VIOLENCIA INVISIBLE Y VIOLENCIA SUPERVISIBLE.

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“Hemos decidido enviar una nota a través de nuestro embajador en Canadá a la Cancillería canadiense, para hacerles ver el malestar que hay en Chile respecto de lo que ocurrió, el exceso de violencia y pedir formalmente una explicación -ojala detallada- de por qué ocurrió esto”. Palabras decididas de nuestro canciller Alejandro Foxley. Es que tratándose de la rojita maravillosa no cabía hacer menos. Había que actuar rápido, de modo contundente, fuerte y claro.

A esa hora ya había reaccionado el diputado UDI Darío Paya, condenando la supuesta tardanza del consulado chileno en Canadá. “Han pasado horas y aún no reaccionan a los daños sufridos por los jugadores de nuestra delegación, ¿Dónde está nuestro Cónsul?”.

Se trataba, en las palabras de la presidenta Bachelet, de violencia policial “grave e injustificada” que debía ser tratada como “cuestión de Estado”.

Por su parte el presidente de RN Carlos Larraín salía al ruedo para afirmar: “La reacción de la policía canadiense fue excesiva y los chicos de la selección fueron maltratados sin ninguna necesidad”.”Voy a presentar un proyecto de acuerdo a la Cámara de Diputados para exigir que nosotros hagamos todas las gestiones para que den de baja a estos policías canadienses”, clamaba el presidente de la Cámara de diputados, Patricio Walker.

Mientras tanto el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Jorge Tarud se dejaba caer personalmente en la embajada canadiense para pedir explicaciones.

Esa mañana ni El Mercurio ni La Tercera dudaron en enfocar la responsabilidad en la policía canadiense. En la televisión tronaban los comentaristas para condenar la “represión policial”.

Por un momento, el discurso mediático parecía indicar que el incidente se convertiría en un casus belli que desataría reacciones pasionales masivas en contra de todo lo que oliera a Canadiense.

No faltaron los que llamaron a terminar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá o, incluso, los que ligaron el incidente al polémico proyecto minero de Pascua Lama que, justamente, pertenece a inversionistas de ese país.

No es posible negar la gravedad de los acontecimientos del jueves 20 de julio. Pero algo parece que no cuadra en medio de tanta preocupación política y comunicacional.

No es ni la primera ni la última vez que un grupo de jóvenes chilenos sufre la violencia y la brutalidad policial. Al contrario, desde hace décadas la policía y la juventud no han convivido de modo amigable en nuestro país.

En algunas ocasiones, es justo reconocerlo, las agresiones han corrido por cuenta de los jóvenes. Pero en una gran mayoría de los casos se ha tratado de violencia policial, que en ocasiones ha llevado a la muerte a más de alguien. Y para cualquier testigo de estos sucesos, los métodos canadienses parecerían juegos de niños.

Basta recordar al obrero forestal Rodrigo Cisternas, acribillado en mayo de 2007. Pero también otros casos: Alex Lemún, de diecisiete años, muerto en noviembre de 2002, o a Zenén Díaz Necul, de la misma edad, fallecido en mayo de 2005.

Es cierto que la violencia policial ejercida contra la selección chilena despierta mucha rabia. Pero más rabia genera la invisibilidad de la violencia cotidiana que en nuestro propio país sufren los jóvenes. En especial cuando se compara esta invisibilidad a la “supervisibilidad” y “superatención” que despiertan casos como los de la selección.

¿Acaso la TV o los diarios de circulación nacional se dignaron a informar con la misma diligencia y dieron la misma cobertura al informe 2007 de Amnistía Internacional? En todos los casos denunciados este año aparece la violencia y el abuso policial: el maltrato a los mapuches, el exceso del empleo de la fuerza policial contra los manifestantes en las protestas estudiantiles y las “muy duras” condiciones en las cárceles en Chile.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación ha creado las condiciones para que la desigualdad ante la ley se exprese ahora en las pantallas y en los periódicos de una manera brutal.

Cuando conviene, vende o marca rating, absoluta condena de la violencia policial. Cuando no, la violencia policial no existe, o es consecuencia de los mismos jóvenes.

Ante el embrujo de este poder bailan los políticos, extasiados por un minuto de cámara, dejándose rayar la cancha por la agenda liberticida y violatoria de los derechos humanos que desarrollan los medios.

Al tratase de violencia policial contra jóvenes manifestantes siempre hay espacio para disculpar a Carabineros.

En esos casos la fuerza de la prueba recae en las víctimas, sometidas a todo tipo de sospechas y criminalizadas por el mero hecho de expresar sus demandas.

Cuando se han presentado en nuestro país casos de violencia policial no recordamos la misma celeridad de los parlamentarios para exigir rápidas y contundentes explicaciones a Carabineros.

Ni en sueños se podría esperar al diputado Walter exigiendo la baja de los policías involucrados, sin mediar incluso la investigación pertinente.

No nos podemos imaginar al diputado Tarud concurriendo a las comisarías para exigir explicaciones y menos al Diputado Paya reclamando mayor rapidez al Gobierno para reaccionar ante este tipo de atropellos.

La única iniciativa que se recuerda de parte de estos personajes es movilizarse raudos para aprobar la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, que condena hasta en cinco años de cárcel a menores de 14 y 15 años, y hasta en 10 años a adolescentes de entre 16 y 18.

Obviamente, en ese caso su celo y dedicación fue aplaudido por los mismos que hoy, henchidos en chauvinismo futbolero, claman las penas del infierno para los que osaron poner un dedo sobre los héroes de Toronto.

Por Alvaro Ramis, el autor es teólogo y miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 23 de julio 2007
Crónica Digital
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