INDULTO, DERECHOS HUMANOS Y LA PALABRA EMPEÑADA DEL PRESIDENTE PIÑERA

El tema del indulto, con motivo del Bicentenario, puesto en el tapete por iniciativa de la Iglesia Católica chilena, como una iniciativa de carácter humanitario y espíritu de clemencia, tensó el ambiente político y social del país.

Como lo reconoció el presidente Sebastián Piñera al dar a conocer la posición oficial del gobierno  el debate  surgido a raíz de las propuestas, constató- como es natural- las divisiones y tensiones que subsisten en la sociedad chilena y, reabrió heridas y dolores.

Lo que señaló el presidente de “rencores”, corre sin duda por cuenta de quienes se niegan a reconocer la verdad y rechazan la justicia, no de las victimas, que suficientes muestras de humanidad han dado a través de sus años de sufrimiento.

Pero lo sustancial del caso es que el Presidente Pïñera se pronunció con claridad asumiendo que los violadores de Derechos Humanos, los culpables de crímenes de lesa humanidad no eran acreedores ni serían objeto del Indulto.

Con esta decisión, que deberá confirmarse en los hechos concretos, el Presidente reafirmó lo que ha expresado en repetidas oportunidades, respecto de las violaciones a los Derechos Humanos, pero también  significa que atiende un sentimiento nacional de rechazo a esos crímenes horrendos, reconoce la vigencia de las normas del derecho nacional e Internacional, que los caracteriza con imprescriptibles – pueden ser perseguidos todo el tiempo- y no pueden ser objeto de ningún tipo de amnistía.

La calificación de crímenes de lesa humanidad, según el derecho Internacional – el Estatuto de Roma- y al que Chile debe honrar, abarca entre otros los siguientes delitos: el homicidio intencional; le deportación; el  encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; la tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control.

También la violación y otros abusos sexuales son calificados como tortura en tanto que crimen de lesa humanidad o crimen de guerra.

Otros crímenes de esta naturaleza son la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.

La lista se completa con la desaparición forzada de personas: detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los «desaparecidos» con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo.

Este es el marco de las obligaciones del Estado de Chile, ratificadas este domingo de manera solemne por el presidente Sebastián Piñera.

Lo cierto es que Chile ha  dicho No- y el presidente Piñera incluido- a quienes intentaron aprovechar la ocasión para su constante defensa de los criminales, de dar vuelta la hoja, de tender un manto de olvido sobre las violaciones a los derechos humanos, la brutal represión de la dictadura de Augusto Pinochet, y aun más justificar las violaciones, los asesinatos, el degollamiento y el lanzamiento al mar de demócratas y opositores, o simplemente ciudadanos, compatriotas.

La discusión sobre el indulto, se produjo por otro lado, cuando la Corte Suprema, confirmó sentencias para los asesinos del General Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, y calificó de “Asociación ilícita” a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía represiva de Pinochet.

Y cuando el Ejército, a través de su Comandante en jefe,  Juan Miguel Fuente-Alba  calificó el hecho de “cobarde asesinato” y repudió “especialmente a los militares que lo consumaron”, los cabecillas de la DINA y obviamente quién dio la orden, el ex dictador Augusto Pinochet.

Fuente-Alba condenó en una declaración pública entregada en la ocasión que “la infamia de aquellos que no adhirieron al tradicional código de honor y de conducta institucionales, que con su acción demostraron despreciar”.

Obviamente estos condenados, el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, el brigadier, Pedro Espinoza, y el resto de los condenados por los delitos de doble homicidio y por asociación ilícita, no podían aspirar a un indulto. Y tampoco los otros condenados o procesados.

La decisión presidencial fue también una toma de posición frente a políticos de la ultra derecha Chilena como  el diputado de la Unión Demócrata Independiente, UDI, el principal partido de gobierno, José Antonio Kast quien afirmó que “el indulto a los militares es necesario para la reconciliación, y consideró que el indulto debía ser “sin exclusiones, a civiles y militares, hombres y mujeres, pobres y ricos”.

También instó a no hacer diferencias ”entre civiles y militares” ek presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma.

Se entiende la molestia que causó el anuncio oficial en quienes pretendían que el anuncio significara un “dar vuelta la página” al tema de la violación de los derechos humanos” bajo Pinochet.

Tras el anuncio el senador de la UDI; Hernán Larraín dijo que el Piñera perdió la oportunidad dar un”una cuota de misericordia a la justicia”  y que “se pudo haber dado un paso significativo, se debería haber dado un gesto de reencuentro”.

Por su parte el diputado Alberto Cardenmil, del partido del presidente, Renovación Nacional, atribuyó a “sectores recalcitrantes de la izquierda” que se haya impedido avanzar en un perdón a los violadores de derechos Humanos.
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El presidente de Renovación Nacional, el otro partido de gobierno, Carlos Larraín no ocultó su molestia diciendo que “si el presidente quiere asumir la carga personalmente espero que se muestre como el humanista amplio que es, porque si influyen las opiniones de grupos extremos, el empeño se vería frustrado”.

En las filas de militares en retiro, que sirvieron bajo Pinochet y formaron parte de su régimen también expresaron su molestia , frustración y desazón.

Todo ello constata la gran divisoria que se da en el tema de los Derechos Humanos, de la Justicia y del castigo a los violadores de los derechos Humanos, en la cúpula  social y política, y el riesgo de que puedan ejercer presiones sobre La Moneda, para doblarle la mano a la decisión presidencial dada a conocer este domingo.

Ello confirma que la pertinencia de las advertencias que han hecho abogados de derechos Humanos, y personeros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y otras entidades similares,

Es obvio, que tras el reconocimiento de lo logrado, del paso adelante en la materia que significó la decisión anunciada por el presidente Piñera, no hay que bajar la guardia y estar vigilantes para exigir el cumplimiento de la palabra empeñada y evitar cualquier maniobra de palacio.

Son varios e incluyentes quienes buscarán doblarle la mano, en insistir en la impunidad, en buscar subterfugios, adormecer a la opinión público, buscar atajos, quizás no tanto para salvar de sus condenas a los hechores, sino buscar el lavado de imagen de la dictadura y , quizás, hasta eludir sus propias culpas criminales o políticas.

Y a propósito no se ha escuchado aún pedir disculpas al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter quién  el 14 de julio, en la Comisión de derechos Humanos de la Cámara de Diputados no solo expresó su rechazo a la facultad del indulto presidencial, sino que cuestionó que la Iglesia hiciera la propuesta  del Indulto Bicentenario.

“Siendo que a veces la Iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la condición religiosa”, dijo Hinzpeter, lo que trajo el recuerdo de tiempos pasados, cuando Pinochet también rechazaba que la iglesia dedicara atención a cuestiones políticas, como la defensa de los detenidos desaparecidos, las torturas, la persecución , el exilio.

En esta situación se podría recordar al cardenal, Raúl Silva Henríquez, y el relevante papel de la Iglesia Católica en la irrestricta defensa de los Derechos Humanos, y en la recuperación democrática de Chile, sin dudas ni rebusques semánticos como cuando hoy se dice que la consigna de “sin perdón ni olvido”, no sería “compatible” con un pueblo de hondas raíces cristianas”, como lo destacó como principal titular “El Mercurio” en su edición del domingo 25 de julio.

Lo claro es que lo sucedido este domingo en el Palacio de La Moneda  deja muy fuera del cuadro a Rodrigo Hinzpeter. Eso podría ser la razón por la cual no apareció en la foto, además. Pero sigue ahí y eso no es buena señal.

Por Marcel Garces. El autor es periodista miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 27 de julio 2010
Crónica Digital