AFEP RECHAZA MODIFICACION A LEY ANTITERRORISTA Y EXIGE LIBERACION DE MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos desea expresar ante la opinión pública nacional e internacional su profundo rechazo a las opiniones expresadas en esto días por parlamentarios que fueron parte de los civiles que propiciaron y apoyaron el golpe de estado, que asesino en nuestro país desde el 11 de septiembre de 1973.

Repugna a la conciencia universal que estos personeros pretendan hoy, ante la dramática situación de los comuneros mapuches, prisioneros políticos en huelga de hambre, dictar cátedra en derechos humanos cuando durante 17 años avalaron la masiva, sistemática y planificada violación de los derechos humanos de millones de chilenos y chilenas, cometida por la dictadura militar. De igual manera denunciamos que estos cómplices civiles de la dictadura que califican de terroristas a los luchadores por la libertad y la dignidad del pueblo mapuche, fueron quienes alentaron y aplicaron el terrorismo de estado.

No aceptaremos chantaje de la derecha cómplice, cambiar derechos legítimos por impunidad.

Porque el actual código de Justicia Militar y la Ley Antiterrorista son una herencia de la dictadura y modificarlos es una obligación ética y una vergonzosa deuda de los gobiernos civiles de la llamada transición. Frente a ello quienes han sido, en el pasado, represores de un pueblo desarmado tienen la obligación moral de guardar silencio.

Es una vergüenza para nuestro país que personas como Alberto Cardemil, María Angélica Cristi y Jovino Novoa, cómplices del terrorismo de estado que imperó durante 17 años en nuestro país, sean hoy parlamentarios y no nos sorprende que califiquen a toda organización o persona que lucha y reivindica sus derechos, como es el caso del pueblo mapuche, de extremista  y terrorista, lo hicieron así durante el pasado cuando Cardemil era Subsecretario del Ministerio del Interior, Novoa trabajaba en la oficina donde se planificaba el asesinato de Tucapel Jiménez y María Angélica Cristi oficiaba de Alcaldesa de Peñalolén y, ciertamente -si de ellos dependiera- aún no permitirían el ingreso a nuestro país a personalidades de renombre internacional, como Mercedes Sosa y Joan Báez, que por decreto firmado por Cardemil le prohibieron enl ingreso Chile.

También se mantiene en la memoria histórica de nuestro país lo vivido con ocasión del plebiscito de 1988, cuando Cardemil, como representante de la dictadura, no entregaba la información del conteo de los votos, esperando ordenes si respetaban la voluntad popular o no.

Calificar de terrorista la lucha del pueblo mapuche, como lo hacen  Cardemil y Novoa, es una afrenta a la democracia y es una clara demostración del fracaso absoluto de la transición a la democracia y de las políticas de consenso que la enmarcaron. Llamamos a quienes gobernaron durante los últimos 20 años a pronunciarse y a sumarse a nuestro rechazo frente a esta lamentable situación.

Es también inaceptable, inmoral y anti ético que se pretenda igualar a los luchadores sociales con los violadores de derechos humanos condenados por crímenes atroces cometidos al amparo del poder del Estado con plena impunidad y extrema alevosía, cuyas condenas han sido exigidas por el cumplimiento de innumerables tratados y convenios internacionales, situación absolutamente diferente a la de los comuneros mapuche cuya persecución y condena viola convenios internacionales ratificados por Chile como ha quedado claramente establecido.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos nunca dejará de levantar la bandera de los derechos humanos y de denunciar los atropellos  que se cometen contra los civiles organizados para reivindicar sus derechos. Este es el caso del pueblo mapuche.
Juicios Justos,

No a la ley antiterrorista

No la Justicia Militar

AFEP

Santiago de Chile, 9 de septiembre 2010
Crónica Digital