ORGANIZACIONES DE EX PRESOS POLÍTICOS EXIGEN AL GOBIERNO CUMPLIR SUS COMPROMISOS EN MATERIA DE DD.HH.

Dirigentes de ex prisioneros políticos de la dictadura de Pinochet

En el Colegio de Periodistas de Chile, se está desarrollando el Tercer Encuentro Nacional de las organizaciones de ex prisioneros políticos de la dictadura de Pinochet. Evento que asisten delegados de todo el país y que finaliza mañana domingo.

Héctor Cataldo, presidente, y Julio Aránguiz Secretario General de la Agrupación Nacional de ex presas y presos políticos de Chile,  en entrevista exclusiva con Crónica Digital revelaron que este encuentro definirá una serie de medidas destinadas a que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, cumpla con varios compromisos contraído con las organizaciones humanitarias chilenas.

El día de ayer el gobierno decreto que todos los 26 de junio se junio se conmemora el Día Internacional de apoyo a las víctimas de la Tortura. ¿Qué opinión tiene los ex detenidos por el régimen militar?

Héctor Cataldo: La Agrupación Nacional de ex Presas y ex Presos Políticos de Chile hace suya a esta fecha entregando el testimonio como  organización de sobrevivientes del Terrorismo de Estado que fue implantado en nuestro país entre 1973 y 1990 por las Fuerzas Armadas chilenas.Quiero recordar que durante la dictadura en Chile existieron, distribuidos nacional y geográficamente, más de 1.000 centros de detención y tortura oficialmente reconocidos al interior de recintos militares. De ellos no hay uno solo que haya sido reconocido como sitio de memoria histórica. Los dos o tres recintos que han sido recuperados, el más emblemático Villa Grimaldi, lo han sido sólo por la lucha de la sociedad civil, de las propias víctimas y sus familiares, que los arrancaron de las manos de los militares.

Pero la Presidenta Bachelet anunció que Londres 38 pasaría a ser un museo de la memoria….

HC: Si, pero eso es producto de las luchas de lo9s familiares de los detenidos y desaparecidos que estuvieron en ese lugar. El año 2004, la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) reconoció que 28.000 chilenos y chilenas fueron encarcelados y torturados. Ustedes están planteando reabrirla.

¿Cuáles son sus motivaciones?

HC: El número no es significativo (28 mil presos reconocidos) por la discreción con que operó esta comisión, que no cubrió el sector rural del país y que pasó  prácticamente inadvertida entre los 700.000 chilenos que viven en el extranjero, de los cuales un alto porcentaje corresponde a chilenos exiliados y ex prisioneros políticos.La iniciativa de crear la comisión fue un paso importante para colocar el tema de los Derechos Humanos y de la Tortura en la conciencia de la nación. El informe Valech, emanado de ella, tuvo un efecto traumático para la inmensa mayoría del país, sobre todo en las nuevas generaciones.

El informe dio lugar a una ley reparatoria, conocida como Ley Valech…

Julio Aránguiz: Si, pero se desestimó las recomendaciones de la comisión y redujo la reparación a un cálculo establecido por el Ministerio de Hacienda que hizo una proyección de 20 años, equivalente a la esperanza de vida de los sobrevivientes, sobre la base del criterio acuñado por la Administración Lagos de “reparación austera y simbólica”. ¡Impresentable!

Los tratados internacionales firmados por Chile, en materia de Derechos Humanos, establecen que el Estado debe perseguir criminalmente a los torturadores.

JA: Si, en Chile hay 28.000 personas torturadas, los tribunales de justicia debieran tener por lo menos unos cuantos millares de querellas en contra de los responsables.

¿Cuál es la realidad?

Héctor Cataldo: El Estado de Chile no ha presentado ninguna querella en tribunales para castigar a los responsables de estos crímenes. Las escasas querellas existentes han sido presentadas por las propias víctimas: Academia de Guerra Aérea, Villa Grimaldi, Londres 38, Tejas Verdes, José domingo Cañas, Venda Sexy, o sea, corresponden a los centros clandestinos de detención de la DINA.

El puñado de oficiales y suboficiales que actualmente cumplen condenas por desaparición de prisioneros o asesinatos emblemáticos en el exterior, no da cuenta del horror desatado contra la población civil y los militantes de organizaciones políticas de resistencia.

Resulta una burla para la justicia, las víctimas y sus familiares, ver a estos militares en prisiones de lujo ubicadas al interior de recintos militares, gozando de las granjerías de oficiales en vacaciones.A esto se une que los militares que formaron parte de los aparatos represivos perciben una pensión, por estrés de guerra, de $700.000 mensuales, que se suma a sus sueldos. Es decir, los torturadores son reparados por el Estado, por haber cumplido su asquerosa misión en contra de los chilenos.

¿Cómo es posible una situación así?

HC: Simplemente porque la alianza política en el poder no ha cumplido la misión que le compete, en tanto hija del amplio movimiento popular antidictatorial que le dio origen, y que la obligaba a establecer la verdad, castigar a los responsables, reparar adecuadamente a las víctimas del terror y hacer respetar los Derechos Humanos.Ejemplo claro de lo anterior son la aplicación de la ley antiterrorista pinochetista contra el Pueblo Mapuche y la represión criminal contra el movimiento social.

Se ha implementado una política de impunidad hacia los criminales en la medida en que se ha mantenido el decreto de autoamnistía de 1978, en que se emplea la prescripción por tiempo transcurrido y en que se mantiene el secreto por 50 años de los nombres de los criminales recopilados por el Informe Valech.No existe en los Códigos de Justicia de Chile el delito de tortura.

En esa medida no es posible inculpar a los victimarios por esta causa, pese a ser universalmente reconocido que en Chile se practicó la tortura de modo sistemático durante la Dictadura.Repugna a la conciencia social del país que sus Fuerzas Armadas y de Orden sean culpables del delito de Tortura – los ex presos políticos son testimonio vivo de ello – y más aún la complicidad, en este delito de lesa humanidad, de sectores civiles que la instigaron para defender sus prebendas y granjerías.

En consecuencia el Estado debe crear la figura jurídica de Tortura como delito…

Julio Aránguiz: Claro y debe ser imprescriptible, inamnistiable, sin beneficio de atenuantes y con penalidad ejemplar. Las generaciones futuras lo agradecerán y el país podrá enorgullecerse, con justa razón, ante la comunidad internacionalLos chilenos deben exigir al Estado que cumpla con las obligaciones que le impone el Derecho Humanitario Internacional en la defensa, promoción y respeto de los DDHH en nuestro país, creando la institucionalidad necesaria para el resguardo de ellos como es el Defensor Público o un Instituto de Derechos Humanos autónomo del Estado, discutido con la Sociedad Civil y no negociado con la derecha política del cogobierno binominal.

Santiago de Chile, 27 de junio 2009
Crónica Digital