Recuerdo con nitidez la noche del 5 de agosto de 1998. Era la hora cercana a las noticias centrales de las 21:00 pm. Entré al estudio de TVN para ser entrevistado por la renuncia al cargo de Director de CONADI. Habían transcurrido varias semanas de mucha tensión con Endesa, por el proyecto Ralco y había sido convocado el Convocado el Consejo Nacional de la Corporación para resolver el destino de ese proyecto entre el 6 y el 7 de agosto de ese año. En mi calidad de Director de Conadi, había informado al Gobierno que mi voto no estaba disponible para aprobar las permutas de Ralco y con los ocho consejeros indígenas constituiamos mayoría para esa decisión. En las horas previas, se me había pedido suspender el Consejo, lo que requería una consulta formal con los consejeros nacionales, tanto de Gobierno como de Pueblos Indígenas y dado que el Gobierno insistió en una suspensión unilateral de la importante reunión institucional y yo insistí en mantenerla, siendo las 16:00 pm del 5 de agosto de 1998 se me pidió la renuncia. Una hora antes, con la convicción de que se produciría mi alejamiento del cargo, desde donde había defendido los derechos del Pueblo Pehuenche, me adelanté a presentar mi «renuncia no-violuntaria». La renuncia pedida por el gobierno generó una crisis política de proporciones en las relaciones con los Pueblos Indígenas.
Jorge Arrate, era entonces Ministro Secretario General de Gobierno y, por lo tanto, vocero oficial. Previo a mi entrevista, él estaba ya en el estudio de TVN siendo entrevistado por Consuelo Saavedra y defendía ante la teleaudiencia con enorme e intensa pasión la decisión del Gobierno, de haber hecho renunciar en Conadi a tres Consejeros Presidenciales, díscolos y al Director mapuche por faltar a su responsabilidad de brindar gobernabilidad al tema indígena….. Arrate justificó en pantalla la represa Ralco, señaló que era un factor fundamental para el progreso del país y que para resguardar los intereses de las comunidades indígenas afectadas, se habían adoptado todas las medidas necesarias conforme a la Ley indígena y normas vigentes. No dijo, claro, que la decision de hacer prevalecer la servidumbre eléctrica por sobre la Ley Indígena, lo que permitió el ingreso de maquinaria pesada de Endesa en las tierras de las comunidades pehuenches, aún antes de discutir en Conadi si la permutas se aprobaban o no, correspondía a una clara voluntad política del Gobierno que en ese momento representó con tanta convicción.
Al terminar su parte en la entrevista, yo estaba cerca de la puerta del estudio. El se levantó y luego de saludar a Consuelo, se dirigió a la salida, siendo inevitable encontrarnos casi cuerpo a cuerpo. Por cortesía, extendí mi mano para saludarlo, pero luego de una mirada furibunday sin siquiera dirigirme la palabra, salió raudo del estudio. Su misión estaba cumplida como vocero de Gobierno. Nunca he tenido la oportunidad de decirle a Arrate, cuánto me dolió ese momento, porque ninguno de nosotros, mapuche en Conadi, mereciamos un trato de descortesía. Alguna vez nos hemos topado en algún evento político por ahí y yo sólo lo he contemplado, recordando todavía aquella noche del 5 de agosto de 1998.
Hoy leí su columna «Los Derechos del Pueblo Mapuche: reparar el error de Bachelet» y me complace que él esté ahora un poco más cerca de la causa de los derechos indígenas. Lejos están los ecos su defensa intensa de la obra del Gobierno en Ralco. Pero todos merecen la oportunidad de enmendar sus errores: los políticos, los sacerdotes, los militares, los gobernantes. Su artículo da cuenta de una lectura probablemente rápida del programa presidencial actual de Michelle Bachelet y lo invito a estudiarlo con más detenimiento (ver enwww.michellebachelet.cl/
¿Se cometieron errores con los Pueblos Indígenas?. Muchos. Sin duda. Uno de ellos está presente en la concepción de una izquierda tradicional, de la cual Arrate fue un importante líder, en donde lo indígena se asemejaba a campesinos pobres y carentes de oportunidades. Los indígenas nunca fueron visualizados por esa izquierda como Pueblos y como sujetos titulares de derechos colectivos. A lo más, en la lucha social, su lugar era ser parte del movimiento campesino, aliado de la clase obrera en la tarea de conquistar el Poder popular. ¿Se acordará Jorge de esa época?. Los Gobiernos de la Concertación, desde el Pacto de Nueva Imperial lograron instalar la Ley Indígena 19.253; se creó la Conadi y a través del Fondo de Tierras y Aguas se recuperó un importante capital patrimonial de tierras indígenas. Era el inicio de un camino arduo e insuficiente. En medio, surgieron los errores, entre ellos la aplicación de la Ley Antiterrorista y se instaló en la prensa y en medios políticos la criminalización de las demandas indígenas. Los mapuche en tareas políticas y de gobierno reclamamos sin mucho éxito. Nos enfrentamos a nuestros subsecretarios en nuestros partidos. Manifestamos constantemente que el uso de esta Ley condenada por la comunidad de Derechos Humanos, traería enormes problemas para las relaciones entre Pueblos Indígenas y Estado. No fuimos escuchados. Y los costos emergieron.
A su regreso a Chile, la presidenta Bachelet en su primer discurso en El Bosque (marzo 2013) señaló que todo ello había sido un profundo error y asumió el compromiso de que esto no volverá a ocurrir. Y ahora estamos en otra época, con tratados internacionales de DDHH, con informes oficiales de Relatores de Naciones Unidas y con una comunidad indígena y nacional que velará porque el ordenamiento jurídico cumpla con los derechos que están en la base de las tensiones y no al revés. Surge entonces una esperanza y Arrate la sitúa en la tarea de reparar lo sucedido con mapuche llevados a la justicia. Al efecto, en el programa presidencial se señala la convocatoria inmediata, en los 100 primeros días de gobierno, a una comisión de alto nivel, integrada por hombres y mujeres, indígenas y no indígenas que estudiarán el conjunto de los casos y que deberá proponer al Estado las medidas necesarias para satisfacer una lógica de DDHH en el trato ocurrido y para sentar las bases de un entendimiento basado en un trato distinto, justo y ecuánime. Pero esto no es suficiente, si la política indígena global no da cuenta del conjunto de demandas en torno a derechos colectivos que en el marco de un debate nacional por una Nueva Constitución deberán estar plenamente integrados en una nueva Carta Magna.
Es alentador, entonces que personeros como Arrate, suscriban la idea de un proceso político en donde lo sustantivo sean tales derechos fundamentales de nuestros pueblos indígenas y podamos así, dejar atrás el recuerdo de cuando -seguramente en medio de lo que fue también un gran error político con motivo de Ralco- la función política estuvo al servicio de errores que los Gobiernos cometen. El 17 de noviembre se abre un nuevo ciclo para Chile y esperamos todos, haber aprendido mejor de aquello.**
Por Domingo Namoncura
Director Programa de Derechos Indígenas
Fundación Chile 21.
Por Domingo Namoncura
Director Programa de Derechos Indígenas
Fundación Chile 21.
Santiago de Chile, 12 de noviembre 2013
Crónica Digital
