Los canales de televisión muestran a indígenas enardecidos reclamando sus tierras o la libertad de sus dirigentes presos o resistiendo la represión de Carabineros en distintos puntos del sur del país, pero muy poco del rescate de su historia, cultura e identidad.
Las numerosas organizaciones Mapuches han adquirido experiencia en ofrecer conferencias de prensa y en emitir comunicados pero, cada vez más, han debido acudir a las más altas instancias, dentro y fuera de Chile, para dar a conocer su causa.
La semana pasada, por ejemplo, desfilaron por el centro de Santiago decenas de activistas reclamando libertad para los presos políticos Mapuches, detenidos por distintos procedimientos, pero los medios no lo consideraron «noticioso».
Esta semana, 15 Mapuches -entre ellos seis mujeres y un menor de edad- resultaron detenidos luego de tomar la Municipalidad de Galvarino, en el sur del país, en demanda de la entrega de tierras a su comunidad. Tampoco «salió» destacado en la prensa.
Incidentes como éstos son denunciados mediante redes alternativas de información, en las que participan numerosas organizaciones indígenas y de derechos humanos.
Esta misma semana, una de ellas, la Misión Internacional de Observación (MIO), convocada por numerosas instituciones chilenas, investigó denuncias de violencia policial en algunas comunidades Mapuches.
En sus conclusiones reveló que hubo «excesos en el uso de la fuerza pública, uso de armas letales, restricción a la libre circulación, interrogación a niños, civiles armados no identificados, expresiones racistas y trato desigual en postas médicas contra Mapuches».
La MIO, integrada en esta ocasión por personalidades de Argentina, Bolivia y Chile, hizo llegar una carta a la Presidente Bachelet, solicitando medidas urgentes para poner fin a «la violencia institucional, principalmente de Carabineros».
Expresó su preocupación por la «nula información que existe en la opinión pública nacional e internacional sobre estos hechos» y propuso divulgar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de varios organismos, incluyendo las del Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU sobre Chile (2003).
También solicitó que la Presidencia de la República -que ha sido sensible al tema indígena- constituya una comisión que investigue y formule recomendaciones para cesar la violación a los derechos humanos, sancionar a los culpables y reparar los daños causados.
Por su parte, una decena de organizaciones denunció -este miércoles- nuevos hechos discriminatorios en las comunidades Mapuches que están en conflicto con empresas que desarrollan proyectos de inversión en sus tierras.
Señalaron como el caso más dramático el de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, que fue allanada ocho veces durante el 2006 por Carabineros apoyados por helicópteros.
Indicaron la necesidad de convocar a una misión de observación con personalidades nacionales e internacionales de organizaciones sociales y de derechos humanos, que puedan constatar esta realidad en terreno e informar a la opinión pública para lograr así un cambio.
Hasta Santiago viajaron a comienzos de mes integrantes de la Coordinación de Organizaciones Mapuches (COM) para entregarle a la mandataria chilena una propuesta política «para desarrollar una nueva relación entre el Estado y el pueblo indígena».
«No queremos repetir una vez más los diagnósticos y recomendaciones que tantas personas han hecho durante los últimos 17 años en sendos informes y libros», aseguraron y plantearon los puntos centrales de su iniciativa.
Demandaron, en ese sentido, el reconocimiento de los derechos políticos del pueblo Mapuche, la restitución de sus tierras y garantías de respeto, libertad de decisión y determinación del pueblo Mapuche.
Una dirigente indígena, Doralisa Millalen, dijo: «esperamos que una vez por todas el estado chileno nos reconozca como parte de la diversidad del país».
Otras organizaciones, como la Coordinación de Comunidades en Conflictos Ambientales de la Araucanía y la Red de Acción por los Derechos Ambientales, denunciaron la instalación en esa zona de 17 plantas de tratamiento de aguas servidas y 28 vertederos.
Denunciaron la contaminación generada en asentamientos indígenas ante el Comité para la eliminación de la discriminación de la ONU y precisaron que son discriminados «por las políticas públicas del Estado y las políticas económicas del sector privado».
Una de las personalidades chilenas más destacadas en esta causa, Juan Guzmán, «werken» (vocero) de la población indígena de Mehuín en el extremo sur chileno, acaba de llamar a todas las comunidades originarias a unirse para apoyar esta denuncia.
El ex juez (el primero que procesó al dictador Augusto Pinochet) y actual decano de la Universidad Central aseguró que «lo que está sucediendo en la Araucanía no es un hecho aislado, sino una situación que se repite en todas las regiones donde están asentadas las comunidades originarias. Ante este panorama generalizado de atropellos».
«Esta denuncia debería ser más amplia y tendrían que unirse todas las regiones y todas las coordinadoras de conflictos socio-ambientales para así tener mucho más peso a la hora de manifestar su oposición», dijo.
Agregó que «las comunidades deberían unirse, tener parlamento a nivel nacional y eso le daría más fuerza a las peticiones que están haciendo, porque las demandas de una región, como es el caso puntual de la Araucanía, también es extensiva a todo el país».
Por Jorge Luna. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 1 de febrero 2007
Crónica Digital , 0, 88, 13
