El defensor humanitario reveló a Crónica Digital, que el miércoles pasado a eso de las 16:30 horas, cuando cientos de estudiantes manifestaban en las cercanías de la Casa Central de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), en Valparaíso, Carabineros de Fuerzas Especiales irrumpió violentamente en este recinto universitario.
Recordó que ante la inusitada invasión, y en ausencia del Rector de la casa de estudios, Patricio Sanhueza Vivanco, la prorrectora, Carmen Ibáñez Castillo, intentó impedir el ingreso de las fuerzas policiales, pero esta no respeto su investidura académica ni su condición de mujer; fue empujada violentamente por los funcionarios policiales, para seguir destrozando instalaciones y golpeando a los estudiantes, manifestó Aramburu.
Comentó que carabineros, luego de destruir la puerta de la oficina de la Federación de estudiantes de la UPLA, tuvieron especial cuidado en detener a los dirigentes que allí se encontraban. Debemos suponer que esta incursión es parte de la ilegal estrategia impulsada por el Ministerio del Interior, de «detenciones preventivas», en el marco del próximo 21 de mayo.
Sostuvo que el resultado de esta acción policial, 41 estudiantes fueron detenidos, los jóvenes fueron trasladados a la 1ª Comisaría de Playa Ancha. Nueve alumnos fueron acusados de porte ilegal de armas (molotov), dos serán pasados a Fiscalía Militar, por maltrato de obra a Carabineros; 20 estudiantes fueron acusados de desordenes graves y los restantes por desordenes simples.
Contraviniendo toda norma legal, Carabineros acordonó el perímetro de la Comisaría, e impidió a familiares, amigos, compañeros de estudio y defensores de Derechos Humanos, preguntar siquiera por la situación de los detenidos; derecho que se respetaba incluso en Dictadura, señaló el Secretario Ejecutivo de la Comisión Ética contra la Tortura.
Un caso particularmente grave, señaló, es del joven Daniel Vargas, estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María, que volvía a su casa en el sector y fue detenido.
Cuando intentaba explicarle a los funcionarios que él era de otra universidad y que no tenía nada que ver con la manifestación, fue brutalmente golpeado, causándole heridas de diversa consideración; extrañamente, aparece acusado de porte de armas, denunció el dirigente humanitario.
Se interpuso Recurso de Amparo ante el Tribunal de Garantía, con la esperanza que la juez de turno, al ver su estado y escuchar su versión, decretara su inmediata libertad. Pero la magistrado Verónica Toledo, en una actitud complaciente, se limitó a consultar a carabineros. No acogió el Recurso y por lo tanto no cumplió con su obligación de proteger a los ciudadanos, de la arbitrariedad policial, denunció Aramburu.
El dirigente comentó que los chilenos tenemos muy claro lo que pasa, cuando la judicatura hace «la vista gorda» frente a los abusos de poder de los uniformados. Las y los detenidos desaparecidos, los «degollados», solo por nombrar algunos, se hubieran evitado, si los jueces hubieran cumplido anteriormente con su deber.
Lo hemos dicho antes y lo reiteramos hoy: «la culpa no la tiene el chancho, sino los que le dan afrecho». Si las autoridades políticas no ejercen sus atribuciones y «dejan hacer» a funcionarios menores; si jueces y fiscales, tienen una actitud complaciente con los abusos de poder y la arbitrariedad policial; se produce una crisis de confianza en la ciudadanía, particularmente en los jóvenes, que alimenta la espiral de violencia y confrontación, finalizó.
En tanto, nueve estudiantes de la Universidad de Playa Ancha fueron formalizados por el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, informaron fuentes judiciales.
Los alumnos- 5 hombres y 4 mujeres- fueron acusados de porte y tenencia de artefacto incendiario.
Los universitarios fueron detenidos por las fuerzas policiales, luego de haber participado frente a la casa central de la Universidad de Playa Ancha, en un acto de protesta por la muerte de un obrero forestal a manos de carabineros en la zona sur.
El Fiscal Rodrigo Pizarro señaló ayer a la prensa que los universitarios, que tienen entre 18 y 25 años, «deberán firmar todos los días sábados en el Ministerio Público, tendrán arraigo nacional y prohibición de participar en actos públicos durante los tres meses que dure la investigación».
Otros dos jóvenes fueron formalizados en la Justicia Militar, acusados de maltrato de obra a Carabineros, quedando en libertad hasta que sean convocados por ese tribunal.
Por su parte, la justicia informó que otros 19 alumnos que habían sido acusado de desordenes en la vía publica, fueron dejados en libertad y se les suspendió el procedimiento.
Santiago de Chile, 11 de mayo 2007
Crónica Digital , 0, 92, 3
