LOS PROFESORES Y LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN CHILENA

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Así, se señaló por ejemplo que “se inscribe en la decisión política de la presidenta Michelle Bachelet de fortalecer la profesión docente,…”. También se señaló que “las partes están de acuerdo en la aprobación de una nueva LOCE…” y que “debe reforzarse la capacidad de diseño político y las funciones de apoyo del Ministerio” .

En materia de financiamiento se expresó que “las partes coinciden …en la necesidad de establecer nuevas fórmulas de financiamiento, de acuerdo al común objetivo de atacar la desigualdad y de elevar la calidad de la educación para todos”. Todo ello quedó señalado como compromisos de carácter institucional.

Conocido recientemente el proyecto de ley que establece una Ley general de educación necesariamente es preciso cotejar con lo explicitado por el Gobierno, a través del Ministerio de educación, para verificar el grado de cumplimientos que en dicha ley se expresen.

Aunque la prensa ha llevado el debate con un criterio reduccionista a confrontar solamente los aspectos de sí o no al lucro en educación, creemos que los aspectos involucrados son mucho más amplios y trascendentes.

La nueva Ley mantiene el concepto de estado subsidiario, sin decirlo, ya que no hay referencia a un cambio del rol del estado. El fortalecimiento del Ministerio y sus facultades es débil y no hay una sílaba sobre fortalecer la profesión docente. Tampoco es claro desde el punto de vista jurídico el carácter de la ley ya que es un híbrido que en algunos aspectos deroga la actual LOCE y en otros no, específicamente en lo que concierne a la educación superior todo queda igual, presumiblemente supeditado a los resultados de estas nuevas comisiones de trabajo.

El concepto de subvención preferencial que el Colegio ha venido objetando pues está concebido sobre la base de un mayor debilitamiento de la educación municipalizada con riesgo de cierre de escuelas, y por sostenerse sobre el único indicador SIMCE, como medición de calidad, es uno de los pilares del proyecto de ley. Por cierto, varios aspectos señalados en el mensaje que presenta el proyecto de ley claramente indican que se abre paso a la externalización, con reglas de mercado, en aspectos sensibles como medición, acreditaciones u otros.

Como educadores sentimos que el proyecto es pobre, para decirlo con palabras de representantes de la Iglesia. Que no avanza con la fuerza que hubiéramos deseado y que nos encontramos frente a la política del lifting. Fenómeno que no sólo se puede apreciar frente a este proyecto de ley, también con el binominal y con el previsional.

Pronto el Colegio de profesores realizará una nueva asamblea nacional para fijar posición ante este proyecto y acordar movilizaciones. Nos parece que los docentes haríamos muy mal en quedarnos sólo cerrando filas con algunos aspectos positivos de la ley como el fin de la selección y la definición de la educación como sistema que no debe lucrarse con los recursos públicos. Son aspectos importantes, pero no podemos dejar de aspirar a más. No podemos ni debemos silenciar nuestra voz, que lleva años hablando de estabilidad laboral, mejoramiento de las condiciones de trabajo docente, disminución del número de alumnos por curso, de jornadas laborales que de verdad cautelen aprendizajes de calidad, tiempo laboral reconocido para los múltiples trabajos que acarrea la profesión que no son frente a alumno y que agobian a los profesores y profesoras durante su nulo tiempo libre.

La discusión se ha instalado nacionalmente. Es un avance. Puede resolverse mal la crisis, hay interesados en ello. Aún así, no debemos inhibirnos de seguir con nuestra plataforma histórica, porque la experiencia cotidiana de miles de maestros así lo indica y porque aquello que se calla, por sabido, se invisibiliza y en definitiva deja de existir.

Mientras se discuten estos temas en el parlamento y por los medios de comunicación , en las escuelas municipalizadas los profesores tiemblan con las reducciones de jornada, con los traslados arbitrarios, con persecusiones ejemplarizadoras contra dirigentes, con profesores que en el sector particular subvencionado sufren verdaderas campañas de terror anunciando de parte de sostenedores el posible cierre de esos establecimientos, en un clima atentatorio contra la calidad de la educación que es lo que se dice tener como objetivo.

Los profesores tenemos mucho que decir y aportar a este debate, que no sólo debe quedar entre nosotros. Es el momento de trabajar con los apoderados y los estudiantes, de hablar claro para que se evidencie que nuestro objetivo superior es cautelar el derecho a una educación en igualdad de condiciones para todos, es decir, aspiramos a una educación democrática de verdad.

Alguna vez escuché o leí una cita de Pedro Aguirre Cerda, quien a su vez citaba a alguien afirmando que “la democracia se funda en el banco de la escuela”. Creo en esa concepción, de una sociedad donde todos nos sentamos a los mismos bancos, y no esta sociedad segmentada, estratificada según factor socioeconómico, verdaderos ghetos donde niños ricos no conocen a los pobres y los pobres conocen a los ricos por la TV.

Le pongo nota insuficiente al Proyecto de ley general de educación.

Por Olimpia Riveros Ravelo. Dirigente Nacional del Colegio de Profesores. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 24 de abril 2007
Crónica Digital
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