Un conjunto de juventudes políticas de izquierda y progresistas, junto con representantes de movimientos sociales juveniles, establecieron un acuerdo para construir la plataforma “Generación Constituyente”, que impulsará la campaña “Chile digno, sino pa´ qué”, en el marco del plebiscito que se realizará en abril. La Plataforma realizará una campaña para que se vote a favor de una Nueva Constitución, por una Convención Constitucional y Asamblea Constituyente, con un despliegue por todo el país. “Realizaremos un despliegue territorial de Arica a Magallanes y por las redes sociales, en la forma que nosotros acostumbramos a hacer, de manera muy atractiva y de manera muy dinámica. Y sumando cada vez a más actores y actrices del mundo juvenil”, señaló Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile. El presidente de las Juventudes Progresistas de Chile, Rodrigo Pinto, explicó que “hemos comenzado nuestro camino a la conquista generacional de una nueva Constitución para Chile, con la campaña “Chile digno, sino pa´ qué” de Generación Constituyente, una plataforma que busca informar y movilizar sobre el plebiscito del 26 de abril, que articula a siete juventudes políticas y un conjunto de dirigentes sociales”. La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) llamó a los jóvenes a participar en el plebiscito de abril próximo. Al respecto, Valentina Miranda, vocera de la organización estudiantil, comunicó que “nosotros, como jóvenes, hemos decidido levantar una campaña que va apoyar el proceso constituyente y que va por una nueva Constitución para Chile». En ese sentido, manifestó que “creemos que es súper importante que el voto obligatorio sea parte del plebiscito de entrada y de salida; no es posible que hoy día en Chile no haya una participación política real, una participación democrática”. “Lo que queremos conquistar con esta plataforma es que los jóvenes puedan hacer la revolución no solamente en las calles sino que también en las urnas. Que la revolución también sea votando”, indicó. El músico de la banda “Tomo Como Rey”, Rodrigo Medel, vocero de la plataforma juvenil “Generación Constituyente”, señaló que con el plebiscito se tiene la posibilidad de poder realizar “una Constitución que nos represente a todas y todos”. Señaló que “los jóvenes sobre todo, somos los que estamos llamados a cambiar Chile, tenemos la responsabilidad de tomar una opción que antes no lo habíamos tenido: generar nuevas condiciones para que tengamos una Constitución que nos represente a todos”. Aparte de las Juventudes Comunistas y Progresistas, la “Generación Constituyente” está integrada por los estamentos juveniles de colectividades como el Partido Humanista, la Federación Regionalista Verde y la Juventud Rebelde Miguel Enríquez del MIR. El diputado humanista Tomás Hirsh valoró la iniciativa, señalando que “toda campaña que sea ciudadana que le arrebate de algún modo a la élite la propiedad del proceso constituyente. Este proceso le pertenece al pueblo”. Santiago, 13 de enero 2020. Crónica Digital.
Nacional
Un nuevo caso de profanación de un monumento en homenaje a víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, fue denunciado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En las últimas semanas se reiteraron ataques a memoriales a las víctimas de la dictadura en varias ciudades del país, los cuales fueron manchados con pintura e incluso excrementos y marcados siempre con el símbolo de de la organizaciópn paramilitar fascista Patria y Libertad, surgida en 1971. En esta ocasión fue vandalizado el Mirador de los Ángeles, en la ciudad de Coquimbo, con el cual se honra la memoria de los niños Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, quienes fueron ejecutados por una patrulla del Ejército el 24 de diciembre de 1973. Según recordó Radio Cooperativa, los cuerpos de los pequeños «fueron hechos desaparecer y solo cuatro años después, tras una búsqueda desesperada de sus familiares, fueron encontrados sus restos enterrados clandestinamente. En 2002, se realizó la exhumación de los cuerpos por orden del juez Juan Guzmán, en una causa que finalmente dictaminó que los niños fueron ejecutados por una patrulla del Regimiento Arica cuyos miembros escondieron los cadáveres mientras duró la investigación policial y luego los enterraron de manera ilegal. Además de la profanación al memorial, también la fachada de la Universidad de La Serena amaneció pintada con el símbolo de la organización de extrema derecho que durante el gobierno de la Unidad Popular se dedicó a cometer sabotajes y ataques a las fuerzas de izquierda. Al denunciar estos hechos, el INDH advirtió que «la memoria de las víctimas debe ser respetada y preservada». A finales de diciembre desconocidos también dañaron un memorial dedicado a los detenidos desaparecidos por la dictadura en la sureña ciudad de Concepción, el cual fue rayado con el emblema de Patria y Libertad y la amenazante frase «faltaron más». Similar suerte corrió un mural en homenaje al presidente Salvador Allende ubicado en la plaza Acevedo, también de Concepción, que fue manchado con pintura y rayado con las siglas del grupo fascista. Santiago de Chile, 14 de enero 2020 Crónica Digital/PL
Representantes de unas 20 organizaciones femeninas exigieron la renuncia del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y de la ministra de la Mujer, Isabel Plá. Así se expresaron más de tres mil asistentes a la clausura del Segundo Encuentro Plurinacional de las Mujeres que Luchan, celebrado durante el fin de semana en esta capital, convocado por la Coordinadora Feminista 8M. Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora, llamó además a lograr una amplia participación en las manifestaciones que se desarrollarán con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La dirigenta feminista señaló que en este 8 de marzo las mujeres tienen que ocupar la «primera línea contra el terrorismo de Estado, pues no podemos imaginar un proceso constituyente en el país si nuestras compañeras están presas». En ese sentido Carrillo exigió «la liberación inmediata de las presas políticas, exigimos la salida de Sebastián Piñera, de la ministra Plá» y puntualizó que las mujeres deben desplegar una huelga para «recibir los dos años de este gobierno criminal». Por su parte, Paola Palacios, dirigenta de la organización Negrocéntricas, criticó la forma en que se ha discutido el tema de la paridad de género y la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente que avanza en el país. Señaló que para esa organización es fundamental que más allá de la paridad de género este representa la plurinacionalidad de Chile, y por eso «seguiremos luchando por una asamblea constituyente, feminista y plurinacional, donde todas nuestras luchas y demandas sean escuchadas». Entre otros reclamos las organizaciones participantes en el encuentro reclamaron la creación de comisiones de justicia y reparación ante los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones sociales. Santiago de Chile, 14 de enero 2020 Crónica Digital/PL
Numerosas críticas generó el anuncio del gobierno de Chile sobre la presentación de un proyecto de ley para regular el derecho de reunión en el país. La controversia fue promovida por una entrevista publicada este domingo por el diario El Mercurio al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien anunció que durante este primer semestre del año esperan presentar esa iniciativa en la que trabajan subsecretarios de justicia y derechos humanos. El titular alegó para la aplicación de esa medida, que el derecho de reunión está regulado con un decreto de la década de 1980, pero señaló que esa no es la forma de regular una garantía constitucional. Al respecto la diputada comunista Karol Kariola, señaló en su cuenta en Twitter que se trata de un intento más del gobierno por restringir los derechos de la población. En tanto, la diputada Claudia Mix, del también opositor Partido Comunes, consideró igualmente que este tipo de proyectos solo apuntan a dar sustento legal a estrategias restrictivas de las autoridades. En tanto el abogado constitucionalista Tomás Jordán, declaró a los medios que como el derecho a reunión es el único que no está regulado por ley, es correcto que el gobierno tenga esa iniciativa. Sin embargo, el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de diputados, Matías Walker, de la Democracia Cristiana, aseguró que el gobierno busca debilitar el sistema de derechos humanos. Analistas advierten que resulta llamativo que desde La Moneda se plantee esta iniciativa en momentos en que se levantan serias críticas a las autoridades, en especial al intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por pretender impedir las concentraciones de protesta en la plaza de la Dignidad, en esta capital. El presidente del PS, Álvaro Elizalde, señaló que «con el pretexto de regular el derecho de reunión, el gobierno quiere establecer restricciones adicionales a la libre expresión de la ciudadanía y no entiende que las manifestaciones no se evitan con regulaciones antidemocráticas, sino dando respuestas a las demandas ciudadanas». Asimismo, Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, advirtió que si se busca restringir las pocas garantías que tienen quienes se manifiestan, no estaremos disponibles para apoyarlo». Santiago de Chile, 14 de enero 2020 Crónica Digital/PL
A una semana de cumplirse tres meses del estallido social en Chile, hoy el centro de esta capital fue escenario de otra gran concentración en la plaza de la Dignidad y sus alrededores. Desde horas de la tarde un fuerte despliegue policial ocupó la rotonda donde se levanta el monumento el general Manuel Baquedano, para impedir la aglomeración de personas en la explanada. Sin embargo, al anochecer ya el amplio espacio estaba ocupado por miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes convocados por las principales organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios para exigir la eliminación de las pruebas de selección universitaria (PSU). Estas pruebas son rechazadas por la mayoría del estudiantado, que las consideran discriminatorias ya que por las notables diferencias existentes en el sistema de enseñanza de Chile entre la educación pública y la privada, los alumnos no están en igualdad de condiciones para acceder a las universidades. Con banderas de Chile, del pueblo mapuche y hasta de los principales clubes deportivos del país, los participantes en la concentración reclamaron igualmente la renuncia del presidente Sebastián Piñera, una nueva Constitución y mejoras sociales para reducir las profundas desigualdades existentes en el país. Como se ha hecho tradicional en estas manifestaciones, también se escucharon reiteradamente las notas de «El derecho a vivir en paz» del icónico cantautor Víctor Jara, y «El baile de los que sobran», una pieza de rock contestatario de la década de 1980 cuya letra mantiene plena actualidad. Mientras en la plaza de Baquedano (bautizada como de la Dignidad desde el inicio de las protestas el 18 de octubre último) la multitud se expresaba pacíficamente, enfrentamientos entre carabineros y manifestantes de la llamada primera línea, ocurrían en zonas cercanas. Así, en la Alameda, principal arteria de la ciudad, a la altura del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) fuerzas de carabineros arremetieron contra los manifestantes utilizando carros lanzagases y lanzaagua, denominados zorrillos y guanacos, respectivamente. Personal paramédico que atiende a los lesionados en las protestas insiste en que las fuerzas policiales emplean en los guanacos agua mezclada con productos químicos que pueden causar quemaduras, lo que ha sido negado por las autoridades a pesar de las denuncias de entidades médicas y de organizaciones derechos humanos. Asimismo a la altura de la avenida Santa María con el puente Pio Nono, fue totalmente quemado un ómnibus del transporte público, lo que obligó a interrumpir el tráfico de vehículos en la zona, mientras que en la avenida Vicuña Mackenna fueron incendiadas barricadas. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital/PL
Un proyecto de ley contra quienes inciten a la violencia, el odio y el negacionismo fue aprobado hoy por la Cámara de Diputados de Chile, tras varios mesas de trámite legislativo. Esa iniciativa busca sancionar penalmente aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, generen una apología del odio capaz de desencadenar actos de violencia contra un grupo de personas. El proyecto modifica el Código Penal y sanciona a quien públicamente, a través de cualquier medio, incite directamente a la violencia física y al odio contra un grupo o sus integrantes por su origen, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o afiliación política. También, por motivos de religión o creencia, visión filosófica, sindicalización o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, trabajo que realiza, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. La diputada comunista Carmen Hertz, integrante de la comisión de Derechos Humanos, de la Cámara, valoró la aprobación en general de la iniciativa y recordó que este proyecto estuvo paralizado durante meses. Asimismo lo calificó como un avance importante para fortalecer el sistema democrático en Chile, porque «es una ley que sanciona discursos de odio que a juicio nuestro no deben quedar impunes». Añadió Hertz que el discurso de odio agravia más que a las personas, a colectivos completos y por tanto le hace daño a la sociedad chilena». La parlamentaria explicó además que la figura del negacionismo está tipificada en todos los países que han sufrido sistemas de opresión, y sanciona la negación del genocidio, de los crímenes de guerra. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital/PL
Como cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos en Chile, calificaron al Secretario general de la OEA, Luis Almagro, las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC). La rama juvenil del Partido Comunista de Chile (PC) denunció que Almagro defendió la actuación del presidente Sebastián Piñera en contra de las manifestaciones sociales en el país, desconociendo incluso las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA. Al respecto las JJCC calificaron al secretario general de la OEA de persona no grata para el pueblo de Chile. La víspera, Almagro, de visita en esta capital, se reunió con Piñera en el palacio de La Moneda, encuentro en el cual expresó su total respaldo a las acciones represivas ordenadas por las autoridades chilenas contra el vasto movimiento popular que se lanzó a las calles desde el 18 de octubre último. En breves declaraciones a los medios, Almagro dijo reconocer «el trabajo del presidente Piñera en el marco del Estado de derecho, de la preservación de la democracia; ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo, que ha tomado especiales medidas para garantizar los derechos humanos». De esa forma, ignoró totalmente los informes nacionales e internacionales que constataron y denunciaron masivas violaciones a los derechos humanos en todo el país, incluidos la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la CIDH y otras instituciones afines. Igualmente, Almagro respaldó la desacreditada teoría sobre la supuesta participación extranjera en el movimiento ciudadano chileno, para lo cual se remitió a lo expresado por el gobierno de Piñera en las redes sociales. El periódico El Siglo, órgano del PC, recordó que en 2019, la OEA se volcó a buscar el derrocamiento del gobierno venezolano y apoyar la caída del gobierno boliviano. Asimismo promovió la formación de un «eje de la derecha» en la región donde actuaron de conjunto Piñera, Almagro, más los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Argentina, Mauricio Macri y de Brasil, Jair Bolsonaro. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital/PL
“Votaron en contra, pese a tener directa o indirectamente participación en sociedades que se benefician de la extracción del agua. Y con sus votos, el agua sigue siendo privada”, manifestó el senador Alejandro Navarro ante la información sobre al menos cuatros senadores de Chile Vamos que poseen derechos de agua. El parlamentario progresista ahondó: “de comprobar el Senado que algunos de quienes votaron en contra de nacionalizar el agua, tienen efectivamente derechos y se benefician económicamente por el agua, sería un acto arbitrario, pues debieron haberse inhabilitado”. “Por ello junto a mis abogados estamos evaluando las opciones para dejar inválida su votación, por medio de una acción de Nulidad de Derecho Público, debido a que han quebrantado el Artículo 5°B de la Ley Orgánica del Congreso, el que establece: Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”, explicó Navarro. El senador por la Región del Biobío recordó que esta Reforma Constitucional, “tiene por objeto consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”. El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado agregó que, “el que estos senadores con derechos de agua hayan votado no solo es falto de ética, sino que raya la ilegalidad e inconstitucionalidad, y confirma el poder que tiene una minoría, un tercio, sobre los dos tercios que representan lo que quiere Chile, esto es, que se consagre constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público”. Navarro finalizó señalando que, “aunque la derecha quiere mantener los ⅔ en la Nueva Constitución, el pueblo no los dejará, la gente se seguirá manifestando en marzo, en abril, para que quienes debatan en la Asamblea Constituyente lo hagan con la confianza de que se aprobará un texto que interprete a la mayoría y que no pueda ser vetado por una minoría retrógrada y que quiere mantener el status quo, la desigualdad, la impunidad, la eterna corrupción”. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital
especialistas consultados por el Banco Central de Chile pronosticaron hoy un crecimiento económico del país de 1,2 por ciento para el presente año, tres décimas menos que en sus previsiones de el mes anterior. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que realiza mensualmente el Banco Central, a un selecto grupo de académicos, ejecutivos y asesores de instituciones financieras, mantuvo en cambio sin alteraciones sus previsiones de crecimiento de 2,5 para 2021. Asimismo los encuestados pronosticaron que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) subirá 0,3 por ciento en el presente mes y 0,2 en febrero mientras que para el conjunto del año se prevé que la inflación alcance el 3,2 por ciento. Con respecto a la tasa de cambio del peso chileno con respecto al dolar, muy deprimida tras el estallido social del 18 de octubre los analistas consultados en la EEE consideran que se mantendrá en 760 pesos por dolar al menos durante los dos primeros meses del año, con cierta tendencia a la baja para el resto del año, hasta 750. Asimismo consideraron que el Indice Mensual de Actividad Económica del recién finalizado diciembre se contraerá uno por ciento, manteniendo la tendencia negativa desde septiembre. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital/PL
Tras 8 años de tramitación y luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados y la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, restan solo dos meses para que el proyecto sea aprobado en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, antes de tome el control el oficialismo, contrario a los cambios que buscan asegurar el consumo humano, la protección de los ecosistemas y evitar la especulación. Contra el tiempo. Así de ajustado es el timing de la Comisión de Agricultura del Senado para despachar la reforma al Código de Aguas, tras 8 intensos años de tramitación desde que fuera ingresada por un grupo transversal de diputados en 2011. El motivo, el inminente cambio en la presidencia de la comisión, el 11 de marzo de 2020, momento a partir del cual quedaría en manos de la Unión Demócrata Independiente, la cual junto a Renovación Nacional demostró hace pocos días su oposición al objetivo central del proyecto al rechazar en el Senado la reforma constitucional que transforma el agua en un bien nacional de uso público. Aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y posteriormente por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en su trayecto el proyecto ha debido superar diversos escollos. Retrasos en su tramitación producto de audiencias en cada una de las comisiones en que ha sido visto (repitiéndose en cada instancia muchos expositores), una indicación sustitutiva ingresada en 2014 por el gobierno de Michelle Bachelet y múltiples otras presentadas en enero de este año por la actual administración, tendientes a revertir lo avanzado y asegurar el derecho de propiedad perpetuo sobre las aguas, bajo el concepto de mantener la “certeza jurídica”. Hoy la Comisión de Agricultura es presidida por el socialista Álvaro Elizalde, contando la oposición con mayoría al ser integrada por Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Carmen Gloria Aravena (indep.) y Juan Luis Castro (RN). Si embargo, producto de previos acuerdos de comité, a partir del 11 de marzo la comisión pasará a manos de la UDI y lo más probable es que sea Juan Antonio Coloma el designado, parlamentario que ha participado en varias sesiones en reemplazo de Aravena ocasión en que ha dejado en claro su cuestionamiento a la forma en que ha avanzado el proyecto. En este sentido, la oposición privilegió mantener la presidencia en comisiones como las de Hacienda, Educación, Trabajo o Salud. En el caso de Minería y Energía también pasaría al oficialismo. En la práctica y considerando el receso legislativo de febrero, son unas pocas sesiones las que restan para despachar el proyecto previo al cambio de conducción en la comisión. Incluso el lunes 6 último no hubo sesión. Lento ha sido el avance desde que agosto de 2017 la iniciativa pasó a la Comisión de Agricultura. Tranco que se aceleró a principios del año pasado cuando el Ejecutivo ingresó sus indicaciones, parte importante de las cuales han sido rechazadas. Esto podía revertirse con una presidencia oficialista, dadas las facultades para poner en discusión los proyectos, retirarlos, suspender citaciones, extender horarios e incluso aumentar el […]
