Intención que ratificó el Mandatario frente a todo el país el 12 de agosto de 2003, cuando detalló su propuesta para resolver los problemas pendientes de Derechos Humanos.
El Ejecutivo envió al Congreso el Mensaje para permitir la ratificación, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados en un acto objetado por parlamentarios de la oposición que recurrieron al Tribunal Constitucional, fallándose que para ratificar, era necesaria una reforma constitucional por tratarse del reconocimiento a un Tribunal.
Lagos acató lo fallado y envió el proyecto de reforma al Senado, donde se logró su aprobación en primer trámite ante la Comisión respectiva el 4 de octubre de 2005, por unanimidad.
Pensamos que en los trámites siguientes ante el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso Pleno, el camino sería expedito a juzgar por la unanimidad obtenida, pero cada vez que se ha insistido, se ha planteado todo tipo de obstáculos y los detractores de la ratificación han impuesto su criterio minoritario, negando los dos o tres votos que impiden el quórum calificado de 3/5 requerido para integrar a Chile al primer tribunal con carácter de permanente, establecido con el propósito de sancionar la barbarie e impedir la impunidad.
Nuestro país, que privilegia las relaciones con los vecinos y la integración al mundo moderno, es el único de América del Sur que no está entre los 102 Estados Parte del Tribunal Penal Internacional que funciona en La Haya desde el 1º de julio de 2002.
Siempre el resultado ha sido el mismo: la Alianza estima prudente postergar la votación y sacarla de tabla mañana. ( .), disponiendo informes y trámites que han impedido un pronunciamiento definitivo, no obstante que la integración de Chile a la CPI sigue siendo materia que cuenta con el apoyo decidido del Poder Ejecutivo en términos que al referirse a temas de Derechos Humanos, la Presidenta Bachelet en su Mensaje ante el Congreso Pleno del 21 de mayo fue clara al manifestar que insistiremos en la ratificación de la Convención de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Pero ha quedado demostrado que no basta con la intención ni con la declaración de nuestra máxima autoridad. La oposición se ha negado sistemáticamente a alinear a Chile junto a las naciones libres y respetuosas de los Derechos Humanos, dejándonos junto a los violadores internacionales, a los invasores, a los que mantienen prisiones clandestinas en todos los continentes, bombardean, destruyen, secuestran, torturan y desaparecen a civiles o crean muros infames, a los que solo se inspiran en sus ansias de dominación, pretendiendo con cualquier pretexto, imponer su verdad al mundo, en nombre de una democracia y de una justicia en las que no creen y que no practican.
Por Leonardo Aravena Arredondo
Profesor de Derecho, Universidad Central
Coordinador de Justicia Internacional y CPI, Amnistia Internacional-Chile
Santiago de Chile, 23 de mayo 2007
Crónica Digital , 0, 88, 3
