GOBIERNO ARGENTINO NO CUMPLE COMPROMISOS CON MADRES DE PLAZA DE MAYO

Mediante un comunicado firmado por su presidenta, Hebe de Bonafini, la Asociación expresa su preocupación por las posibles consecuencias para miles de familias de los acuerdos para una llamada transición prolija con las nuevas autoridades vencedoras en los comicios del 24.

Se trata del anuncio del recién elegido jefe de gobierno capitalino, el acaudalado empresario Mauricio Macri, sobre la decisión del actual titular, Jorge Telerman, de dejar balanceado el presupuesto de la ciudad, con un deficit actual de casi mil millones de pesos.

El documento opina que esa transición negociada puede significar la cancelación de gastos sociales y proyectos en marcha, lo cual pone en peligro sueños y esperanzas de miles de porteños.

Al respecto, reconoce el trabajo realizado y los convenios firmados por la administración Telerman, que califica de compromiso ético, moral y social para con las familias que cambiaron subsidios y limosnas por trabajo digno y el sueño de construir sus propias casas.

Recuerda que como resultado de ello la organización puso en marcha el programa de construcción de más de mil 500 casas, una fábrica de viviendas sociales, talleres, escuelas, jardines de la infancia, limpieza y mantenimiento de las villas (conglomerados degradados).

También enumera la apertura de calles y la impartición de cursos de capacitación en oficios para que los mismos habitantes de barrios pobres asumieran la construcción de los edificios.

Todo ello fue posible, resalta, por la colaboración del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales del gobierno capitalino y la Corporación Buenos Aires Sur.

Ante la preocupación de Madres de la Plaza de Mayo y el temor de la población, se decidió ocupar la sede y exigirle a Telerman la ratificación de todos los proyectos en curso y los compromisos con organizaciones barriales y cooperativas de autoconstrucción.

«Mantenemos nuestra confianza en el proyecto del gobierno del Presidente (Néstor) Kirchner y creemos que no se puede retroceder en el camino emprendido con tanto esfuerzo», finaliza el comunicado.

Buenos Aires, 27 de junio 2007
Crónica Digital/PL
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Jue Jun 28 , 2007
En los años de Dictadura corría el mito urbano que el ex general Manuel Contreras había sacado de Chile, por el extremo sur del país y en barco, decenas de baúles con información secreta que daba cuenta de todo lo realizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante toda su existencia como el principal organismo represivo encabezado por el general Augusto Pinochet. El mito se fundamentaba que la decisión del ex general Contreras era resguardarse de las posibles venganzas en su contra tras la disolución de la DINA y la creación de la CNI a cargo del general Odlanier Mena quien, en esos años tenía una abierta disputa de poder con el siniestro hombre fuerte de los aparatos de seguridad del régimen. Los archivos de la DINA, según el mismo mito, contenían no solo la información respecto de las formas de operar de la siniestra maquinaria represiva sino que también la participación de destacados personajes del régimen pinochetistas, de los organismos de inteligencia que ayudaron a la Junta Militar para dar el Golpe en contra del Presidente Salvador Allende, como la CIA y los grupos fascistas y nacionalistas que aportaron no solo con recursos económicos sino con “personal especializado” para aplicar la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad en contra de los chilenos opositores. La duda quedó en el imaginario colectivo de los partidos políticos, de los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la Iglesia. Hasta ahora este mito comienza a conformarse en una desbordante realidad. La aparición del documento que establece el seguimiento previo al asesinato del ex comandante en Jefe del ejército, general Carlos Prats y su esposa en el barrio de Palermo en Argentina es una muestra que los archivos existen o, a lo menos, que no todos los documentos fueron eliminados por los militares y agentes de seguridad. Es esta la duda que hoy plantea el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jaime Naranjo al solicitar que el Ejército hoy no existe justificación política, técnica o administrativa para que la institución castrense continué manteniendo, en su poder, los archivos que pertenecieron a la DINA y a la CNI. Para ello, Naranjo ya anunció que presentará un proyecto de ley que obligue a los militares a traspasar al Ministerio del Interior toda la documentación que exista de los organismos de inteligencia. No hay que olvidar que el documento presentado por el brigadier en retiro Pedro Espinoza data del año 1974 y habría estado oculto por 30 años en las bodegas del edificio de las Fuerzas Armadas. En este sentido, la Ley 18.943 que trasfiere toda la documentación e infraestructura de ambas organizaciones represivas al Ejército buscó, precisamente, ocultar el actuar y los crímenes de la DINA y posteriormente la CNI y, entregó toda esta información de inteligencia y represión a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), órgano que en democracia siguió desarrollando políticas de espionaje en contra de los partidos oficialistas y de oposición a Pinochet. […]

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