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DIPUTADOS PRESENTARAN PROYECTO PARA RE-NACIONALIZAR EL COBRE CHILENO

Crónica Digital 12 julio, 2007

La iniciativa que surge en el aniversario 36 de la nacionalización del cobre impulsada por el entonces Presidente de la República, Salvador Allende Gosenn, pide asimismo a la mandataria que el gobierno central aumente a partir del 2008 los presupuestos que destina a todas las regiones del país, particularmente a aquellas mas necesitadas y a aquellas que generan los recursos fruto de la explotación minera.

Los parlamentarios recordaron que este día fue establecido por el entonces jefe de estado como el de la dignidad nacional y solidaridad y que estas palabras cobran vigencia tras 36 años de aprobada dicha reforma, porque ha partir de 1973, -indicaron- comenzó un proceso de destrucción de la nacionalización del cobre, reafirmado a través de datos que señalan que en 1971 Codelco representaba el 100 por ciento de la producción de la gran minería del cobre y en la actualidad alcanza a sólo 32 por ciento, informó el diario digital Gran Calama.

Marcos Espinosa y Alejandro Sule indicaron que la decisión de renacionalizar el cobre tiene como finalidad recordar y devolver a las regiones los aportes que hacen al país, considerando las consecuencias que trae para las personas, la extracción del metal rojo, como la polución o población flotante, entre otras, pero no ven las inversiones en sus ciudades.

Para el diputado por el tercer distrito, Marcos Espinosa el proyecto impulsa la idea de establecer un verdadero royalty a la minería en desmedro del actual impuesto específico el que acotó, no trae verdaderos beneficios al país producto de la extracción o explotación de sus recursos no renovables. Del mismo modo indicó que las futuras explotaciones mineras en proyectos de reposición de Codelco, deben ser desarrollados por la propia estatal y no por empresas extranjeras como ocurre en la actualidad, apuntó el medio de norte chileno.

Nacionalización

El 11 de Julio de 1971 el Congreso pleno, aprobó la modificación del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Chile, referente al Derecho de Propiedad, y se agregó una disposición transitoria que establece que «por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionaliza y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas extranjeras, que constituyen la gran minería del cobre, incluyéndose para estos efectos la Compañía Minera Andina.

Santiago de Chile, 12 de julio 2007
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BACHELET PROMULGA LEY QUE REPARA A VICTIMAS DE LA DICTADURA DE PINOCHET

Jue Jul 12 , 2007

Con esta ley avanzamos aún más en la reparación necesaria a miles de víctimas de los derechos humanos y garantizamos, valga la redundancia, sus derechos pero a la vez sus oportunidades, afirmó. Acompañada por los ministros del Interior, Belisario Velasco, y de Justicia, Carlos Maldonado, la Mandataria recordó que hace tres años, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como «Comisión Valech», entregó al país «un legado de testimonio y verdad histórica acerca de los abusos cometidos contra miles de chilenos durante la dictadura militar». Explicó que este grupo de trabajo, junto al que desarrolló el Informe Rettig, logró establecer una verdad histórica, necesaria, acerca de los hechos que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Añadió, en este sentido, que lo ocurrido en esos años es hoy reconocido por la sociedad chilena y que ha sido sobre la base de aquella verdad que se han construido caminos de reencuentro entre los chilenos y chilenas. «Porque sabemos lo que ocurrió, porque tenemos memoria, porque hemos aprendido del dolor y porque amamos la vida, por todo esto hemos decidido sustentar nuestra democracia en una verdad que queremos mirar de frente y con valor», aseguró. La Jefa de Estado sostuvo que «la virtud de la verdad va muchos más allá aún. Los informes Rettig y Valech nos han permitido reconstruir una identidad nacional, basada en la convicción moral de rechazar en todo tiempo y lugar las violaciones de los derechos humanos, el compromiso solemne de las instituciones y de cada chileno para nunca más permitir tales atrocidades. La defensa de la democracia, como el sistema que mejor garantiza los derechos humanos y el compromiso a reparar los graves daños provocados a las víctimas, procurando su reinserción plena a la vida nacional». Explicó que en ese camino de reencuentro, se promulgó la Ley 19.962, que acogió una de las recomendaciones de la Comisión Valech en orden a borrar las anotaciones prontuariales de las personas reconocidas como prisioneros políticos y torturados. No obstante lo anterior, manifestó que esta ley sólo tuvo un efecto parcial, ya que consideró solamente las penas impuestas por los Tribunales Militares, que son centralmente aquellas de los primeros años de la dictadura, periodo en el cual los Tribunales Militares alcanzaron a conocer y fallar. En este contexto, la Mandataria hizo hincapié en que la mayoría de los casos se iniciaron en tribunales militares, pero luego pasaron a tribunales ordinarios, ya sea porque los abogados de Derechos Humanos ganaron las contiendas de competencia que entablaron para sustraer de dichos tribunales a sus defendidos, o bien porque las mismas fiscalías militares se declararon incompetentes, y por tanto, quedaron fuera del marco de aplicación de esta ley. En este sentido, manifestó que «el espíritu de la ley que estamos promulgando hoy es corregir esta omisión y, de esta manera, extender el beneficio a todos aquellas personas que fueron condenadas por tribunales ordinarios de justicia». La Mandataria relevó la labor de los diputados patrocinantes de esta ley, así como […]