En las marchas realizadas en esta capital y Guayaquil, en el suroeste del país, los participantes respaldaron la realización del referendo y la Asamblea Constituyente, mientras rechazan la pretensión de 57 ex legisladores de intentar recuperar sus puestos.
Los estudiantes desfilaron la víspera frente al Congreso nacional, gritaron consignas en contra de los depuestos parlamentarios y refutaron las acciones de estos que buscan desestabilizar el país.
Miles de personas que marcharon en Guayaquil condenaron igualmente a los ex congresistas y llamaron al líder del hemiciclo nacional, Jorge Cevallos, a reanudar las sesiones con los suplentes y diputados de bloques de minorías.
En este contexto, manifestantes impidieron ayer el ingreso de varios ex parlamentarios a la audiencia en el cual se analizó un recurso de amparo para dejar sin efecto la sanción.
Pobladores del cantón Rocafuerte, de la provincia de Manabí, donde se realizó la cita, lanzaron piedras y palos contra los autos de varios de los depuestos legisladores, quienes huyeron del lugar.
Otros ex congresistas, que lograron ingresar a la sala, tuvieron que abandonarla en una tanqueta antimotín, debido a la indignación de los pobladores, que rechazaron su presencia.
Con el amparo, los ex parlamentarios pretenden dejar sin efecto su destitución, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la semana pasada por intentar obstruir el proceso electoral, iniciado el 1 de marzo último con la convocatoria al plebiscito.
La máxima autoridad electoral decidió asimismo posponer para la próxima semana el análisis de la destitución de los dos jueces de Manabí que tramitaron amparos constitucionales y emitieron dictámenes contrarios a las resoluciones de ese ente.
Se trata de los magistrados de las salas 14 y 22 de lo Civil de Manabí, Fabián Dueñas y José Antonio Alcívar, respectivamente, quienes acogieron los trámites en contra de la consulta popular y la destitución de 57 diputados.
El presidente del TSE, Jorge Acosta, resaltó que Dueñas y Alcívar acogieron demandas contra resoluciones del Tribunal electoral y por ello serán sancionados.
Rememoró que durante el proceso electoral, este organismo se convirtió en máximo tribunal de justicia y los jueces de provincia no tienen competencia para tramitar recursos jurídicos.
En medio de este escenario, el presidente del país, Rafael Correa, resaltó que la actual compleja situación acabará cuando el Congreso reanude sus sesiones.
El mandatario dijo asimismo que «por dignidad» los 57 legisladores destituidos por oponerse a la consulta popular «deberían renunciar».
Hasta el momento, sólo Federico Pérez, legislador del partido Renovación Institucional, presentó ayer su dimisión, aunque se rumora que otros podrían hacer lo mismo.
Quito, 16 de marzo 2007
Prensa Latina , 0, 23, 11
