambiente. Respecto de las acciones que se debieran implementar para superar la sequía, la encuesta señala que debiese ser una mezcla entre protección de las fuentes hídricas del país y una mayor fiscalización por parte de los entes públicos, lo que desde Greenpeace, reafirma que el conflicto del agua en el país tiene que ver con una problemática de gestión y propiedad, principalmente. En la actualidad, el 76% de la superficie del país está afectado por sequía, desertificación o degradación de sus suelos. En tanto, el uso del agua es destinada prioritariamente a la industria agrícola, forestal y minera y el abastecimiento de las personas está constantemente amenazado Informes internacionales, además, ubican a Chile en el puesto 18 de los países del mundo con mayor estrés hídrico. Santiago de Chile, 10 de junio 2020 Crónica Digital
Unidad para el Cambio, compuesta por la Federación Regionalista Verde Social, el partido Comunista de Chile y el partido Progresista, valoran positivamente que un conjunto de partidos de la ex concertación, más Revolución Democrática, se hayan sumado a la inicitiva de exigir al gobierno que envíe al parlamento con suma urgencia la iniciativa de un Ingreso Familiar de Emergencia de aprox. $460.000 mensuales para una familia de 4 miembros. Es vital llegar ahora con recursos de subsistencia las familias que se han quedado sin ingresos. Nos alegra que estos partidos hayan tomado la propuesta presentada por los colectivos que componemos “Unidad para el Cambio”, y otras fuerzas desde los inicios de la pandemia en Chile. Los partidos de U. para el Cambio expresamos con fuerza en marzo cuando se debatió en el Congreso el exiguo bono covid, la necesidad de aumentar significativamente los recursos que tienen que ir a manos de chilenas y chilenos que han quedado sin ingresos para enfrentar esta crisis sanitaria y social. Si esta iniciativa es recogida por el gobierno, a quien tantas veces le hemos insistido en su urgencia, y la impulsa sin letra chica de ninguna especie, nuestra disposición será apoyar en el parlamento con nuestros votos. Creemos que de una vez por todas debe legislarse para que el Ingreso Familiar de Emergencia mínimo de $460.000 llegue sin exclusión a todas las familias que carecen de recursos o que se han quedado sin ellos, de manera que estaremos atentos para fiscalizar la cobertura del beneficio, si es que en definitiva este gobierno, que ha sido tan esquivo, presenta esta iniciativa a través de un mensaje presidencial al parlamento. Finalmente, queremos insistir que el gobierno asuma las otras medidas urgentes que propositivamente le hemos pedido al presidente Piñera para aminorar los efectos tan dañinos que tiene la población en el contexto de pandemia. Por tanto, reiteramos la necesidad de: a) Instalar, en lo sanitario, un Comité Nacional de Crisis y sus respectivos Comités regionales y locales, b) Permitir el retiro de un porcentaje de los recursos desde las AFPs con la obligación del estado de devolverlos con reajustes e intereses, a quienes no accedan a los ingresos de emergencia con ingresos de emergencia. c) Crear una línea de crédito y subsidios para las pequeñas empresas, a través de la estructura del Estado, d) Para proteger el empleo, puede que sea necesario el apoyo directo o indirecto a grandes empresas chilenas de carácter estratégico, y que en tal caso el aporte estatal debe implicar la entrada del estado a la propiedad de dichas empresas , en la proporción que corresponda. e) Proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género y acoso a la diversidad sexual, agudizada en el contexto de emergencia, f) Impulsar iniciativas colaborativas y de economía solidaria, que permitan garantizar la seguridad alimentaria, al tiempo que fortalecer las redes locales de provisión, g) Defender de modo irrestricto el proceso constituyente. Jaime Mulet, Federación Regionalista Verde Social. Guillermo Teillier, Partido Comunista de Chile y Camilo Lagos Partido Progresista. Santiago […]
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó un proyecto de ley contra el narcotráfico que busca endurecer sanciones contra ese creciente negocio en el país. La iniciativa contempla una serie de modificaciones a la Ley de drogas vigente y carga la mano contra la capacidad económica de los grupos delincuenciales mediante el decomiso de bienes a las personas vinculadas al narcotráfico, sin esperar a que finalicen los procesos penales para concretarlo. El monto de los bienes decomisados sería destinado a las unidades policiales dedicadas a perseguir ese tipo de delitos, y a instituciones como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Según dijo el mandatario el proyecto legislativo pretende «cerrarle los caminos a la droga, con una mano muy firme y muy dura contra el narcotráfico y los narcotraficantes, y con una mano acogedora y rehabilitadora, con los enfermos que han caído en la adicción». En ese sentido la iniciativa permitiría mejorar el trabajo del Senda asignándole más recursos -provenientes de los decomisos- para emplearlos en programas de prevención, rehabilitación e infraestructura. Además aumentará el papel de la Unidad de Análisis Financiero, de tal manera que incluso las empresas comercializadoras de vehículos informen a las autoridades sobre posibles actividades sospechosas en la venta de automóviles de alta gama. Piñera señaló además que en el plano penal se prevé sancionar a quienes estimulen el consumo de drogas sin consentimiento, especialmente cuando se trata de menores de edad, y plantear como agravante en las condenas el empleo de menores de 14 años en la comisión de los delitos. El tráfico y consumo de estupefacientes se convirtió en los últimos años en un serio problema en Chile, país que ocupa uno de los primeros lugares en América por el uso de drogas entre menores de edad. Asimismo se hace cada vez más ostensible la influencia de las bandas del narcotráfico en muchas barriadas de esta capital y otras ciudades, donde los narcos hacen gala de su poder de fuego atemorizando a la población. Santiago de Chile, 10 de junio 2020 Crónica Digital/PL
Este martes 9 de junio la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora que deberá rendir su informe- en un plazo no superior a 60 días- donde analice las eventuales responsabilidades de las instituciones a cargo de entregar las cifras de fallecidos en el marco de la pandemia. Por 82 votos a favor, 40 en contra y 26 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la creación de una comisión investigadora para analizar los actos y medidas adoptadas por diversas entidades del Gobierno, que pudiesen haber significado un eventual sub registros o sub inscripciones de las muertes a causa del Covid-19. De acuerdo a lo planteado por los y las 64 diputadas solicitantes de la instancia, se deberá investigar los actos y medidas de los Ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, así como del Servicio Médico Legal, del Servicio de Registro Civil y cualquier otro organismo competente. Además, la instancia deberá indagar respecto de las acciones que se hubiesen empleado en el proceso de confección de las estadísticas oficiales, arrojando, eventualmente, diferencias entre estas y las cifras reales. La diputada Marisela Santibáñez, promotora de la iniciativa, sostuvo tras la aprobación que “necesitamos saber la verdad, necesitamos saber qué estamos viviendo. Hoy día vamos a tener esta comisión investigadora y estoy orgullosa de que se haya aprobado. Fue difícil, porque hasta el propio diputado Torrealba dijo que se fusionaran las investigadoras relativas al COVID, porque era una show de la izquierda. Pero estoy contenta porque al menos vamos a tener la posibilidad de investigar”. La comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Santiago de Chile, 10 de junio 2020 Crónica Digital
“En la crisis sanitaria más dura del último siglo, el Gobierno de Sebastián Piñera está preocupado de como aparecer entregando las cajas, de sacar las mejores fotos para las redes sociales, en vez de resolver realmente el problema del hambre y la cesantía”, manifestó el senador Alejandro Navarro. De acuerdo al miembro de la Comisión de DDHH del Senado, “lo que hace el Gobierno es errado. El filtrado Protocolo de Difusión Alimentos para Chile, Intendencia de Ñuble, establece la puesta en escena de la entrega de cajas alimentarias que tanto ha difundido el Ejecutivo”. “Este indica” continuó, “un apartado de Información clave para las imágenes, las que deben cumplir con: Funcionarios bajando cajas y entregándolas a las familias. Que el foco visual esté sobre todo en la beneficiaria. Que la fotografía debe reflejar una acción de solidaridad y de empatía. Y que deben siempre valorar al Presidente @sebastianpinera (pero cuidar de no escribir que es el presidente quien regala las cajas)”. “Es decir, un procedimiento impropio que confirma que este Gobierno no escucha a la gente, no se preocupa de la gente, sino que solo busca mejorar la imagen de Sebastián Piñera y realizar acciones para las encuestas”, señaló. Para Navarro, “el Gobierno ya bajó este instructivo de la plataforma web en la que estaba; por ello es que iremos a la Contraloría a fin de determinar el origen de este protocolo, si se ajusta a la legislación chilena y si es solo para la Región de Ñuble o para todo el país”. “Además”, agregó, “le pediremos a la Contraloría que establezca si se afecta el derecho a la privacidad de los beneficiarios y que las fotografías sean utilizadas sin su autorización, y si es una obligación de quienes reciben las cajas de alimentos el aparecer en las mismas”. “Por último, le pediremos al Contralor Bermúdez que determine el marco jurídico de estos protocolos para la entrega de cajas de alimentos por parte del Gobierno que sea, con respeto irrestricto a las personas, pues aquí el instructivo instrumentaliza el servicio social, algo que no puede ocurrir en medio de una pandemia, donde además se han criminalizado las ollas comunes, enviando incluso a Carabineros a impedirlas, mientras el pueblo sigue pasando hambre”, cerró el senador Alejandro Navarro. Santiago de Chile, 10 de junio 2020 Crónica Digital/PL
Aunque el gobierno de Chile busca sacar adelante un ‘gran acuerdo nacional’ para resolver los muchos problemas generados por la Covid-19, la propuesta que se maneja hoy parece estar lejos de las necesidades de la mayoría. Según trascendió, en una reunión con parlamentarios que integran la mesa negociadora, el ministro de Hacienda, Antonio Briones, propuso un monto de 10 mil millones de dólares para apoyar a las miles de familias empobrecidas por la crisis sanitaria y económica y a las pequeñas y medianas empresas que están al borde de la quiebra. Ese monto se distribuiría a lo largo de 20 meses, con tres mil millones a emplear en lo que resta del presente año y el resto para ser utilizado hasta febrero de 2022. Según lo propuesto por Briones, el Ingreso Familiar de Emergencia que el gobierno entrega por tres meses a una parte de las personas más necesitadas de 65 mil pesos chilenos (unos 80 dólares) podría elevarse a 70 u 80 mil pesos y para el 80 por ciento de los más vulnerables. Sin embargo, la idea queda lejos de lo propuesto por parte de la oposición, que el lunes último emplazó al Gobierno a legislar con urgencia un ingreso de emergencia que permita a las familias subsistir y cumplir las cuarentenas sin tener que salir a buscar el sustento diario. Los partidos Socialista, Por la Democracia, Radical, Demócrata Cristiano, Liberal y Revolución Democrática, propusieron un apoyo mínimo que según los establecido por el Ministerio de Desarrollo Social para un hogar de cuatro personas sea de poco más de 451 mil pesos chilenos (unos 570 dólares) para no caer bajo el umbral de la pobreza. Piden proveer ese ingreso a todas las familias vulnerables, de forma inmediata, por tres meses y prorrogable según la situación sanitaria en el país a causa de la Covid-19. Desde el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, que agrupa a economistas de centro e izquierda, señalan que la propuesta ‘sigue sin dimensionar adecuadamente la magnitud de la crisis y, por ende, el tamaño del esfuerzo necesario para superar la pandemia y evitar una mayor crisis económica y un nuevo estallido social’. Añadieron que nuevamente el Gobierno ‘llega tarde y desenfocado’, pues esa propuesta ya había sido planteada por economistas y fuerzas de oposición desde marzo y porque ‘sigue más preocupado de lo que dirán las clasificadoras de riesgo que por las víctimas del Covid-19’. También La Moneda está lejos de los economistas convocados por el Colegio Médico, quienes plantean utilizar unos 12 mil millones de dólares provenientes del Fondo de Estabilización Económico y Social, que permitiría aumentar ingresos de las personas con sus contratos suspendidos, las familias de trabajadores por cuenta propia y apoyos a las empresas. Y ni hablar de la iniciativa del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda ?que el Gobierno ni menciona- de establecer un impuesto del 2,5 por ciento a los más ricos del país, con el cual el Estado podría entregar el equivalente a unos […]
