En una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que publica Granma en su primera plana, se señala que es la cuarta ocasión que Washington adopta una medida similar, como parte de su política de bloqueo a la Isla antillana.
Este robo impúdico, refiere el documento, se produce para satisfacer los fallos judiciales derivados de las espurias demandas presentadas por las ciudadanas norteamericanas Janet Ray Weininger y Dorothy Anderson McCarthy.
Las demandantes, da cuenta el MINREX, recibieron un total de 72 millones, 126 mil 884 dólares, provenientes de los fondos cubanos congelados en cuentas bancarias del Banco Nacional de Cuba y de la Empresa Cubana de Telecomunicaciones (EMTELCUBA).
En ambos casos, señala, los tribunales federales estadounidenses validaron los fallos emitidos por una Corte estadual de Florida, tras denuncias de las hijas de dos norteamericanos que participaron en una agrasión contra la Isla.
Señala la fuente que una de las querellas fue interpuesta ante la Corte estadual del Onceno Circuito Judicial de Florida para el Condado de Miami-Dade, por Janet Ray Weininger.
Esta ciudadana es descendiente del piloto Thomas Willard Ray, de quien se alegó falsamente que fue ejecutado de manera sumaria en 1961 durante la invasión mercenaria de Playa Girón, cuando en realidad fue abatido en esa contienda.
El MINREX agrega que Willard Ray participó en la agresión a la Isla, como oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y su cadáver permaneció conservado en Cuba durante 18 años ante la negativa del gobierno norteamericano a reconocer su identidad.
Estados Unidos, precisa, se negaba a aceptar la ciudadanía norteamericana del piloto, para no reconocer su responsabilidad directa en la fracasada invasión, hasta que fue posible la entrega del cadáver en 1979.
La otra demanda fue presentada por Dorothy Anderson McCarthy ante la misma Corte estadual, la cual aceptó sin pruebas los cargos de supuesta tortura y asesinato extrajudicial del Howard F. Anderson.
Sin embargo, indica, éste fue juzgado el 18 de abril de 1961 por el Tribunal Revolucionario de la provincia cubana de Pinar del Río, por sus actividades subversivas contra el pueblo cubano, y sancionado a la pena de muerte.
El ciudadano, refiere la declaración, resultó detenido por los Organos de la Seguridad del Estado el 26 de marzo de 1961, pocas semanas antes de la invasión de Girón, como integrante de una agrupación de ex militares al servicio de la tiranía.
Al grupo del cual era miembro Anderson le fueron ocupadas ocho toneladas de armas, enterradas en la costa pinareña y trasladadas a Cuba el 22 de febrero de 1961 por un barco con matrícula norteamericana, en una operación dirigida por la CIA.
Las investigaciones confirmaron que Anderson, quien actuaba en Cuba con el seudónimo de «Lee», era el enlace de la CIA con varias organizaciones contrarrevolucionarias en Cuba en esa etapa.
El MINREX refiere que el gobierno de Washington actuó con total complicidad con los demandantes, al argumentar que la ley norteamericana permitía el uso de dichos fondos para satisfacer los fallos favorables a ellos.
También, precisa, se alegó que el Departamento del Tesoro no pondría el más mínimo impedimento e inclusive los eximía de la necesidad de obtener una licencia para poder apropiarse del dinero.
Estas acciones contra Cuba, advierte, se sustentan en la manipulación arbitraria y politizada de la designación de Cuba como supuesto Estado «patrocinador del terrorismo internacional», en una interpretación tergiversada de las propias leyes norteamericanas.
En la declaración se señala que resulta inaceptable la acusación contra el Estado cubano por supuestos actos de terrorismo contra ciudadanos norteamericanos, cuando se trata de todo lo contrario.
Recuerda que en la Isla se cuentan por miles los muertos, heridos y afectados psicológicamente, además de otros daños y perjuicios, ocasionados por los actos criminales organizados desde ese país.
El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores descalificó las demandas, al estar basadas en argumentos falsos y manipulados, a partir de aberraciones legales con sustento en la política irracional y hostil de Estados Unidos.
Cuba, apunta, ha rechazado la actuación similar del gobierno estadounidense en 1996, 2001 y 2005, para «compensar» a la mafia terrorista de Miami, en particular a familiares de pilotos de la organización contrarrevolucionaria «Hermanos al Rescate».
El MINREX denuncia en el texto que con este reciente ataque a los activos financieros cubanos, Estados Unidos incumple sus obligaciones de proteger y custodiar la integridad absoluta de esos fondos.
«El gobierno cubano, dice la declaración, no reconoce la jurisdicción de los tribunales norteamericanos para juzgar a la República de Cuba».
Ni el gobierno de los Estados Unidos ni los órganos judiciales de este país están legitimados para entregar parte de los fondos cubanos congelados a grupos terroristas o a familiares de ciudadanos estadounidenses involucrados en agresiones contra la Isla, refiere.
El MINREX calificó el hecho de violatorio del Derecho Internacional y de nueva manifestación de la criminal política de bloqueo y hostilidad del gobierno norteamericano a este país.
Cuba jamás renunciará a su derecho a exigir la plena responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos por el robo de hasta el último centavo de los fondos que legítimamente nos pertenecen, concluye el texto.
La Habana, 10 de enero 2007
Prensa Latina , 0, 35, 7
