AFIRMAN QUE EX “JUEZ EXPRESS” DEBIÓ SER EXPULSADO DEL PODER JUDICIAL

Guzmán hizo estas declaraciones en México, en el marco del seminario internacional sobre la gestión pública y la lucha contra la corrupción, organizado por la Secretaría de la Función Pública de ese país. En su intervención, el ex juez tomó como ejemplo de corrupción al interior del Poder Judicial chileno el caso del llamado ex “juez express”, oportunidad en la que sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de ordenar el traslado del jurista a los tribunales de familia de Antofagasta, “es poco ejemplarizadora en relación a una forma caricaturesca de prevaricación. Resulta sorprendente con respecto a una Corte Suprema que ha sido muy drástica al sancionar a los jueces honestos que han contribuido a la lucha por los derechos humanos”, dijo.

El actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central indicó que “el ex juez express pretendió justificar haber actuado de ese modo argumentando que pensaba así evitar su desgaste emocional como también la sobre-exposición de una tramitación dilatada de este divorcio. Es evidente que además de transgredir la ley, actuó por debajo de todos los cánones éticos”.

Guzmán sostuvo que “es fundamental que las personas que ingresen al sistema judicial, sean profesionales intachables. No sólo en su trabajo sino también en su vida privada. Que den ejemplo de integridad, puesto que necesariamente deben constituirse en ciudadanos dignos. Con este objeto, la selección de los integrantes del poder judicial debe pasar por estrictos exámenes de conocimientos, competencias, valores y equilibrio psíquico, porque estará en sus manos el destino de sus pueblos”.

En cuanto a la necesaria ética en el sistema público, indicó que para erradicar la corrupción en un país, se requiere de la creación de la carrera administrativa, sujeta a las exigencias máximas. “En Chile resulta fundamental que se cree la carrera administrativa que capacite por concurso a los funcionarios más idóneos y permita su desarrollo y determine los requisitos para sus ascensos”.

El ex juez Juan Guzmán agregó que también es indispensable poner al día el estatuto administrativo, hoy prácticamente obsoleto, para hacer efectiva sus responsabilidades. “Para esto se requiere, que se diseñen y ejecuten planes para mejorar los procedimientos, su infraestructura y la permanente capacitación de los jueces y de los funcionarios administrativos”.

En el seminario internacional sobre la ética en la gestión pública y la lucha contra la corrupción en el que hizo estas declaraciones Guzmán, también participaron el Magistrado y Juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón; el juez y Consejero Jurídico en la Misión Permanente de Francia en Naciones Unidas, Armand Riberolles y el secretario de la Función Pública de México, Germán Martínez.

Santiago de Chile, 5 de julio 2007
Crónica Digital , 0, 43, 20

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Rodrigo Riveros, laboraba como “Maestro Primera Cañería”, en la construcción de una planta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, a cargo de la Compañía Finlandesa Botnia, de la cual la empresa Tecsa Montajes S.A., participa en la calidad de contratista. El accidente que le costó la vida al obrero chileno, ocurrió mientras se encontraba soldando estructuras metálicas, momento en el cual recibió un fatal golpe en su cabeza, proveniente de una plataforma que era montada a unos 20 metros de altura, cuando cayó una de sus vigas de hierro de más de 10 kilos, provocándole la muerte por “lesión encefálica aguda-estallido de cráneo y fractura de base cráneo”. Para el diputado Rodrigo González, quien acompañó a la familia, señaló que el accidente que le costó la vida a Rodrigo Riveros, se debió por no contar con los implementos mínimos de seguridad. “No contaba con un casco de seguridad que lo protegiera de golpes, y solo desarrollaba dicha labor, con lo que se conoce como “careta”, explicó el parlamentario. A lo anterior, González agregó que el lugar y el trabajo desarrollado por los trabajadores, se venía desarrollando en un ambiente desprovisto de normas mínimas de seguridad, con falta de fiscalización y de una organización laboral adecuada, razón por la cual ya se habían registrado anteriores accidentes, con resultados graves en sus trabajadores. “El propio Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Uruguay aplicó multas a la empresa, en el mes de febrero de 2007, luego que se determinara que había una “mala organización en la forma en que se desarrollaban los trabajos, lo que aumentaba los riesgos de accidentes”, producto de lo anterior, el Sindicato Único Nacional de Construcción y Afines, (SUNCA) paralizó las obras, exigiendo mayor seguridad y protección para los trabajadores”, aclaró González. “Cabe señalar que en materia de seguridad laboral, se obliga a las empresas, a eliminar cualquier factor de riesgo para la vida de los trabajadores, y en este caso resulta evidente que nadie en la empresa Tecsa Montajes S.A., tomó las medidas necesarias para evitar el accidente”, manifestó uno de los familiares de Riveros. La suma de estos antecedentes llevaron a los familiares del trabajador a interponer una demanda de indemnización de perjuicios, por responsabilidad civil extracontractual, en contra de la empresa chilena Tecsa Montajes S.A por la suma de $1.330 millones de pesos. “Lo principal que queremos con esta demanda es Justicia, mi hermano ya no va estar más con nosotros, no podrá ver crecer a su hijo. No es un tema de dinero. La empresa jamás se acercó a darnos una explicación, ni los detalles que rodearon la muerte de mi hermano, declaró finalmente Ingrid Riveros. Valparaíso, 5 de julio 2007 Crónica Digital , 0, 48, 18

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