Navarro recordó que a comienzos de abril pasado le entregó al entonces recién asumido ministro René Cortázar un proyecto de ley sobre esta materia, que fue ingresado a trámite legislativo el pasado 28 de marzo, sin que hasta el día de hoy tengamos alguna respuesta.
El parlamentario formuló estas declaraciones en el marco del alegato que se efectuó hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago por un recurso de protección presentado por el parlamentario en marzo pasado, junto a la Asociación de Víctimas de Accidentes del Tránsito (AVAT) en contra del Metro y del Administrador Financiero del Transantiago, buscando obligar por la vía de la resolución judicial al Metro y al Transantiago a tomar medidas de protección de la vida y la integridad física de los ciudadanos que utilizan el sistema público de transporte.
El parlamentario dijo que el Metro se ha vuelto inseguro, aumentando el riesgo de ocurrencia de accidentes. Se requiere el seguro. Nosotros creemos que debiera formar parte del proceso de normalización del Transantiago en lo inmediato. La gente ha asumido riesgos y eso no se ha securitizado por parte del Estado. Se le ha pedido a la gente que asuma riesgos sin garantizar ningún tipo de apoyo en caso de accidente o de muerte, como lamentablemente ya ha ocurrido.
Ni el Transantiago ni los parches al sistema están poniendo al ciudadano en primer lugar. Por eso, cuando todavía no conocemos el detalle del destino final que tendrán los recursos adicionales que el ministro Cortázar está pidiendo para el Transantiago, nos parece relevante y necesario insistir en contar con el seguro, porque al final el Metro no puede convertirse en una trampa mortal. Por eso, le vamos a pedir a la Corte que se instruya la adopción de medidas adicionales y, en relación al seguro, plantearemos que los administradores también aporten recursos para su financiamiento, enfatizó.
Respecto del recurso alegado hoy el legislador indicó esperamos que con él, el Metro corrija sus errores de gestión y de operación. Creemos que los ministros de la Corte de Apelaciones acogerá nuestro petitorio y ordenará al Metro mejorar su gestión. Con esto no hemos tenido la intención de judicializar el tema. Creemos que la solución político-técnica es viable, pero en el corto plazo deben actuar los tribunales. Los ciudadanos reclaman su dignidad. Los últimos sucesos ocurridos en el Metro dan cuenta de ello.
«Lo que no queremos -agregó- es que al final por una falta de eficiencia en mejorar las condiciones del transporte público, incluido el Metro, y la falta de seguridad asociada de los usuarios tengamos que, además enfrentar un conflicto social y tengamos a las fuerzas especiales de Carabineros de punto fijo en los accesos al Metro. Al Metro lo colapsaron operativamente, y no queremos que ahora colapse financieramente. Los dineros que se planean entregar a los bancos que integran el AFT, debieran invertirse en mejoras de gestión. Desfinanciando el Metro se hará más difícil evitar desmayos, accidentes y muertes de los usuarios.
El parlamentario recordó que el proyecto de ley sobre el seguro contempla aumentar la cobertura de 300 a 600 UF, pues el monto actual sólo financia los accidentes menos graves, obligando a que los beneficiados demanden en tribunales el resto de los daños; aumentar a 60 días (de 30 actuales) para notificar a la aseguradora sobre el siniestro, pues esto deja muchos seguros impagos; aumento de uno a dos años el plazo para atenderse por los daños provocados, pues muchas de las secuelas exceden el primer lapso.
Paralelamente -añadió- buscamos clarificar la ambigüedad de la ley sobre las prestaciones médicas, que son pagadas por algunas aseguradoras un año después del gasto realizado por el accidentado y no dentro del año luego del siniestro. Otro tema a revisar es la interpretación que algunas aseguradoras hacen de la incapacidad total, sobre si deben pagarse los gastos médicos o la asignación compensatoria de 200 UF, pero no ambas, lo que viola el espíritu de la ley. Por eso solicitaremos el fortalecimiento de la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, pues para mejor información de la gente, se debería confeccionar -como se hace con las isapres- un ranking de cumplimiento de la ley.
El legislador indicó que el proyecto contempla que el seguro sea obligatorio para todos los vehículos troncales o alimentadores, del Transantiago y cubra también a los propietarios de los vehículos no asegurados. El seguro garantizará indemnizaciones de 600 UF en caso de muerte; igual cantidad en caso de incapacidad permanente total; 400 UF en caso de incapacidad permanente parcial, y hasta 600 UF por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica, dental, prótesis, implantes, farmacéutica y cualquiera otra que se requiera para su rehabilitación.
Finalmente, agregó que en el caso que ya se hubiera pagado el seguro por una incapacidad permanente, y la víctima o asegurado falleciera posteriormente a consecuencia del mismo accidente, el asegurador liquidará la indemnización por muerte, sin deducir del monto ya pagado por la incapacidad permanente total o parcial. Tampoco se deducirán de la indemnización en caso de incapacidad total las sumas pagadas por el asegurador por concepto de gastos de hospitalización o de atención médica, quirúrgica o farmacéutica. En caso de incapacidad permanente parcial, no se podrán deducir esos gastos aunque su monto sumado a la indemnización que corresponda percibir por esa incapacidad, exceda de la suma asegurada.
Santiago de Chile, 15 de mayo 2007
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