El secretario ejecutivo de la CNDH, Pablo Rojas, hizo el pronóstico, teniendo en cuenta el tiempo que demandan los procedimientos, y señaló que Fujimori será entregado para ser juzgado aquí por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Aseveró que la demanda judicial peruana de extradición, presentada a la justicia chilena, está muy bien fundamentada, por lo cual, de no ocurrir nada extraordinario, la extradición será aceptada.
El activista humanitario criticó por otra parte lo que llamó desinterés del gobierno del presidente Alan García en ese proceso, actitud que niega el ejecutivo, alegando que su intervención politizaría el tema y sería contraproducente.
Subrayó que el Estado pide la extradición, tanto en su condición de víctima de los crímenes cometidos, como por su obligación de investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el gobierno fujimorista (1990-2000).
De otro lado, el jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Omar Chehade, a cargo del caso, fustigó a Fujimori por usar en su alegato a sus hijos contra la madre de estos, su ex esposa Susana Higuchi.
La defensa de Fujimori usó declaraciones de los hijos para negar las denuncias de Higuchi, de que fue encerrada y torturada por órdenes de su esposo, por desavenencias previas a la separación matrimonial.
En el alegato revelado por Chehade, los abogados del ex gobernante presentaron a la justicia chilena declaraciones de Sachi y Kenji Fujimori, quienes acusan a su madre de mentir sobre los maltratos y de estar virtualmente perturbada.
El ex gobernante ha sido también criticado en los últimos días por alegar ante los tribunales de Chile que los crímenes cometidos en su régimen en la represión de los grupos armados, son de responsabilidad exclusiva del Ejército.
Activistas de derechos humanos, procuradores, miembros del gobierno y ex militares, coincidieron en rechazar el intento de Fujimori de eludir sus culpas.
La Procuraduría Anticorrupción cuenta con testimonios de ex integrantes del Grupo Colina -una fuerza militar dedicada a asesinatos extrajudiciales de sospechosos de terrorismo-, según los cuales el comando respondía a órdenes de Fujimori.
El ex gobernante es acusado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el Grupo Colina y en las que este dio muerte a una veintena de civiles desarmados.
Lima, 28 de marzo 2007
Prensa Latina , 0, 19, 11