El presidente del PPD, Sergio Bitar, además de respaldar la decisión del Ejecutivo intentó bajarle el perfil a las críticas de algunos parlamentarios falangistas que rechazaron el anuncio de la presidencia ya que no fueron consultados.
En este sentido, el timonel del pepedé señaló que se tomó «la decisión del respaldo a la Presidenta de la República en la dictación de un Decreto Supremo, al cual se ve obligada para mantener en ejecución las medidas que ya se habían adoptado de protección a la gente».
Para algunos analistas políticos este respaldo del PPD a la Mandataria buscaría cambiar la agenda de crisis por la que atraviesa el partido tras la dura crisis que ha debido enfrentar en las últimas semanas. De este modo, se entrega una señal de normalidad y que el partido Por la Democracia esta superando sus conflictos internos caracterizados por renuncias de dirigentes y cuestionamientos de probidad y corrupción de algunos militantes y parlamentarios en torno a los casos Publicam y a los Programas de generación de Empleo.
TRIBUNAL CONTITUCIONAL: UTILIZADO A CONVENIENCIA
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) objetó la forma (reglamento sanitario vía resolución ministerial) en que se dispuso la entrega de la píldora a menores de edad de entre 14 y 17 años sin el consentimiento de los padres. Para superar el impasse, el Gobierno decidió dictar un Decreto Supremo.
Por tal motivo, el timonel del PPD manifestó que «hay que mirar muy de cerca» si el TC no está «excediendo el rango de sus atribuciones para transformarse en una suerte de Poder Legislativo paralelo o Ejecutivo Paralelo».
Por tal motivo, Bitar adelantó que promoverán una reforma que delimite las atribuciones del Tribunal Constitucional, luego del dictamen efectuado sobre la distribución de la píldora del día después.
Si bien, en este caso la tienda pepedé rechaza la intromisión del Tribunal Constitucional respecto a si el Ejecutivo tiene o no facultades para distribuir la píldora de emergencia, no se han pronunciado en contra de la acción emprendida por dos de sus vicepresidentes (Laura Soto y Rodrigo González) de utilizar este cuestionado órgano autónomo para evitar ser formalizados por fraude al fisco en los casos de Programas de Generación de Empleo.
Parece que el Partido Por la Democracia tiene dos reglas para medir la conveniencia o no de utilizar a un ente creado por la Constitución del 80 que se levanta como un contralor paralelo a las que habitualmente tienen las democracias modernas.
Santiago de Chile, 16 de enero de 2007.
Crónica Digital
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