Ante próxima presentación del proyecto por parte del Ejecutivo al Parlamento, la OPECH sostiene que el proyecto presidencial recoge la exigencia planteada, hace años por universitarios, profesores, codocentes, padres y apoderados, y sobretodo por el movimiento secundario, de derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza impuesta por la dictadura.
Recordamos dice el comunicado- que los pilares de la crisis del sistema educativo son, al menos cinco: Las leyes constitucionales y el rol del Estado en la educación pública; el sistema de financiamiento mercantilista basado en la competencia entre municipios y privados por los recursos del Estado; el sistema de administración municipal y las pobres condiciones en que este gestiona la educación pública; las precarias condiciones en que se realiza el trabajo docente, especialmente en las escuelas más empobrecidas; y, por último, el sistema de evaluación que limita los criterios de calidad y fomenta la competencia.
El Observatorio de la U de Chile, alerta que la Ley General de Educación se refiere sólo al primer pilar de la crisis, y que los anuncios sobre nuevas medidas respecto del financiamiento y la institucionalidad para fines del mes de abril, estén a la altura de lo que requiere el país.
La opech, señala que el proyecto Ley General de Educación explicita de manera más completa el rol del Estado en Educación. Se añaden a las funciones de éste, elementos como «resguardar los derechos de padres, estudiantes y comunidad educativa» (derechos ausentes en la LOCE) y propone «velar por la igualdad de oportunidades a través de políticas de discriminación positiva».
Sin embargo, sostiene la instancia universitaria que esto es insuficiente si no se reforma la Constitución Política y no se define un rol más activo del Estado, como proveedor de la educación pública y garante del derecho a una educación de calidad integral para todos los chilenos y chilenas.
El proyecto de Ley General de Educación plantea la prohibición de los sostenedores de seleccionar alumnos en los ocho cursos de enseñanza básica. Esto nos parece un avance, pues la selección de alumnos ha sido una de las causas de la actual inequidad y segmentación social del sistema educativo. Sin embargo, el proyecto consagra legalmente el derecho a seleccionar estudiantes, a partir del primer año de enseñanza media, lo que consideramos grave, pues fomentará la segmentación social en la enseñanza media que prepara para el acceso a la educación superior. Por otra parte, mientras se mantenga el sistema de financiamiento compartido en los establecimientos particulares subvencionados, que obliga a las familias a pagar una mensualidad por sobre el financiamiento del estado, se mantiene en los hechos un proceso de selección de alumnos por razones socioeconómicas. Finalmente es preocupante que la transgresión de la normativa señalada, por parte de los sostenedores, sólo será sancionada por multas nimias respecto de las cantidades de dinero que se manejan -50 U.T.M, apunta la OPECH.
Sobre la creación del Consejo Nacional de Educación, que tendrá una conformación más representativa de los distintos actores de la comunidad educativa y que debería reemplaza al antiguo Consejo Superior de Educación, que estaba conformado por miembros designados por las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema, sin incorporar a representantes de la comunidad educativa.
La entidad investigadora de la principal casa de estudios del país, sostiene que el proyecto de Ley General de Educación deja pendiente la reforma de la educación superior, a la espera de las propuestas que emanen del recién creado Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior. Esperamos que las reformas a la educación superior estén a la altura de lo que requiere el país, en términos de acceso no discriminatorio, fiscalización de la calidad, sentido público, fomento de la investigación entre otros.
Dice que el proyecto de Ley General de Educación reformula los objetivos terminales de los ciclos educativos y favorece la flexibilidad curricular, enriqueciendo los fines educativos y el concepto de calidad integral de la educación, a diferencia de la LOCE que carecía de estos conceptos.
Sin embargo, para que esta concepción más integral de la educación se haga realidad, es indispensable cambiar radicalmente el actual sistema de medición de la calidad (SIMCE) que se centra solo en puntajes en pruebas estandarizadas y que se mal utiliza promoviendo la competencia entre colegios, sobre la base de rankings engañosos, en los que siempre destacan aquellos colegios que realizan selección de alumnos, subraya la institución investigadora.
El proyecto del gobierno establece un nuevo trato hacia los sostenedores que reciben subvención del Estado. En primer lugar, señala que deben ser fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y cuyo objeto social único sea la educación. En segundo lugar, se establece la obligatoriedad de dar cuentas públicas respecto de la totalidad de los recursos de la subvención estatal, los cuales deben ser destinados exclusivamente a fines educativos.
La Opech sostiene que se termina una anomalía única en el mundo. Somos el único país que permite el lucro con recursos públicos y que privilegia la libertad de empresa por sobre el derecho a la educación.
Queda planteada la interrogante respecto de cómo detener las potencialmente infinitas vías para evadir la prohibición del lucro. Sabemos que las universidades privadas, uno de los negocios más rentables, tienen esta misma prohibición, denunció.
Nos llama la atención dice la OPECH- el coro de voces por la defensa de intereses privados en un derecho social como es la educación, a las cuales se han sumado algunos miembros de la misma coalición de gobierno, varios de ellos «sostenedores» de establecimientos educacionales.
Por último señalaron que el sistema educativo vigente, «esta influenciado por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje» (Informe OCDE, 2004, 290). Las políticas neoliberales diseñadas e implementadas en los últimos 25 años, son las utopías ideologizadas causantes del actual deterioro de la educación, la salud, la vivienda, el transporte y la enajenación de los servicios y el patrimonio público. Cuestionar el rol del estado en la protección de los derechos mencionados es ciertamente una impresentable ideologización del debate educativo.
Santiago de Chile, 13 de abril 2007
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