Nacional

Numerosas críticas generó el anuncio del gobierno de Chile sobre la presentación de un proyecto de ley para regular el derecho de reunión en el país. La controversia fue promovida por una entrevista publicada este domingo por el diario El Mercurio al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien anunció que durante este primer semestre del año esperan presentar esa iniciativa en la que trabajan subsecretarios de justicia y derechos humanos. El titular alegó para la aplicación de esa medida, que el derecho de reunión está regulado con un decreto de la década de 1980, pero señaló que esa no es la forma de regular una garantía constitucional. Al respecto la diputada comunista Karol Kariola, señaló en su cuenta en Twitter que se trata de un intento más del gobierno por restringir los derechos de la población. En tanto, la diputada Claudia Mix, del también opositor Partido Comunes, consideró igualmente que este tipo de proyectos solo apuntan a dar sustento legal a estrategias restrictivas de las autoridades. En tanto el abogado constitucionalista Tomás Jordán, declaró a los medios que como el derecho a reunión es el único que no está regulado por ley, es correcto que el gobierno tenga esa iniciativa. Sin embargo, el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de diputados, Matías Walker, de la Democracia Cristiana, aseguró que el gobierno busca debilitar el sistema de derechos humanos. Analistas advierten que resulta llamativo que desde La Moneda se plantee esta iniciativa en momentos en que se levantan serias críticas a las autoridades, en especial al intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, por pretender impedir las concentraciones de protesta en la plaza de la Dignidad, en esta capital. El presidente del PS, Álvaro Elizalde, señaló que «con el pretexto de regular el derecho de reunión, el gobierno quiere establecer restricciones adicionales a la libre expresión de la ciudadanía y no entiende que las manifestaciones no se evitan con regulaciones antidemocráticas, sino dando respuestas a las demandas ciudadanas». Asimismo, Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, advirtió que  si se busca restringir las pocas garantías que tienen quienes se manifiestan, no estaremos disponibles para apoyarlo». Santiago de Chile, 14 de enero 2020 Crónica Digital/PL

A una semana de cumplirse tres meses del estallido social en Chile, hoy el centro de esta capital fue escenario de otra gran concentración en la plaza de la Dignidad y sus alrededores. Desde horas de la tarde un fuerte despliegue policial ocupó la rotonda donde se levanta el monumento el general Manuel Baquedano, para impedir la aglomeración de personas en la explanada. Sin embargo, al anochecer ya el amplio espacio estaba ocupado por miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes convocados por las principales organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios para exigir la eliminación de las pruebas de selección universitaria (PSU). Estas pruebas son rechazadas por la mayoría del estudiantado, que las consideran discriminatorias ya que por las notables diferencias existentes en el sistema de enseñanza de Chile entre la educación pública y la privada, los alumnos no están en igualdad de condiciones para acceder a las universidades. Con banderas de Chile, del pueblo mapuche y hasta de los principales clubes deportivos del país, los participantes en la concentración reclamaron igualmente la renuncia del presidente Sebastián Piñera, una nueva Constitución y mejoras sociales para reducir las profundas desigualdades existentes en el país. Como se ha hecho tradicional en estas manifestaciones, también se escucharon reiteradamente las notas de «El derecho a vivir en paz» del icónico cantautor Víctor Jara, y «El baile de los que sobran», una pieza de rock contestatario de la década de 1980 cuya letra mantiene plena actualidad. Mientras en la plaza de Baquedano (bautizada como de la Dignidad desde el inicio de las protestas el 18 de octubre último) la multitud se expresaba pacíficamente, enfrentamientos entre carabineros y manifestantes de la llamada primera línea, ocurrían en zonas cercanas. Así, en la Alameda, principal arteria de la ciudad, a la altura del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) fuerzas de carabineros arremetieron contra los manifestantes utilizando carros lanzagases y lanzaagua, denominados zorrillos y guanacos, respectivamente. Personal paramédico que atiende a los lesionados en las protestas insiste en que las fuerzas policiales emplean en los guanacos agua mezclada con productos químicos que pueden causar quemaduras, lo que ha sido negado por las autoridades a pesar de las denuncias de entidades médicas y de organizaciones derechos humanos. Asimismo a la altura de la avenida Santa María con el puente Pio Nono, fue totalmente quemado un ómnibus del transporte público, lo que obligó a interrumpir el tráfico de vehículos en la zona, mientras que en la avenida Vicuña Mackenna fueron incendiadas barricadas. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital/PL

Como cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos en Chile, calificaron al Secretario general de la OEA, Luis Almagro, las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC). La rama juvenil del Partido Comunista de Chile (PC) denunció que Almagro defendió la actuación del presidente Sebastián Piñera en contra de las manifestaciones sociales en el país, desconociendo incluso las denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA. Al respecto las JJCC calificaron al secretario general de la OEA de persona no grata para el pueblo de Chile. La víspera, Almagro, de visita en esta capital, se reunió con Piñera en el palacio de La Moneda, encuentro en el cual expresó su total respaldo a las acciones represivas ordenadas por las autoridades chilenas contra el vasto movimiento popular que se lanzó a las calles desde el 18 de octubre último. En breves declaraciones a los medios, Almagro dijo reconocer «el trabajo del presidente Piñera en el marco del Estado de derecho, de la preservación de la democracia; ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo, que ha tomado especiales medidas para garantizar los derechos humanos». De esa forma, ignoró totalmente los informes nacionales e internacionales que constataron y denunciaron masivas violaciones a los derechos humanos en todo el país, incluidos la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la  CIDH y otras instituciones afines. Igualmente, Almagro respaldó la desacreditada teoría sobre la supuesta participación extranjera en el movimiento ciudadano chileno, para lo cual se remitió a lo expresado por el gobierno de Piñera en las redes sociales. El periódico El Siglo, órgano del PC, recordó que en 2019, la OEA se volcó a buscar el derrocamiento del gobierno venezolano y apoyar la caída del gobierno boliviano. Asimismo promovió la formación de un «eje de la derecha» en la región donde actuaron de conjunto Piñera, Almagro, más los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Argentina, Mauricio Macri y de Brasil, Jair Bolsonaro. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital/PL

 “Votaron en contra, pese a tener directa o indirectamente participación en sociedades que se benefician de la extracción del agua. Y con sus votos, el agua sigue siendo privada”, manifestó el senador Alejandro Navarro ante la información sobre al menos cuatros senadores de Chile Vamos que poseen derechos de agua. El parlamentario progresista ahondó: “de comprobar el Senado que algunos de quienes votaron en contra de nacionalizar el agua, tienen efectivamente derechos y se benefician económicamente por el agua, sería un acto arbitrario, pues debieron haberse inhabilitado”. “Por ello junto a mis abogados estamos evaluando las opciones para dejar inválida su votación, por medio de una acción de Nulidad de Derecho Público, debido a que han quebrantado el Artículo 5°B de la Ley Orgánica del Congreso, el que establece: Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción”, explicó Navarro. El senador por la Región del Biobío recordó que esta Reforma Constitucional, “tiene por objeto consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación”. El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado agregó que, “el que estos senadores con derechos de agua hayan votado no solo es falto de ética, sino que raya la ilegalidad e inconstitucionalidad, y confirma el poder que tiene una minoría, un tercio, sobre los dos tercios que representan lo que quiere Chile, esto es, que se consagre constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público”. Navarro finalizó señalando que, “aunque la derecha quiere mantener los ⅔ en la Nueva Constitución, el pueblo no los dejará, la gente se seguirá manifestando en marzo, en abril, para que quienes debatan en la Asamblea Constituyente lo hagan con la confianza de que se aprobará un texto que interprete a la mayoría y que no pueda ser vetado por una minoría retrógrada y que quiere mantener el status quo, la desigualdad, la impunidad, la eterna corrupción”. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital

especialistas consultados por el Banco Central de Chile pronosticaron hoy un crecimiento económico del país de 1,2 por ciento para el presente año, tres décimas menos que en sus previsiones de el mes anterior. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) que realiza mensualmente el Banco Central, a un selecto grupo de académicos, ejecutivos y asesores de instituciones financieras, mantuvo en cambio sin alteraciones sus previsiones de crecimiento de 2,5 para 2021. Asimismo los encuestados pronosticaron que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) subirá 0,3 por ciento en el presente mes y 0,2 en febrero mientras que para el conjunto del año se prevé que la inflación alcance el 3,2 por ciento. Con respecto a la tasa de cambio del peso chileno con respecto al dolar, muy deprimida tras el estallido social del 18 de octubre los analistas consultados en la EEE consideran que se mantendrá en 760 pesos por dolar al menos durante los dos primeros meses del año, con cierta tendencia a la baja para el resto del año, hasta 750. Asimismo consideraron que el Indice Mensual de Actividad Económica del recién finalizado diciembre se contraerá uno por ciento, manteniendo la tendencia negativa desde septiembre. Santiago de Chile, 10 de enero 2020 Crónica Digital/PL

   Tras 8 años de tramitación y luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados y la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, restan solo dos meses para que el proyecto sea aprobado en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, antes de tome el control el oficialismo, contrario a los cambios que buscan asegurar el consumo humano, la protección de los ecosistemas y evitar la especulación. Contra el tiempo.  Así de ajustado es el timing de la Comisión de Agricultura del Senado para despachar la reforma al Código de Aguas, tras 8 intensos años de tramitación desde que fuera ingresada por un grupo transversal de diputados en 2011.  El motivo, el inminente cambio en la presidencia de la comisión, el 11 de marzo de 2020, momento a partir del cual quedaría en manos de la Unión Demócrata Independiente, la cual junto a Renovación Nacional demostró hace pocos días su oposición al objetivo central del proyecto al rechazar en el Senado la reforma constitucional que transforma el agua en un bien nacional de uso público. Aprobado por la Cámara de Diputados en 2016 y posteriormente por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en su trayecto el proyecto ha debido superar diversos escollos.   Retrasos en su tramitación producto de audiencias en cada una de las comisiones en que ha sido visto (repitiéndose en cada instancia muchos expositores), una indicación sustitutiva ingresada en 2014 por el gobierno de Michelle Bachelet y múltiples otras presentadas en enero de este año por la actual administración, tendientes a revertir lo avanzado y asegurar el derecho de propiedad perpetuo sobre las aguas, bajo el concepto de mantener la “certeza jurídica”. Hoy la Comisión de Agricultura es presidida por el socialista Álvaro Elizalde, contando la oposición con mayoría al ser integrada por Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Carmen Gloria Aravena (indep.) y Juan Luis Castro (RN).  Si embargo, producto de previos acuerdos de comité, a partir del 11 de marzo la comisión pasará a manos de la UDI y lo más probable es que sea Juan Antonio Coloma el designado, parlamentario que ha participado en varias sesiones en reemplazo de Aravena ocasión en que ha dejado en claro su cuestionamiento a la forma en que ha avanzado el proyecto. En este sentido, la oposición privilegió mantener la presidencia en comisiones como las de Hacienda, Educación, Trabajo o Salud.  En el caso de Minería y Energía también pasaría al oficialismo. En la práctica y considerando el receso legislativo de febrero, son unas pocas sesiones las que restan para despachar el proyecto previo al cambio de conducción en la comisión.  Incluso el lunes 6 último no hubo sesión. Lento ha sido el avance desde que agosto de 2017 la iniciativa pasó a la Comisión de Agricultura.  Tranco que se aceleró a principios del año pasado cuando el Ejecutivo ingresó sus indicaciones, parte importante de las cuales han sido rechazadas.  Esto podía revertirse con una presidencia oficialista, dadas las facultades para poner en discusión los proyectos, retirarlos, suspender citaciones, extender horarios e incluso aumentar el […]

Los participantes en las protestas en la plaza de la Dignidad, en esta capital, están lejos de ser radicales violentos e irracionales como los describe la propaganda oficial, reveló hoy un estudio sociológico. Por el contrario, el 32 por ciento de quienes se manifiestan desde el 18 de octubre último en ese emblemática sitio son graduados universitarios, 12 por ciento tienen terminada la enseñanza técnica e incluso uno de cada 10 concluyó estudios de posgrado. Esa caracterización fue hecha por el Núcleo de Sociología Contingente (Nudesoc), centro de estudios de la Universidad de Chile, mediante entrevistas abiertas durante varios días de noviembre a una muestra de 886 personas mayores de 18 años, en el mismo escenario de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. El sondeo, denominado Encuesta Zona Cero, reveló que el promedio de edad es de 33 años, el 75 por ciento de los encuestados no sobrepasa los 40, y tienen muy bien definido por qué acuden a las protestas. Ello se refleja en que entre las principales demandas del movimiento social, el 75 por ciento plantea el aumento de las pensiones, 57 el mejoramiento de la salud pública y 56 por ciento la elevación de la calidad en la educación, porcentajes coincidentes con lo reflejado por otros sondeos a nivel de país. El tema de la Constitución aparece en quinto lugar entre las prioridades, pero 83,9 por ciento apoya una nueva carta magna, 83,8 respalda una asamblea constituyente para su redacción y 84 de cada 100 coinciden en que este es el primer paso para la solución de la crisis y que sin él no habrá cambios sociales efectivos en el país. Otros datos significativas señalan que el 75 por ciento considera insatisfactorio el modelo de democracia existente en Chile, y 93 de cada 100 califican de insuficientes las medidas del Gobierno en respuesta a las demandas del movimiento social, porque no reducen las desigualdades ni cambian la estructura del modelo existente. Asimismo 99,4 por ciento de los entrevistados consideró excesivo el despliegue policial contra las manifestaciones populares. Pero la represión no los atemoriza, pues el 49 por ciento aseguró que participó más en las protestas tras la imposición del estado de emergencia y del toque de queda por el Gobierno, mientras 36 por ciento aseguró que esas medidas no los amedrentó. Al analizar los resultados del estudio, Sofía Donoso, investigadora de movimientos sociales y académica del Departamento de Sociología de la universidad de Chile, señaló que este minucioso estudio desmitifica el discurso instalado desde el Gobierno de criminalizar a los manifestantes. Asimismo consideró que las aspiraciones de este grupo no difieren de las del resto de la población aun cuando se quiera aislarlos del movimiento social bajo el criterio de que supuestamente están en contra de la protesta pacífica. Santiago de Chile, 9 de enero 2020 Crónica Digital/PL

La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD, encabezada por Ricardo Celis, señaló que «cuando el ministro de la Segpres, Felipe Ward, insiste en que no es el momento adecuado para la reposición del voto obligatorio, es porque tiene la calculadora en la mano». «El gobierno prefiere mantener el voto voluntario por un cálculo político, para que el 26 de abril, el día del Plebiscito, la gente que tiene menos recursos, que menos ha participado en los procesos eleccionarios del mundo de centro izquierda, que tiene una visión bastante crítica de la sociedad, no participe», afirmó el diputado Celis. El parlamentario indicó que «creemos que justamente hay que trabajar para el voto obligatorio, para que haya mucha participación en el plebiscito y no estar con la calculadora como lo está el ministro Ward y el gobierno en esta materia». «No me cabe duda de que el Ministro Ward está presionando a los parlamentarios oficialistas a no sacar adelante este proyecto», aseguró. Por su parte, la diputada y miembro de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, señaló que «tenemos un sector de la derecha  antidemocrática que pretende presionar a la derecha progresista para que no concurra con su voto a la reposición del voto obligatorio». «Hay presiones, en público por supuesto que no lo van a reconocer, pero en privado han dicho claramente que hay un movimiento de la derecha antidemocrática que no quiere cambiar esto, y sólo hace gárgaras en público de defender la democracia, pero en concreto rechazan algo como esto que está tan sustentado en la mayoría de la ciudadanía. Existe una especie de complot de la derecha para terminar con el afán de democratizar el país», concluyó la diputada Parra.

Luego de las manifestaciones y la filtración de las preguntas de la prueba de historia que obligó a la suspensión nacional de la prueba, el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) se encuentra reunido para dar soluciones al inconcluso proceso de admisión. Mientras tanto, las Juventudes Comunistas presentaron hoy una propuesta al CRUCH que contempla la suspensión de la PSU y la utilización de las notas de enseñanza media como principal criterio de admisión para acceder a la Educación Superior. Hoy las Juventudes Comunistas, encabezadas por su Presidente, Camilo Sánchez Pizarro, junto a dirigentes estudiantiles presentaron una carta en el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH) con la finalidad de anular los resultados de la PSU de este año. En tal sentido, el dirigente comunista indicó que «la PSU fracasó para siempre y no desde el próximo año, sino que a partir de este».  A propósito de las cifras y balances entregados el día de hoy por el DEMRE, organismo a cargo de ejecutar la Prueba de Selección Universitaria, Camilo Sánchez fue mucho más categórico y cuestionó la legitimidad de la prueba, pues «la rindió solo el 80%, además no se ejecutó la prueba de historia, se filtraron preguntas de 3 pruebas y se demostró que no hay legitimidad para darla nuevamente” indicó. Mientras el CRUCH debe definir el curso de acción que seguirá el truncado proceso de admisión a la educación superior, por su parte, las Juventudes Comunistas solicitan a los rectores desechar los resultados de la PSU y, en cambio, relevar las trayectorias de cada estudiante a partir de las notas de enseñanza media, permitiendo así mayor equidad en el sistema de educación. Al respecto, Sánchez señaló “los rectores quienes tienen atribuciones para implementar un acceso sin PSU para este año, y lo que  nosotros proponemos es que se contemple la trayectoria de notas de enseñanza media y de las asignaturas más relevantes según la carrera a la cual un o una estudiante postule, lo cual aporta equidad al sistema» Así mismo, la propuesta contempla ampliar los procesos de nivelación y aumentar los cupos con criterios de equidad con tal de permitir el acceso de jóvenes más pobres a la Educación Superior y que hayan demostrado sus talentos a lo largo de su trayectoria académica. Al respecto, Camilo Sánchez señaló, «lo anterior debe ser acompañado por planes de nivelación al menos durante el primer año de estudio, aumentar los cupos PACE y fortalecer tanto propedéuticos como bachilletaros». Frente a la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en aquellos jóvenes que hayan participado en manifestaciones en los recintos durante los días de ejecución de la PSU, Camilo Sánchez, señaló que «a los estuidantes sencundarios no los escucharon por años y con ello no les dejaron más opción que la protesta, lo cual se mantiene porque en vez de diálogo, la respuesta del gobierno a una exigencia estudiantil son querellas».  Al cierre, Camilo Sánchez anunció que están trabajando con las parlamentarias de la bancada […]