1) Que ese cambio parcial dañaría la actual estabilidad política del país que, como se sabe, está sustentada en los consensos entre derecha y concertación, desde el inicio mismo de la llamada transición.
2) Que otorgaría al Partido Comunista la calidad de arbitro en la administración del poder en Chile.
Todo indica que para el dirigente de la UDI, la condición excluyente del sistema político chileno no es un problema democrático. En el país, sin embargo, este es un asunto asumido mayoritariamente, hay un amplio acuerdo en términos de reconocer que la exclusión es una severa limitación al ejercicio de la Soberanía Popular, y por eso es que se ha llegado al punto en que estamos, y no sólo porque el PC y otras fuerzas de izquierda hayan votado por Michelle Bachelet, como dice peyorativamente este dirigente.
Sin embargo, llama la atención este argumento por otras razones que son de fondo, si se tiene una concepción democrática.
Recientemente, el Consejo Económico y Social de la ONU, al cual asistió una delegación del gobierno, en representación del estado de Chile, llamó la atención a esa delegación oficial chilena respecto de la vigencia del sistema binominal en nuestro país, y demandó al estado chileno modificar tal situación porque eso implica severas limitaciones al ejercicio de la democracia representativa, de acuerdo a los códigos y estatutos por los cuáles la ONU observa la situación política y la estabilidad de los estados integrantes del foro mundial.
Y por cierto que a la ONU también le interesa la estabilidad política de Chile. Y no se trata de un organismo pro comunista, ni mucho menos.
Pero hay otros antecedentes importantes. Hace algunos años, el ex Diputado y abogado defensor de los Derechos Humanos, especialmente de primera generación, Andrés Aylwin, presentó ante la Corte Interamericana de Justicia un recurso junto con un grupo de juristas chilenos. Esa Corte Interamericana es parte del sistema de la OEA y también de la ONU.
El recurso fue para exponer la denegación de justicia por parte del estado chileno, en la situación de varios chilenos en condición de detenidos-desaparecidos, producto de la vigencia, en Chile, de la ley de amnistía.
El principal argumento desarrollado por la presentación de Andrés Aylwin, fue considerar que la ley de amnistía en nuestro país no se puede anular, porque existe un sistema binominal que reproduce la hegemonía de dos bloques políticos, uno de los cuales fue soporte político de la dictadura de Pinochet.
Ese sistema, señaló Aylwin, impone al país una sobre representación en el Parlamento de quienes fueron parte de ese estado que violó los Derechos Humanos esenciales de muchos chilenos, mientras excluye a las fuerzas políticas que fueron víctimas del terrorismo de estado.
La Corte Interamericana de Justicia acogió la demanda, y sus argumentos, y consideró que el estado chileno debe modificar sus leyes para evitar la denegación de justicia. Y exigió esclarecer la situación de los detenidos-desaparecidos.
Hay otros organismos internacionales, como la OIT, que también han reclamado al estado chileno por la vigencia de leyes que violan los derechos de los trabajadores y las mayorías nacionales en cuanto a salarios, horas de las jornadas laborales, precariedad laboral, educación, salud, previsión. También la ONU ha alertado sobre las leyes que justifican la persecusión y prisión en contra del pueblo mapuche y otros pueblos originarios. Hay un informe de un Relator Especial de la ONU en tal sentido.
Y ninguno de esos organismos internacionales es pro comunista o pretende una revolución social en Chile, muy por el contrario.
Todas esas exigencias que vienen del exterior, replican y empatan con los movimientos sociales y políticos que, al interior de Chile, exigen justicia y participación, y demandan poner término a la exclusión. Al interior del país, esta es una corriente que crece, no disminuye.
Incluso el propio sistema electoral chileno hoy expone ya una severa grieta en cuanto al universo electoral que dice representar.
Pero todas estas realidades al parecer no tienen ninguna importancia para la dirección de la UDI.
Una democracia representativa tiene ciertos sustentos y soportes básicos. Uno de ellos es que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir a quienes consideran que los van a representar de acuerdo a sus ideas y propósitos. Eso es parte sustantiva del ejercicio de la ciudadanía.
Otro de los soportes básicos es que las expresiones ideológicas, políticas, culturales, religiosas, en fin, que legítimamente tienen el derecho a existir y a expresarse en los espacios de representación política, como es el Parlamento, puedan efectivamente ser elegidas por quienes los votan en las elecciones.
Ninguna de las dos condiciones básicas se da en Chile, actualmente, y la reforma que propone el gobierno de Michelle Bachelet es un cambio parcial, no completo, y por tanto lo que genera es un nuevo espacio de representación proporcional, para los excluídos del sistema político e institucional. Por eso es un paso, significativo, ni más, ni menos que eso.
Por otra parte, la figura del «arbitro» en la ciencia política tiene en general un valor positivo.
También en las relaciones internacionales. Chile y Argentina aceptaron un arbitraje (mediación del Vaticano, ndr) para evitar una confrontación bélica, cuando en ambos países habían dictaduras militares.
Pero, además, la historia política de Chile muestra que el arbitraje, en la administración del poder, puede jugar a favor de las mayorías y de la democracia.
Aún así, la sobredimensión del argumento del dirigente de la UDI, apunta a un fantasma. Porque en rigor las correlaciones políticas no son cuestiones estáticas ni mecánicas, siempre que se les mire desde un ángulo democrático, y no autoritario y dictatorial. Todavía más, las actuales correlaciones, y las que se podrían producir con el cambio parcial, no pueden ser vistas como el surgimiento de un arbitro en el ejercicio del poder, puesto que el sistema de poder chileno tiene un blindaje autoritario que precisamente impide la figura del árbitro, asunto que por cierto debe ser cambiado y transformado totalmente. Por eso es que una nueva constitución política en Chile es una necesidad democrática, más que cualquier otra cosa.
Una democracia es la que se perfecciona para acercar al sistema de representación las expresiones de las mayorías y de las minorías que, eventualmente, pueden convertirse en mayorías también.
Es evidente el objetivo que tuvo la dictadura de Pinochet para imponer el sistema binominal.
Ahora, la dirigencia de la UDI reproduce la misma lógica para argumentar su rechazo.
En rigor, es el miedo a la expresión activa de la izquierda y de los comunistas en un espacio de representación; el temor atávico al cambio social y político, que Pinochet intentó exterminar con muerte, tortura y terrorismo de estado.
Sin embargo, eso no detendrá la necesidad de las transformaciones que Chile requiere.
Por Juan Andrés Lagos, Subdirector de Crónica Digital; Académico de las universidades de Santiago y ARCIS; miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile.
Santiago de Chile, 13 de abril 2007
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