DEROGACIÓN DE LA LOCE: REACCIONES DESTEMPLADAS PARA UNA TIBIA PROPUESTA

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Tanto es así que, en vez de saber qué están diciendo los actores, parece más sensato preguntar qué quieren decir o qué intereses están defendiendo.

Para no referirnos a la contundencia jurídica del cuerpo legal, es razonable afirmar que la propuesta de la presidenta Bachelet, desde el punto de vista doctrinario, está a medio camino entre las aspiraciones de los distintos actores. Recoge algunas propuestas históricas del llamado Bloque Social, particularmente la de derogar la Loce, pero no desmantela el sistema. Prohíbe la selección hasta octavo básico, pero la consagra en la enseñanza media.

Proscribe el lucro con platas del Estado, pero no resta su aporte a la educación particular subvencionada. Sin embargo, en general, los medios han construido un clima en que los defensores del actual orden han anunciado y repetido el Apocalipsis, mientras los otros, los que han realizado u apoyado la movilización de los pingüinos, han caído en un evidente ostracismo, hagan lo que hagan.

Para mantener la apariencia del pluralismo, eso sí, se ha dado cabida a personajes de distinta procedencia política. De este modo, mientras las posiciones de derecha y de los sostenedores se han expresado en voces como las de Juan Antonio Guzmán y Patricia Matte, en la Concertación, por lejos, los más entrevistados han sido José Joaquín Brunner y Mariana Aylwin, ambos de evidente cercanía ideológica con sus supuestas contrapartes.

Además, en el caso de esta última, se trata de una ex ministra de Educación que luego se ha convertido en sostenedora, actividad en que comparte roles con otro ex titular de esa cartera, Sergio Molina. De haber otros ex ministros en la misma situación, se estaría configurando una tendencia preocupante de traspaso del mundo público al privado en educación, con evidentes efectos sobre las políticas públicas del sector, cuestión que ya ha sido denunciada y criticada en otros cargos de los gobiernos de la Concertación, como los de superintendente de Isapres y superintendente de AFP.

La construcción de este clima público tiene evidentes efectos políticos en los límites de lo que se puede discutir y en las características que tendrá el debate legislativo. La paradoja radica en que aunque algunas de las propuestas del Gobierno están sustentadas por encuestas de apoyo mayoritario, como el fin del lucro, quienes se oponen pertenecen a sectores extraordinariamente poderosos. Por citar sólo a algunos, la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (CONACEP), la UDI, Renovación Nacional, la Iglesia Católica, la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), el Centro de Estudios Públicos y sectores influyentes dentro de la propia Concertación, fundamentalmente concentrados en la Democracia Cristiana.

Para todos estos sectores, el blanco preferente y prioritario del proyecto de ley es la idea de terminar con el lucro, al punto que ha sido catalogado como “una vuelta al estatismo, al socialismo y al debate ideológico de los años 50”. La artillería lanzada ha postergado la pregunta respecto a cómo se garantizará que efectivamente el espíritu de la ley no se vulnere, puesto que en la educación superior, donde el lucro no está permitido, se ha hecho evidente negocio durante los últimos años.

Respecto a la prohibición de seleccionar alumnos, a falta de argumentos técnicos y políticos contundentes, los sectores defensores del actual orden han levantado la bandera de los colegios emblemáticos, quienes verán afectados sus mecanismos de selección en séptimo y octavo básico. Así por ejemplo, los estudiantes del liceo José Victorino Lastarria, sistemáticamente criminalizados durante la movilización pingüina, aparecieron ahora como respetables adalides de la educación pública de excelencia. En todo caso, habiéndose producido este avance en el nivel básico, no existe ningún argumento de peso para hacer una distinción con la educación media. Una propuesta razonable sería eliminar la selección de todo el sistema escolar, cuestión que ha sido planteada, entre otros, por el presidente del extinto Consejo Asesor Presidencial de Educación, Juan Eduardo García Huidobro.

La presidenta Bachelet anunció que, durante las próximas semanas, completará un abanico integral de propuestas en educación. Ahí se constatará si, junto con esta modificación a las leyes constitucionales y al rol del Estado, habrá anuncios en el sistema de financiamiento, en la municipalización, las condiciones de trabajo docente y en los sistemas de evaluación.

Mientras tanto, sigue pendiente una reforma que sitúe nuestro sistema en la línea de las orientaciones a nivel mundial, puesto que somos el único país del mundo que permite el lucro con recursos públicos y que privilegia la libertad de empresa por sobre el derecho a la educación.

Por Obserbatorio Chileno de Políticas Públicas. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Santiago de Chile, 23 de abril 2007
Crónica Digital , 0, 50, 21

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