Orbe

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que la investigación judicial bajo el nombre de Lava Jato resulta hoy una operación de destrucción de Brasil, de la democracia y del pueblo que vuelve al desempleo y a la miseria. Durante una reunión nacional de la Campaña Nacional Lula Libre en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Sao Paulo, el exdirigente obrero destacó que resulta fundamental mostrar a la sociedad brasileña que Lava Jato no solo estuvo concebida para perjudicar a Lula, sino que es una operación de destrucción del país. «Dedicaré el resto de mi vida a probar mi inocencia y a demostrar que el grupo de trabajo de Lava Jato está empantanado en compromisos con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos», denunció el exsindicalista. Afirmó estar convencido de que «el tema de (empresa) Petrobras es uno de los pilares y que están tratando de convertir a Brasil en una colonia». Insistió en que pasará el resto de su vida «tratando de justificar el afecto y la solidaridad que recibí de ustedes durante todo este período» (580 días de prisión política). «Mis primeras palabras son de agradecimiento. No sé si todo lo que haga a partir de ahora pagará por lo que ustedes hicieron por la democracia y mi libertad», reconoció. Medios periodísticos aseguran que el encuentro reunió a representantes de más de 25 organizaciones y movimientos que forman parte del Comité Nacional Lula Libre, entre ellos miembros de los partidos Comunista de Brasil (PCdoB), de la Causa Obrera (PCO), del Socialismo y la Libertad (PSOL) y de los Trabajadores (PT). «Me sorprendió mucho, justo al inicio del 2020, después de un año de mucha lucha y conquistas, que tuviéramos una reunión representativa y con personal muy afinado, incluso en la lectura de la situación», evaluó el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto. El gobernador del estado de Maranhão, Flávio Dino, que apoya la campaña, dijo por su parte que no tiene dudas de que la bandera que mejor entiende la población es la de Lula Libre, porque traduce un programa democrático nacional y popular. «La bandera de Lula Libre es la más fuerte que tenemos. Y para aquellos que piensan que esto es personalismo o mesianismo, hay un libro que se llama El papel del individuo en la historia, de Gueorgui Plejánov, que explica por qué hay que valorar los líderes que el pueblo ha producido. Y en Brasil, el más grande es Lula», subrayó. Brasilia, 20 de enero 2020 Crónica Digital/PL

El Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de Uruguay, emprenderá desde hoy nuevas excavaciones en el Batallón de Infantería 14 del Ejército, en busca de restos de detenidos desaparecidos en la dictadura pasada. La investigación fue ordenada el año pasado por el Fiscal Especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien dispuso un área cautelada dentro del predio del Ejército. Está intervención tuvo relación con la denuncia presentada en esa fecha por un periodista, basada en el testimonio de un militar quien denunció enterramientos en un sector de la unidad castrense, donde también se ubicaba un centro de torturas. Como consecuencia de ello el denunciante concurrió al lugar junto al fiscal y a un equipo de antropólogos del Giaf, y se llevaron a cabo excavaciones sin arrojar resultados. La búsqueda pasó recientemente a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, al aprobarse una ley que le confiere esta potestad a dicha institución. Antes esa tarea la impulsaba el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que culminó su gestión al promulgarse una legislación que garantiza su seguimiento, cualquiera que sea el signo político de los sucesivos gobiernos elegidos. Se estima en 195 los detenidos desaparecidos uruguayos durante la dictadura cívico-militar de 1973-1985 y su articulación con el represivo Plan Cóndor en Sudamérica, con el apoyo de Estados Unidos. Montevideo, 20 de enero 2020 Crónica Digital/PL

El Comité de Oxford para el Alivio de la Hambruna (Oxfam) informó hoy que en 2019 las dos mil 153 personas más ricas del mundo dispusieron de más dinero que cuatro mil 600 millones de los más pobres juntos. Agregó el reporte de Oxfam que el trabajo no remunerado o infrapagado de mujeres y niñas anualmente aporta tres veces más a la economía global que la industria de la tecnología. La confederación internacional de ayuda, con base en Nairobi, dijo en un reporte divulgado antes del Foro Económico Mundial en Davos, que a nivel mundial las mujeres trabajan todos los días 12 mil 500 millones de horas sin sueldo ni reconocimiento. En su informe, Oxfam calcula que la labor impaga de las féminas sumó al menos 10,8 billones de dólares al año (un billón equivale a un millón de millones) en valor a la economía mundial. La cifra representa tres veces más que lo aportado por la industria tecnológica. El presidente ejecutivo de Oxfam India, Amitabh Behar, señaló que para ellos es importante resaltar el motor escondido de la economía, traducido en la labor no remunerada de las mujeres. Para resaltar el nivel de inequidad en la economía global, Behar citó el caso de Buchu Devi, mujer india que pasa entre 16 a 17 horas diarias buscando agua tras recorrer tres kilómetros, cocinando, preparando a sus niños para la escuela, y trabaja en un empleo de sueldo precario. Oxfam es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es: Trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Es una organización benéfica muy conocida por sus campañas para recaudar fondos, su trabajo de ayuda al Tercer Mundo y en la promoción el uso de tecnología básica y recursos locales. Nairobi, 20 enero 2020 Crónica Digital /PL

Rusia valoró hoy de positivos los resultados de la conferencia internacional en Berlín sobre una salida pacífica a la crisis en Libia, donde se adoptaron acuerdos y a la que asistió el presidente Vladimir Putin. Se dio un paso muy importante en pos de una eventual salida al conflicto en el país norafricano, consideró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Ahora el trabajo, apoyado en ese primer paso, lo deberá continuar Naciones Unidas, comentó el portavoz presidencial ruso. En la conferencia estuvieron presentes el primer ministro del Gobierno Conciliación Nacional, Faiz Al Sarraj, y el jefe del llamado Ejército Nacional Libio, el general Halif Haftar, pero fue imposible organizar un encuentro entre ellos. De hecho, fuentes cercanas a la conferencia indicaron en esta capital que Haftar abandonó Berlín, sin firmar ningún documento referido al fin de las hostilidades y el inicio de un proceso político en la nación norafricana. Al término de la conferencia internacional, con participación de al menos 10 países, la canciller federal alemana, Angela Merkel, anunció que se esbozó un plan para la solución del conflicto libio y se acordó crear un comité de monitoreo de las decisiones tomadas en ese foro. Durante la reunión en la capital alemana, Putin dialogó con su similar turco, Recep Tayyip Erdogan, con el primer ministro británico, Boris Jhonson, y con su homólogo francés, Emmanuel Macron, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen. En su momento, el tema libio la debatieron Putin y Merkel en el Kremlin y luego en conversaciones telefónicas, poco antes de iniciarse la conferencia. Haftar y al-Sarraj visitaron el pasado lunes esta capital, donde los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Rusia y Turquía auspiciaron una mediación para intentar la firma de un documento que llama a poner fin a todas las hostilidades en Libia. Aunque Haftar salió de este urbe sin rubricar el referido documento, ambas partes enfrentadas suspendieron las operaciones bélicas a gran escala en el país norafricano, lo que, en opinión, de Putin, creó condiciones propicias para celebrar ayer la conferencia de Berlín. Moscú, 20 de enero 2020 Crónica Digital/PL

El equipo legal del presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de «constitucionalmente inválidos» los artículos de juicio político en los cuales el mandatario se encuentra acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El grupo encargado de la defensa del gobernante emitió una respuesta de seis páginas sobre los cargos aprobados en diciembre pasado por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, a partir de los cuales Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia del país en enfrentar un proceso de ese tipo. La respuesta, redactada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y por Jay Sekulow, letrado personal de Trump, quienes encabezan el equipo legal del presidente, ataca el caso presentado por los demócratas por razones procesales y sustantivas, al sostener que el abuso de poder y la obstrucción al Congreso no son crímenes, y mucho menos delitos imputables. Ambos sostuvieron que las acusaciones avaladas en la Cámara Baja violan la Constitución y son defectuosas en su totalidad, al tiempo que calificaron el proceso de juicio político como «un ataque peligroso contra el propio pueblo estadounidense y su derecho al voto». Según lo expresado en el documento, entregado anoche al Senado con vistas al inicio el próximo martes del juicio contra el mandatario, el equipo de Trump planea argumentar que el primero de los cargos hace «un daño duradero a la separación de poderes» y que no existe tal violación de la ley. Asimismo, la defensa del jefe de la Casa Blanca prevé expresar que el presidente «estaba en su derecho» de ignorar las solicitudes de testimonios y testigos durante la investigación de juicio político en la Cámara Baja, lo cual llevó a que fuera acusado de obstrucción. «Los artículos de juicio político presentados por los demócratas de la Cámara de Representantes son un ataque peligroso contra el derecho del pueblo estadounidense a elegir libremente a su presidente», manifestaron los abogados, quienes acusaron a la fuerza azul de querer anular los resultados de las elecciones de 2016. De acuerdo con el diario The New York Times, en ese documento los letrados de Trump no negaron ninguno de los hechos centrales que subyacen en las imputaciones en su contra. A decir del periódico, con eso reconocen lo se demostró en la Cámara Baja: que Trump bloqueó 391 millones de dólares en ayuda militar destinada a Ucrania y frenó una reunión con su homólogo de ese país, Volodymyr Zelensky, a quien le pidió que investigara al exvicemandatario norteamericano Joe Biden. En lugar de negar que eso haya sucedido, el argumento de los abogados es que el jefe de la Casa Blanca no violó ninguna ley al comportarse de ese modo y que estaba actuando de manera completamente apropiada, porque quería enfrentar la corrupción en Ucrania, no buscar ventajas políticas. Los demócratas, sin embargo, consideran que Trump presionó al país europeo para que indagara sobre Biden con el fin de beneficiarse políticamente en las elecciones de noviembre venidero, cuando el demócrata podría ser su rival. Washington, 20 […]

La consolidación de la unidad del Movimiento al Socialismo (MAS) contrasta hoy con las pugnas electoralistas que resquebrajan al mosaico de fuerzas que apoyaron el golpe que obligó a renunciar al presidente Evo Morales. La nominación del economista Luis Arce Catacora como candidato presidencial y del intelectual indígena David Choquehuanca como postulante a la presidencia, expresa una confluencia entre los sectores medios y los indígenas y otros sectores populares. Los postulantes, cuya nominación fue anunciada ayer por  el exgobernante indígena en Buenos Aires, han sido ministros y cercanos colaboradores de Morales desde el inicio de su gobierno. Arce, de 56 años. fue el primer ministro de Economía del gabinete de estreno presidencial de Morales, en enero de 2006, y ejerció el cargo hasta diciembre de 2019, con un paréntesis entre junio de 2017 y enero de 2019, y ejecutó la exitosa política económica de ese gobierno. Destacado intelectual y político aymara, Choquehuanca, de 58 años, fue canciller de Morales por 11 años, desde el comienzo de su gobierno hasta 2017, tras lo cual se desempeñó hasta 2019 como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Frente a la conducta y los antecedentes racistas de los miembros del gobierno de facto, el MAS opuso así un binomio que representa a los indígenas y a lo que Evo Morales calificó como «blancos sanos» de las ciudades, al anunciar ayer el binomio y resaltar sus virtudes.. El tercer precandidato, Andrónico Rodríguez, según versiones periodísticas, sería postulante a primer senador por el departamento central de Cochabamba. Morales reconoció la gran popularidad del dirigente popular e intelectual, pero señaló que, a los 30 años, es aún muy joven para tentar la presidencia. Morales orientó a los dirigentes del MAS a proponer un acuerdo que brinde garantías a los partidos de derecha para hacer campaña en el Chapare, Cochabamba, un territorio donde el apoyo al líder indígena es masivo, y al MAS para hacerla en el departamento oriental de Santa Cruz, bajo hegemonía derechista y racista. Frente a las iniciativas unitarias del partido de Morales, las ambiciones por el poder se traducen en una creciente división del campo favorable al golpe y fracasan los llamados de la presidenta del régimen de facto, Jeanine Áñez, a formar un bloque único para poder derrotar al MAS. La Paz, 20 de enero 2020 Crónica Digital/PL

Organizaciones sociales en Bolivia rechazan hoy la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de ampliar el mandato de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, hasta la instalación del nuevo gobierno tras los comicios del 3 de mayo. El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba, Héctor Arce, anunció que organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionaban la prolongación del régimen golpista y evaluaban posibles manifestaciones el 22 de enero próximo. La dirigente Leonilda Zurita, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias «Bartolina Sisa», recordó la semana pasada que Áñez terminaba sus funciones como senadora ese día y hasta el momento no existe ninguna resolución que legalice su nombramiento como jefa de Estado. Zurita enfatizó a medios de prensa que la carta de renuncia del expresidente Evo Morales no ha sido debatida por la Asamblea Plurinacional y legalmente es todavía el presidente del país suramericano. Asimismo, anunció posibles manifestaciones de la confederación para defender la democracia de prolongarse el gobierno de facto. Por otra parte, el encuentro ampliado nacional del Pacto de Unidad, compuesta por organizaciones sindicales afines al MAS, aprobó el 12 de enero en el centro minero de Huanuni (Potosí) organizar movilizaciones pacíficas a partir del día 20 del presente mes como rechazo a esa decisión. Durante el encuentro fue ratificada la unidad de la clase obrera, indígenas, organizaciones, transportistas que conformarán coordinadoras de defensa de la democracia, publicó el diario El Potosí. El expresidente Evo Morales denunció el viernes pasado la ilegalidad de prorrogar el mandato de las autoridades de facto de su país, cuya gestión, de acuerdo con la Constitución, cesa el 22 de enero. La renuncia forzada de Evo Morales, ganador de las presidenciales del pasado 20 de octubre, impedirá la asunción de un nuevo gobierno el 22 de enero, por lo que el cargo debe ser asumido por la jefa del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Días, quien ha evitado el tema hasta el momento. «Por el voto del pueblo y por Constitución, termina el mandato de las autoridades legislativas el 22 de enero. Ningún órgano del Estado Plurinacional puede ampliar el mandato por encima de la CPE (Constitución Política del Estado)», escribió Morales en su cuenta de Twitter. «Los que lo prorroguen, violarán la ley y responderán a la justicia tarde o temprano», concluyó en la misma red social. Áñez fue designada presidenta transitoria del país andino sin el aval del parlamento dos días después de la renuncia forzada de Morales en medio de protestas generadas por un informe incompleto de la Organización de Estados Americanos que apuntaba a un fraude electoral en las elecciones bolivianas, supuesto luego desmentido. La Paz, 16 de enero 2020 Crónica Digital/PL

A un año de implementación del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (Cptpp), las exportaciones vietnamitas a los países adscritos experimentaron un notable crecimiento, sobre todo a los de América. Altos funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) indicaron hoy que el tratado dinamizó el comercio con los asociados, pero resaltaron que las ventas a Perú, México, Chile y registraron aumentos de dos dígitos. El titular de esa cartera, Tran Tuan Anh, comentó que pese a llevar solo un año de activado, el Cptpp favoreció considerablemente a la nación indochina. Alrededor del 40 por ciento del superávit de 10 mil millones de dólares que alcanzó el comercio exterior vietnamita el año pasado provino de los suscriptores de ese acuerdo, señaló. El vicejefe del Departamento de Importación y Exportación del MIC, Tran Thanh Hai, precisó que en 2019 las exportaciones a Perú registraron un alza del 40 por ciento; a Canadá, del 28,2 por ciento; a México, del 26,8 por ciento; y a Chile, del 20,5 por ciento. Pese a los tangibles beneficios que ha traído el Cptpp a Vietnam, estadísticas del citado departamento indican que el 70 por ciento de las más de ocho mil 600 mil empresas indagadas a ese tenor aún tienen una información ambigua sobre el tratado, sus ventajas y compromisos. El ministro citó, entre otras deficiencias, la inadecuada explotación de los recursos humanos, la tecnología y la infraestructura, la relativa flexibilidad del pensamiento administrativo y la falta de dinamismo de varias provincias que aún no aprovechan debidamente las ventajas del acuerdo transpacífico. El Cptpp reducirá en 95 por ciento los aranceles entre los 11 estados miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Aún todos no lo han ratificado (faltan por hacerlo los parlamentos de Chile, Perú, Brunéi y Malasia. Pero varios países de otras zonas de Asia-Pacífico están considerando sumarse, incluido Estados Unidos, que se salió del pacto cuando Donald Trump asumió la presidencia. Hanoi, 16 enero 2020 Crónica Digital/PL

El régimen golpista de Bolivia lanzó hoy una orden internacional de detención del expresidente Evo Morales, en medio de una ola represiva que afectó a otros dos exministros de la administración del líder indígena. El fiscal general, Juan Lanchipa, convertido en instrumento de la represión, envió a Interpol -un mecanismo de cooperación policial internacional- la llamada «notificación roja», que pide la detención y entrega de Morales por «terrorismo y sedición». La medida fue adoptada al día siguiente de que Lanchipa la negara y la acusación se basa en una grabación de audio en la que una voz similar a la de Morales coordina con un activista del territorio del Chapare, bastión de Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS), protestas contra el golpe de Estado de noviembre pasado. La orden de captura ignora la condición de refugiado político que tiene Morales en Argentina, por la que, según la legalidad internacional, de ninguna manera puede ser entregado al país que lo persigue y obliga a mantenerse en el exilio. Por otra parte, fuentes del Ministerio Público consideraron inminente la detención del exministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, citado a declarar por la Fiscalía, tras negarle un juez garantías contra un grupo de seguidores del régimen que asedian su casa, impidiéndole salir a él y su familia y abastecerse de alimentos. Romero es objeto de vagas acusaciones de supuestas irregularidades en la policía antidrogas y en la operación policial contra un comando de mercenarios extranjeros y locales, cuando en abril de 2009 se aprestaba a asesinar al presidente Morales. Además, la policía detuvo al Jorge Rendón, a quien sindicó como empleado del Ministerio de Gobierno y supuesto informante de Romero, aunque otras fuentes señalan que en realidad fue apresado cuando visitaba al exministro llevándole víveres. En la ciudad central de Cochabamba, la policía allanó la casa del exministro de Obras Públicas y exgerente de la Empresa estatal de Telecomunicaciones (Entel), ûscar Coca, acusado de daño económico al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias. El precandidato presidencial Andrónico Rodríguez advirtió que el gobierno de Jeanine Áñez persigue a sus opositores y llega al extremo de fabricar pruebas para acusarlos de sedición, terrorismo y corrupción. Señaló que debido a la ola represiva no hay garantías democráticas para la realización de las nuevas elecciones convocadas para el 3 de mayo, mientras el gobierno anunció que investiga a casi 500 funcionarios designados durante los 13 años de gobierno del MAS. La situación es tan grave que el comentarista Fernando Molina, crítico del gobierno de Morales, advirtió sobre la afectación de la democracia y puso ejemplos como la amenaza del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a Andrónico Rodríguez. «Varios bolivianos están siendo procesados por delitos de opinión, en flagrante afrenta a las garantías constitucionales. A unos se les reclama judicialmente por su «animadversión contra el Gobierno»; a otros, por «llamar a la violencia», no por cometerla», señaló Molina. Agregó que a ello se presta la justicia, «convertida en instrumento de represión del Gobierno». La Paz, […]