POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

Hace algunas semanas (19/09/2009) el diario La Tercera, una vez más, editorializo acerca de la necesidad de proteger la propiedad privada.

Lo hizo para defenderla como la herramienta, supuestamente, más eficiente para administrar el agua dulce; haciéndose eco de la preocupación de los poderosos grupos económicos que ven como, ante la creciente escases del recurso, va ganando terreno la idea de legislar para que este vuelva a manos de todos los chilenos. La disminución de este recurso vital es parte de los efectos de la crisis medioambiental que vivimos, de la que en buena medida son ellos mismos responsables. Una semana después, el mismo periódico debía reconocer el daño que está generando en los Geiser del Tatio la falta de control eficaz sobre el accionar de estas empresas.

Más allá de la llamada “tragedia de los comunes” y de los caminos para enfrentar la escases de agua dulce, que merece una reflexión mayor, hay dos aspectos del problema que debemos considerar y que están implícitos en cualquier solución; el que nuestros “ecosistemas naturales” son indispensables para nuestra vida, y que la falta de políticas públicas que defiendan los intereses sociales, y controlen eficazmente el accionar de las grandes empresas, genera graves desequilibrios, alterando las condiciones del debate y la solución de este tipo de problemas.

Nuestro entorno más inmediato, donde vivimos y producimos, es lo que entendemos por “ecosistema intervenido”, y contiene elementos naturales que se relacionan con componentes artificiales, vivos e inertes, en un flujo constante de energía y materiales. Nuestra existencia depende de ese flujo. Pero, en realidad, este sólo subsiste en un sistema abierto, uno donde existe conexión con los “ecosistemas naturales”, compuestos sólo por elementos no modificados o poco alterados por el ser humano.

Necesitamos de ambos para sobrevivir. Lo que ocurre en unos repercute en los otros. El tema está en saber la capacidad de estos ecosistemas de resistir la presión que ejercemos sobre ellos.

El problema es particularmente relevante cuando se trata de componentes de nuestros ecosistemas que mantienen elementos cercanos a lo natural. Me refiero a nuestros territorios cordilleranos, del norte y sur, o los espacios de nuestro mar en condiciones de poca alteración humana. En esos lugares, en la actualidad, se tiende a intervenir más decididamente, porque no hay personas afectadas directamente, sólo plantas y animales, que además no están allí por esfuerzo humano alguno. La investigación científica nacional e internacional ha confirmado que las generaciones que nos precedieron, actuando con el mismo criterio, han intervenido y modificado de tal modo los ecosistemas, que aquellas partes de nuestro territorio y mar menos afectados son cada día más escasos y con serias dificultades para mantener sus funciones. Y nuestro problema es que necesitamos que funcionen bien, pues nos proveen de condiciones necesarias para nuestro bienestar.

Los “ecosistemas intervenidos” cumplen la función de entregarnos servicios, en forma de bienes que extraemos de ellos. Pero nos otorgan menos servicios que los ecosistemas más naturales. La intervención humana genera condiciones de mayor fragilidad, más dinámicas que las existentes en ecosistemas naturales. Por más que intentamos dominar a la naturaleza, nuestros cultivos, plantaciones forestales, nuestras jaulas de salmones, nuestras ciudades y explotaciones mineras no son capaces de reemplazar el tipo de servicios que proveen nuestros espacios naturales (o cercanos a esa condición).

Un reciente estudio arrojó que las áreas protegidas administradas por CONAF aportan servicios a la comunidad, de un valor anual, equivalente a 2.551 millones de dólares. Y los especialistas, que hicieron el cálculo, consideran que sería un valor muy conservador. Es decir, el valor real supera en mucho esa cifra, que ya constituye un 15% más de lo que, a valores del año 2006, aportó toda la agricultura y la silvicultura juntas.

Los servicios de regulación que proveen los “ecosistemas naturales” suelen no ser sustituibles por el ingenio humano. Al menos no totalmente. Se trata de funciones como el ciclo del agua, que pasa por diferentes fases en la naturaleza, influyendo sobre el clima y el desarrollo de plantas y animales. O el ciclo del carbono, en que ese elemento pasa por diferentes estados y partes de los ecosistemas: del aire a las plantas o al agua, de estas a los animales y de estos al aire o al suelo, y de este nuevamente al aire. Esos y otros ciclos naturales permiten nuestra existencia. Por ejemplo, estudios realizados por investigadores de la Universidad Austral han demostrado que es el agua limpia que se filtra en los bosques y alimenta ríos, lagunas y nuestro mar lo que hace posible la acuicultura; sin los bosques, esta no sería posible.

Los ciclos naturales alcanzan determinados equilibrios, que les dan cierta estabilidad. La dinámica de los ecosistemas intervenidos altera esos equilibrios. Los “ecosistemas naturales” que aún tenemos, en cierta medida, moderan esos desequilibrios; sin embargo, hoy tenemos la certeza que ya han sido incapaces de neutralizar los impactos del exceso de dióxido de carbono en la atmósfera producido en los “ecosistemas intervenidos”.

Para satisfacer nuestras necesidades de consumo sustituimos servicios ecosistémicos naturales; como la obtención de alimento, por medio de una producción intensiva de plantas y animales. Por este camino logramos que los rendimientos, por unidad de superficie, sean mucho mayores, y  obtenemos nuestros alimentos con menos trabajo.

Pero, en realidad, no estamos considerando, en esos rendimientos, todos los gastos que tiene el sistema en su conjunto. La “huella ecológica” es mayor de lo que aparenta.

Los insumos necesarios para obtener los productos vienen de alguna parte y allí, donde está localizada la producción, el ambiente debe hacerse cargo de los residuos de la misma, que son mucho mayores que si se tratara de un ambiente natural.

En efecto, la vida moderna demanda enormes cantidades de bienes y servicios. Sin embargo, aunque lográramos que la humanidad adquiriera hábitos de consumo más modestos, que los existentes en países ricos, pero fuera parejo para toda la humanidad (el anhelo de muchos), de todos modos sería elevada la demanda de bienes y servicios sobre nuestro planeta. Por tanto, el desafío está en ser más eficiente, ecológicamente hablando, en la forma de generar esos bienes y servicios; eficiencia que ha de ser medida como cantidad de bien o servicio producido por unidad de “huella ecológica”.

Es sabido que debemos reducir al máximo las externalidades ambientales negativas en los ecosistemas intervenidos, si no queremos transformarlos en lugares inhabitables (lo que ya ha ocurrido). Pero, se subestima el rol de los ambientes más naturales como moderadores de los impactos de esas externalidades. Se tiende a “correr la frontera” y aumentar la proporción de espacios intervenidos, para satisfacer así una creciente demanda por bienes y servicios; es decir, en vez de aumentar la eficiencia ecológica de nuestras intervenciones, se agranda o expande el espacio intervenido. En otras palabras, intervenimos en las cuencas de Aysén para obtener y transportar energía; o en los fiordos de Aysén y Magallanes, hacia donde se quiere trasladar la acuicultura, después que degradara los ecosistemas costeros de la Región de Los Lagos; o lo hacemos, en general, en áreas protegidas en vez de producir más con menos externalidades negativas en ambientes ya intervenidos.

Es evidente que se trata de temas que afectan intereses económicos muy poderosos, los que además se encargan de limitar la difusión y discusión de estos problemas, hasta que los desastres ecológicos ocurren con consecuencias irremediables. De la expansión del poder de las grandes transnacionales mineras y sus efectos, así como de las limitaciones que tenemos para su efectivo control, nos dan cuenta Jan Cademartori (El desarrollo económico y social de la región de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, 2009) y Julián Alcayaga (El país virtual, Ediciones Tierra Mía, 2009).

Los “ecosistemas naturales” constituyen un enorme activo para nuestra economía. Posibilitan la actividad que realizamos en los sectores intervenidos. Pero, no los estamos considerando de ese modo. Los mismos grupos económicos han desplegado campañas para crear la sensación que al intervenirlos los estamos “aprovechando”; como si su existencia en estado natural no nos reportara importantes servicios, como lo demuestra el estudio que los valorizó. Ecológicamente hablando podrían prestarnos aun más servicios, si aprovecháramos algunos de ellos de un modo más eficiente, sin alterarlos de modo significativo. Por ejemplo, invirtiendo en algunos de ellos para una mejor explotación turística, siendo cuidadosos de mantener las condiciones naturales, con infraestructura que facilite una actividad de bajo impacto y alta rentabilidad. Lo relevante es que consideremos el cuidado de nuestros “ecosistemas naturales” una inversión y no un gasto, como hasta ahora.

Un paso en este sentido debiera ser que CONAF, o al menos su parte administradora de áreas protegidas, deje de tener un estatus de Corporación privada, y pase a formar parte de un servicio público, que se preocupe de todas las áreas protegidas y de la conservación del patrimonio natural en general, garante de un flujo permanente de bienes y servicios hacia los ecosistemas ya intervenidos de nuestro país. Esta idea es antigua y me parece que bien podría formar parte del proyecto actual de nueva institucionalidad ambiental, presentada al congreso nacional por el actual gobierno.

(*) Agradezco a Jaime Rovira S. la preparación de los argumentos relativos a los ecosistemas no intervenidos, su generosidad y sus útiles sugerencias para este artículo.

Por Gozalo Rovira. El autor es Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 3 de noviembre 2009
Crónica Digital