VIERA GALLO: “LA LEY PENAL NO ES LA PRIMERA RAZÓN, ES LA ÚLTIMA”

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Según el secretario de Estado, es necesario pensar, desde el progresismo, los desafíos en esta materia, enfatizando en el inicio del ciclo delictivo.

Dentro de las preocupaciones ciudadanas de América Latina, la seguridad y la delincuencia están entre los primeros lugares. La realidad impacta a todos los países de la región, y tiene una enorme incidencia en términos sociales y económicos; las cárceles son insuficientes, el hacinamiento es un problema de Estado y el costo de mantener a 40 mil reclusos es enorme. En Chile, uno de los países con mayor índice de personas cumpliendo condena, se gastan aproximadamente 365 millones de dólares al año en el sistema carcelario.

Todas estas razones impulsan a reflexionar en conjunto acerca de políticas de prevención del delito y de seguridad ciudadana. El seminario internacional, que se extenderá durante toda la jornada en el hotel Diego de Velásquez (Guardia Vieja 150, Providencia), tendrá como invitados a expertos en seguridad y políticas públicas de Uruguay, Argentina, Brasil y Costa Rica. También participan del encuentro la ministra del Interior de Uruguay, Daisy Tourné y el director de la Escuela Latinoamericana de Seguridad y Democracia.

La seguridad desde el progresismo

Entre los concurrentes, hubo consenso en que, históricamente, el tema de la seguridad ciudadana ha sido enfocado con rigor por los sectores conservadores, quienes han puesto más énfasis en el castigo que en la prevención o la rehabilitación. El aporte del progresismo, en este sentido, debe ser combinar los principios humanistas y de defensa de las libertades individuales con una política de prevención y de procedimientos orientados a la erradicación de los delitos. Al respecto, dijo Santiago Escobar, director del Instituto Igualdad, expresó que en el ámbito de la seguridad, los procedimientos rutinarios de prevención y control deben ser lo suficientemente permeables y flexibles como para permitir un constante aprendizaje en la materia, en concordancia con los cambios en la sociedad, que evite la calcificación de modos operativos.

En este sentido, Viera-Gallo planteó la necesidad de que una institución se haga cargo, de manera estructural, de estos temas específicos, puesto que la seguridad es también una premisa de la libertad. Expresó, además, la necesidad de que se instituyan mecanismos más claros de vínculos entre las autoridades –intendentes, en particular- y la policía, de modo que se delimiten claramente las prioridades y el marco de intervención de la fuerza pública.

La ministra del interior uruguaya, Daisy Tourné, en tanto, defendió la opción progresista de no caer en la mano dura a ultranza, ni caer necesariamente en la explicación de la delincuencia por factores económico-sociales sin intervenir en la materia. En su opinión, parte fundamental de una política de seguridad pasa por la fluidez de los canales informativos entre autoridades, fuerza pública y sociedad, los que tienen gran incidencia en la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones.

Santiago de Chile, 24 de julio 2007
Crónica Digital , 0, 24, 20

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